VALÈNCIA. El decreto ley del Consell de Medidas Urgentes en respuesta a la emergencia energética y económica originada en la Comunitat Valenciana por la guerra de Ucrania -aprobado este viernes en el pleno del Consell- recoge la creación de una Agencia Valenciana de Información y Control Alimentarios que evite la venta a pérdidas y que pueda actuar ante las prácticas abusivas contra los agricultores. Un ente que ya había sido demandado por organizaciones como La Unió de Llauradors y con el que buscan que sea un reflejo de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) estatal, pero que dote de mayor agilidad a las actuaciones en la autonomía.
Según recoge el decreto, el objeto de dicha sociedad - que se estaba trabajando en el marco de la Conselleria de Agricultura- es el de ejecutar medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria de la Comunitat Valenciana siguiendo las directrices de política general del Consell. Éstas se enmarcan en una modificación del artículo 28 de la Ley estatal 12/2013, del 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Una normativa que, en su última adaptación, aumentó el catálogo de acciones comerciales desleales e incluye nuevas infracciones con el objetivo de proteger a los agricultores y que permite el nacimiento de la agencia.
Entre las funciones que otorga el nuevo decreto a dicha agencia se encuentra el impulsar las relaciones entre el productor agrario, la industria de transformación y la distribución, mediante los instrumentos adecuados para fortalecer la cadena de valor alimentaria, sobre todo en la fase de producción. También impulsar y fomentar la transparencia de mercado en la cadena alimentaria y la promoción en la contratación de productos agrarios en origen y de las tablas de precios, tanto a nivel individual como colectivo, y de la mejora de los procesos de comercialización en general.
A estas funciones se une la supervisión y gestión del Observatorio de costes de producción de la Comunitat Valenciana, el fomento y difusión de instrumentos jurídicos para formalizar relaciones comerciales en la cadena alimentaria, la innovación organizativa agraria para adaptarla a tecnologías emergencias y a la evolución del consumidor o el fomento del arbitraje y la mediación en el ámbito de los contratos agrarios, entre otros. Además, también podrá iniciar de oficio procedimientos sancionadores por irregularidades que supongan incumplimientos dentro de la ley estatal.
La agencia estará adscrita a la conselleria competente en materia de funcionamiento de la cadena alimentaria y podrá acordar su dependencia funcional de otros departamentos para la ejecución de medidas establecidas en planes sectoriales de control de funcionamiento de la cadena alimentaria.