CASTELLÓ. La Generalitat Valenciana activa una de las reivindicaciones históricas de Peñíscola como es la adecuación de su principal acceso (CV-141) y la ejecución de una nueva conexión con la AP-7. Pero atiende esta demanda con una planificación muy a largo plazo, ya que en la licitación alarga a tres años el plazo para la realización de los trámites previos a las obras.
La Conselleria de Infraestructuras acaba de licitar la elaboración de los proyectos básicos de mejora de la CV-141 de Peñíscola y del enlace con la AP-7, así como el plan constructivo de la segunda actuación, con un presupuesto estimado de 340.000 euros. Esta intervención es demandada desde hace dos décadas para atender en condiciones el tráfico rodado, que se ha visto incrementado de forma considerable en los últimos años por el peso turístico de la localidad.
De hecho, la memoria de esta medida expone que el municipio ha experimentado un desarrollo urbanístico a ambos lados de la carretera "sin que ello haya llevado aparejado la necesaria regulación de los movimientos generados por la expansión urbana". De esta forma, el vial registra numerosos giros a la izquierda no regulados que, junto a la elevada velocidad en la zona, constituyen "un grave riesgo para la seguridad vial". Asimismo, agrega que la actual conexión de la CV-141 con la AP-7 obliga a realizar unos recorridos a través de la N-340 que incrementan el tiempo de entrada en Peñíscola.
En este sentido, la propuesta definirá las actuaciones necesarias para renovar el vial, enmarcándose en la CV-141 que da acceso al núcleo urbano de Peñíscola desde la N-340 y la AP-7, finalizando en la glorieta que une la localidad con Benicarló.
El Gobierno valenciano ya llevó a cabo en 2019 una remodelación de la CV141 entre las rotonda de la urbanización Estíbaliz y la del Assagador de la Creu y el camino Abellers. Ahora promueve una nueva obra de mayor envergadura, contemplando además el desarrollo de otra conexión con la AP7. Pero para Peñíscola deberá esperar un tiempo para que esta infraestructura sea una realidad por la larga tramitación que ha planificado la Conselleria de Infraestructuras.
Así, prevé un plazo del contrato de 36 meses que se divide en dos fases. La primera abarca 24 meses e incluye la redacción del proyecto básico, la documentación ambiental y el trámite de información al público.
La segunda, de 12 meses, comprende el proyecto constructivo del nuevo acceso a la AP-7. De esta forma, el futuro vial no verá la luz hasta 2029, ya que dentro de tres años quedará pendiente la licitación y ejecución de las obras.
