El presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Foto: Jorge Gil/EP VALÈNCIA. El anuncio del pasado lunes del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, de llevar a cabo una reforma fiscal en la Comunitat Valenciana dirigida a compensar el impacto de la elevada inflación no ha venido acompañado, de momento, de una concreción de esas medidas. El jefe del Consell aún no ha explicado públicamente a qué impuestos afectará ni a quiénes favorecerá. Tampoco existe demasiada información desde el seno del Gobierno valenciano, aunque según varias fuentes la Conselleria de Hacienda trabaja en una propuesta que pasaría por modificar el tramo autonómico del IRPF. La idea, indican, sería introducir cambios que beneficiaran a las rentas medias y bajas pero no a las rentas altas. Una línea, esta última, en la que coinciden tanto el PSPV como Compromís.
La fiscalidad progresiva es un concepto que no resulta novedoso en el discurso de Puig. Pero sí una promesa de bajada de impuestos, si es que llega a materializarse. No son pocos los que ven precipitación en el anuncio. Tanto entre filas socialistas como desde Compromís. La negativa a entrar al detalle evidencia que no ha sido previamente consensuada y que, una vez hecho el anuncio, ahora toca acordar la fórmula. La interpretación es que el hecho de salir ahora con esta intención se debe al deseo de contrarrestar las propuestas del PPCV en la misma materia.
El posicionamiento se produce en un inicio de curso marcado por las elecciones autonómicas de 2023, que vaticinan un ajustado resultado entre izquierda y derecha, y ante un contexto económico de total incertidumbre. La izquierda, incluyendo el PSPV, siempre ha rechazado una rebaja impositiva. Pero en este momento consideran que pueden permitirse un viraje en el discurso después de que, por ejemplo, Pedro Sánchez anunciara hace pocos días una bajada del IVA del gas.
En lo relativo a la Comunitat, tras bajar las tasas un 10%, rebajar el precio del transporte público y aplazar el pago del canon de saneamiento, el Consell busca ahora adaptar la tributación a la situación de inflación, pero esto no pasa por una reforma fiscal estructural. Sí por medidas concretas que toquen al impuesto principal, el IRPF, y que repercutan en las rentas medidas y bajas.
No es sencillo. Una medida reclamada con insistencia por el PP y Ciudadanos tanto a nivel nacional como autonómico es que se deflacte la tarifa del IRPF. Esto significa adaptar la escala del impuesto de manera que las subidas de sueldo derivadas de la inflación -que no suponen mayor poder adquisitivo puesto que, salvo las pensiones, son inferiores a la subida del IPC- no tengan como resultado pagar más impuestos. No es, en realidad una bajada del IRPF sino una no subida del impuesto. Pero beneficia a todos los tramos.
Lo que sí beneficiaría solo a las rentas bajas y medias sería elevar los límites a las bonificaciones del tramo autonómico del IRPF. Para beneficiarse de estas bonificaciones hay unos límites por encima de los cuales no se aplican, límites que están entre los 23.000 y los 30.000 euros para las declaraciones individuales y que no se han modificado desde que el Botànic empezó a gobernar en 2015. Esto significa que contribuyentes que en estos siete años han rebasado esos límites debido a la actualización de sus sueldos por la inflación han dejado de beneficiarse a pesar de no haber mejorado su poder adquisitivo.
El Gobierno autonómico recibió en 2021 un informe de la Comisión para la Reforma Tributaria nombrada elaborado por 12 expertos en la materia y que, teóricamente, debía de servir para abordar cualquier reforma fiscal. En el documento constaban propuestas relacionadas con el tramo autonómico del IRPF -el 50% del impuesto- que apenas afectaban a la recaudación. Entre ellas, que el primer tipo marginal sea inferior al 10% para beneficiar a los contribuyentes con menos recursos; que se mantengan los 10 tramos de base liquidable; que el tipo marginal máximo se quede en el 29,50%; que los tramos de base liquidable sean constantes o crecientes; que los aumentos de tipos impositivos se reduzcan al aumentar la base liquidable, y que los contribuyentes con una base liquidable inferior a 40.000 euros soporten una cuota inferior a la que pagan actualmente.
La bajada de tipos, de acuerdo con el informe, iría sobre todo dirigida a las rentas medias y bajas, con mención especial a aquellas con base liquidable general inferior a 10.000 euros. En cuanto a las altas, se daría un incremento sin superar el máximo, lo que supone una subida para los tramos inmediatamente inferiores al más alto.
Aparte de los posibles cambios en el tramo autonómico del IRPF, el Gobierno valenciano prepara otras medidas que no han trascendido. Todo apunta a que habrán de articularse a través de la ley de Acompañamiento de 2023, sin la cual no pueden salir adelante los Presupuestos cada año. El primer planteamiento sale del Ejecutivo autonómico para posteriormente negociar la norma entre los grupos del Botànic en Les Corts Valencianes, de manera que todavía hay varios meses por delante para introducir modificaciones y llegar a acuerdos.
Las líneas generales se comenzarán a tratar previsiblemente en el Seminari que el Consell celebra el próximo fin de semana, de ahí que cada partido ya esté marcando su posicionamiento público. Compromís y Unides Podem, por ejemplo, insistiendo en que "aceptarán una readaptación de los impuestos, pero nunca que los que más ganan sigan ganando más".
En la concreción de la rebaja impositiva faltará por comprobar si Puig se sube al carro de alguna de las promesas que el PPCV presentó hace un año y que él mismo criticó. Una decisión que resultaría llamativa y que, seguramente, es lo que más tensión generaría en las negociaciones del Botànic. De hecho, fuentes de Compromís ya opinan que realizar un anuncio como el del lunes por parte del presidente de la Generalitat no resulta oportuno electoralmente porque supone sumarse al discurso de los populares. Cualquier acuerdo en materia fiscal, además, seguramente sería monopolizado por el jefe del Consell, lo cual sus socios también observan.
En septiembre de 2021, el líder del PPCV, Carlos Mazón, prometió una reforma fiscal de "impacto neutro" que conllevaría el ahorro de 1.530 millones de euros para los contribuyentes de la Comunitat. Una de las principales propuestas era una bajada generalizada del IRPF sin excepción en función de la capacidad económica, además de una simplificación de los tramos. Según aseguraron los populares, nadie pagará más del 50% de su renta y se aumentaría el mínimo personal y familiar –la parte del salario neto base que no se somete a tributación– hasta el 10% (el máximo legal) para las rentas inferiores a 50.000 euros.
Abogaron igualmente por la eliminación del impuesto sobre el Patrimonio, por bonificaciones en Sucesiones y Donaciones para que prácticamente desaparezca y por una rebaja de Transmisiones Patrimoniales.
