VALÈNCIA. El Gobierno valenciano presidido por el popular Carlos Mazón se enfrenta en las próximas semanas a uno de sus grandes retos de la presenta legislatura: armar unos presupuestos que puedan resultar aprobados por Les Corts, donde no disponen de una mayoría asegurada tras la ruptura con su socio de Vox el pasado mes de julio.
El propio presidente del partido, Santiago Abascal, reiteraba este lunes su advertencia al PP que lidera Alberto Núñez Feijóo de que no respaldará los presupuestos en ninguna comunidad autónoma en la que gobiernen los populares si éstos llegan a algún tipo de acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez en materia de inmigración, concretamente en la reforma de la ley de extranjería que se encuentra pendiente de aprobación en el Congreso.
Más allá del aviso del líder de Vox y de que el PP se desmarque de esta ley, la realidad es que, a diferencia del año pasado cuando eran socios de gobierno, los populares saben de las dificultades que puede conllevar lograr el apoyo de esta formación para sacar adelante las cuentas. Si a esto unimos que las fuerzas de la oposición, PSPV y Compromís, no parecen demasiado dispuestas a dar su respaldo, las previsiones del Consell para la aprobación de los presupuestos no son a día de hoy demasiado halagüeñas. De hecho, este mismo lunes, la propia portavoz del Ejecutivo valenciano, Ruth Merino, dejaba ya la puerta abierta a una prórroga al ser preguntada por los posibles apoyos a estas cuentas.
De darse esta situación, el Consell liderado por Carlos Mazón rompería una racha de 34 presupuestos consecutivos aprobados en tiempo y forma en la Comunitat Valenciana, la región más fiable y cumplidora en este aspecto junto a Canarias. De esta manera, la última prórroga en la Generalitat se produjo en el año 1989, con el socialista Joan Lerma como presidente de la Generalitat, que necesitaba los apoyos en Les Corts de Esquerra Unida. En aquel ejercicio se celebraron elecciones generales en el mes de octubre, precisamente cuando se presentan las cuentas en el Consell, que finalmente fueron aprobadas en mayo de 1990.
Así pues, tanto en el último año de legislatura como en toda la siguiente liderada por Lerma, los presupuestos fueron aprobados en tiempo y forma, de igual manera que los mandatos presididos por los populares Eduardo Zaplana, Francisco Camps y Alberto Fabra, los ocho gobiernos del Botànic presididos por Ximo Puig y el primer ejercicio con Carlos Mazón -junto a Vox- en la Generalitat, tuvieron sus cuentas listas y aprobadas del siguiente año antes de concluir el anterior.
Así, según los datos publicados por la Agencia EFE el pasado mes de marzo de este mismo año, Cataluña y Castilla y León son las comunidades autónomas que en los últimos tiempos han tenido que recurrir en más ocasiones a la prórroga de sus presupuestos, una práctica que se da especialmente en años electorales y que suele vincularse a etapas de inestabilidad política.
En Cataluña, por ejemplo, se ha dado esta situación se ha dado en seis ocasiones desde 2013: ese propio ejercicio y posteriormente en 2016, 2018, 2019, 2021 y 2024. Respecto a Castilla y León, por diversas circunstancias se prorrogaron en 2017, 2019, 2020 y 2022. En aquella última ocasión, las desavenencias entre PP y Ciudadanos -socios de gobierno- y Por Ávila, terminaron en un desacuerdo que conllevó un adelanto electoral en la citada autonomía.
También la falta de acuerdo político provocó la prórroga en Asturias y Navarra en varias ocasiones, algo que también ocurrió en la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso en 2020 y 2021.
Por otro lado, especialmente prolijo en número de prórrogas fue el ejercicio de 2019, un hecho provocado en muchos casos por las dos elecciones generales y las autonómicas convocadas ese año. Así, hasta seis comunidades llegaron a diciembre con las cuentas del año anterior: además de los Presupuestos Generales del Estado, se aplazaron los de Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha, País Vasco, Aragón y La Rioja.