VALÈNCIA. La declaración de Mónica Oltra ante el juez el pasado lunes ha tenido consecuencias directas sobre otros dos cargos de Compromís. Su exjefe de Gabinete, Miquel Real –en este momento asesor en el equipo de la actual vicepresidenta de la Generalitat, Aitana Mas–, y el secretario autonómico de Hacienda, Francesc Gamero, han sido citados a declarar como investigados. La decisión ha causado cierta sorpresa en el seno del Consell en lo relativo a Gamero –no tanto a Real–, pero en Compromís y PSPV la reacción ha sido la de normalidad. Una manera de asumir el desgaste que produce el caso.
Lejos del incendio que provocó la imputación de Oltra, quien acabó dimitiendo el pasado junio con una presión que creció por todos los flancos, el Gobierno valenciano reacciona con cierta calma ante las nuevas investigaciones –aunque el asunto genere inquietud–. Fuentes del Ejecutivo aseguran que no va a afectar "en nada". Mientras, en Compromís rechazan cualquier tipo de medida contra ellos. Tampoco se han tomado contra ninguno de los otros 13 cargos imputados de la Conselleria de Igualdad –entre ellas la directora general de Infancia y la subdirectora–, por lo que parece que se asume que no habrá ningún movimiento aunque el desarrollo de la causa pueda salpicar en múltiples direcciones.
La petición de nuevas diligencias por parte del juez era previsible. La comparecencia de Oltra por, supuestamente, haber obstaculizado la investigación sobre los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada, con sospechas de ocultación y encubrimiento, resultaba de absoluta relevancia para la causa que se lleva en el juzgado de Instrucción número 15 de Valencia.
En el interrogatorio expuso una cronología de hechos que es llamativa para el magistrado. Dos son las fechas clave. De un lado, el 4 de agosto de 2017. Según ha declarado Oltra en diversas ocasiones y volvió a reiterar ante el juez, aquel día la llamó su exmarido, Luis Ramírez Icardi, porque había recibido la citación en su casa por el procedimiento judicial sobre los abusos sexuales. Y ahí fue cuando, de acuerdo con la exvicepresidenta, se enteró de que existía una investigación en marcha sobre el asunto.
La otra jornada señalada es el 8 de agosto, momento en el que se inició el expediente de investigación en la Conselleria de Igualdad. Un dosier clave en la instrucción, cuestionado legalmente por haber sido paralelo al judicial y que incluyó los informes del Instituto Espill que otorgaron poca credibilidad a la víctima –de ahí que se hable de obstaculización de las indagaciones–.
Oltra ha mantenido contradicciones públicas sobre este documento. En una ocasión dijo que ella lo encargó, para después desdecirse. Versión, esta última, que es la que ha prevalecido en su comparecencia en el juzgado.
El magistrado señala en el último auto que la exvicepresidenta, en el ejercicio de su derecho constitucional de defensa, expuso el pasado lunes una versión de su participación en los hechos acaecidos entre los días 4 y 8 de agosto de 2017 que se aparta de la literalidad de lo manifestado en sede parlamentaria el 21 de abril de 2021 y ante los medios de comunicación en marzo del pasado año, cuando se citó como investigados a otros cargos de su Conselleria.
"Obviamente, la declaración en sede judicial de la señora Oltra, así como las declaraciones de todos los demás investigados, deberán ser valoradas en su momento procesal, una vez se concluya la fase de instrucción", explica el juez. Pero en el presente momento, añade, atendido a lo relatado por ella "y dado el brevísimo periodo de tiempo transcurrido" entre el 4 de agosto y el 8 de agosto de 2017 –cuando se interesa la apertura del expediente de Igualdad–, "resulta preciso proseguir las diligencias para tratar de esclarecer lo ocurrido".
Motivo por el que cita en calidad de imputados a Miquel Real y Francesc Gamero, sobre los cuales quiere determinar "su participación en los hechos" relacionados con el dosier.
Oltra mencionó a ambos en su declaración. En relación con el primero, explicó que lo llamó el 4 de agosto, cuando supo de la investigación abierta a su exmarido: "Lo primero que le digo es que recabe información acerca de si de esto en la Conselleria alguien sabe algo, porque yo me había enterado como Mónica Oltra y no como consellera. No podía pasar este asunto sin ponerlo en conocimiento de la Conselleria (...) Sé que en un momento dado mi jefe de Gabinete me dijo: céntrate únicamente en el niño que las actuaciones técnicas se están llevando a cabo y están en manos de quien tienen que estar", destacó.
Estas palabras se referían a que, según narró la exvicepresidenta del Consell, tenía una situación personal grave que afectaba a su hijo y por la que detalló que permaneció varias semanas atendiéndolo y desentendida de las actuaciones que se llevaron a cabo en su departamento sobre este asunto.
En cuanto a Gamero, Oltra señaló dos episodios relacionados con él. El primero, que cuando ella entró en la Conselleria en 2016, asumió un deber de abstención en las decisiones que afectaban al centro de menores en el que trabajada su exmarido. Así lo comunicó verbalmente y por escrito al ahora secretario autonómico de Hacienda debido a las posibles incompatibilidades que se pudieran generar. El segundo, que el 11 de agosto de 2017, después de que ella supiera que existía una investigación judicial sobre los abusos, se dictó una orden firmada por Gamero, entonces subsecretario de la Conselleria Igualdad, en la que se ordenaba la máxima colaboración con la Fiscalía. Esta última actuación es por la que el juez considera que ha de ser escuchado.
Tanto Real como Gamero han sido, a lo largo de estos años, personas de confianza de Oltra en el seno del Consell (especialmente el primero). El secretario autonómico de Hacienda es uno de los cargos fundamentales de Compromís en la elaboración de los Presupuestos de la Generalitat, en los cuales se trabaja de lleno en estos momentos.
No son pocos los miembros del Gobierno valenciano que esperan que, al menos, su declaración sea pronto –todavía no hay fijada fecha–, a su vez que rechazan que pueda interferir en la confección de las cuentas.
Lo que sí parece evidente es que la evolución de la causa que afecta a Oltra marque una parte del Debate de Política General que se celebra este martes en Les Corts y en el que Ximo Puig se dedicará a exponer sus anuncios.
Por su parte, PP y Ciudadanos reclaman al jefe del Consell que no "mire para otro lado" y tome medidas. "Son ya 15 los altos cargos imputados en el caso Oltra y Puig sigue escondido y sin asumir ninguna responsabilidad por la gestión de este caso que afecta al exmarido de la exvicepresidenta", denuncia en un comunicado la vicesecretaria de Política Social del PPCV, Elena Bastidas.
A su juicio, ni Puig (PSPV) ni la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Aitana Mas (Compromís), pueden mirar hacia otro lado porque "lo que se está juzgando es la gestión de la administración autonómica en este caso": "Es lamentable que todos sigan formando parte del Consell de Puig".