Foto: JOSÉ CUÉLLAR/LES CORTSVALÈNCIA. La Generalitat Valenciana lleva meses trabajando en un decreto para eliminar los impuestos 'verdes' que incluía la Ley de Cambio Climático del anterior Consell del Botànic. Concretamente, se trata de un gravamen sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica; otro sobre la emisión de gases de efecto invernadero; y uno ambiental sobre grandes establecimientos comerciales. El nuevo texto legislativo debe aprobarse antes de que finalice el año o, de lo contrario, el 1 de enero de 2025 estos gravámenes entrarán en vigor. Por ello, se ha estado trabajando sin descanso para conseguir sacarlo adelante antes de que culmine este ejercicio. Y, aunque será 'in extremis', dado que quedan pocas semanas para despedir al 2024, pero la norma ya está cerrada para cumplir con el compromiso de Carlos Mazón.
La intención es que esta normativa salga adelante en el próximo pleno del Consell, fijado para el lunes 23 de diciembre, según ha podido saber este diario. Así está ya fijado. En caso de que pueda suceder algún contratiempo de última hora irá al del día 30 de diciembre. No hay otra opción o entrarán en vigor. En cualquier caso, las mismas fuentes aseguran que el texto está ya en la casilla de salida para recibir luz verde por parte del gobierno autonómico.
De hecho, la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, que dirige Vicente Martínez Mus, recurrió a la vía del decreto para agilizar precisamente el proceso, ya que en un principio se iban a anular a través de la Ley de Acompañamiento. De hecho, en el mes de junio, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) sacaba a consulta pública una modificación de la ley de Cambio Climático donde se planteaba la supresión de estos gravámenes vía Ley de Acompañamiento. Sin embargo, la Conselleria cambió de planes ante la posibilidad de que las cuentas valencianas para 2025 y, por ende, la Ley de Acompañamiento que la complementa, no salieran adelante tras la salida de Vox del ejecutivo autonómico.
Por ello, se decidió sacar un decreto ad hoc para tomar esta resolución, que también podría incluir algunas otras modificaciones en materia de cambio climático, explicaron en su día a este diario fuentes de la Generalitat Valenciana. Un movimiento que, a la vista del contexto actual con unos presupuestos parados por la catástrofe de la Dana, se ha evidenciado estratégica.
En concreto, son tres impuestos los que se van a eliminar. Por un lado, está el que grava las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica iba a gravar las emisiones de CO2 que produzcan aquellos vehículos de motor matriculados a partir de 2023. En segundo lugar, el que afectaba a las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por las actividades económicas concernía directamente a la industria cerámica, uno de los principales sectores económicos de la Comunitat Valenciana. Su finalidad era reducir la emisión de gases contaminantes incentivando la adopción de medidas que optimicen el desempeño medioambiental de los procesos, así como la mejora de la calidad del aire.
Y, por último, estaba el impuesto para grandes establecimientos comerciales –a partir de 2.500 metros cuadrados–, dirigido a locales con fines de ocio, hostelería o espectáculos, ya que, por su efecto de atracción al consumo, provocan un desplazamiento de vehículos.
En este sentido, defendía este departamento en su propuesta de modificación inicial, a través de la Ley de Acompañamiento, que la decisión pretende una reducción de la presión fiscal, "actuando en armonía con otros territorios para evitar situaciones que deriven en más cargas fiscales para los valencianos que emprenden y hacen empresa". También aludía a la necesidad de "corregir situaciones que puedan condicionar la competitividad de sectores productivos y empresariales valencianos, al refuerzo de la seguridad jurídica y al hecho de promover la iniciativa privada en la Comunitat Valenciana en momentos de crisis como el actual".
De hecho, la ley, impulsada por Mireia Mollà en su etapa al frente de Transición Ecológica, ya causó discrepancias dentro del Gobierno de Ximo Puig. Fue el PSPV quien consiguió incluir una moratoria en el proyecto de Ley aprobado por el Consell para que los impuestos a las emisiones de CO2 entraran en vigor en 2025, pese a que la norma salió adelante en diciembre de 2022. Y es que aunque los socios de gobierno compartían objetivos, los socialistas consideraban que no era el momento de subir impuestos, ya que se estaba ante un escenario de ralentización económica propiciado por la invasión de Ucrania.
