VALÈNCIA. El Gobierno valenciano ha aprobado este lunes, en un pleno extraordinario, la Ley de Acompañamiento que impulsará la movilización de viviendas vacías, mejorará el transporte público en los municipios con menos servicios y establece la gratuidad del Carnet Jove para jóvenes de entre 14 y 30 años, entre otras medidas.
Según ha informado la vicepresidenta y portavoz del Consell, Aitana Mas, en la rueda de prensa posterior al pleno, la Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat seguirá su tramitación y una vez emitidos los informes del Comité Económico y Social y del Consell Jurídic Consultiu se remitirá a Les Corts para que se apruebe como proyecto de ley.
Esta norma refuerza la acción del Consell en materia de política social, concentra competencias para ganar efectividad, impulsa la movilización de viviendas vacías, mejora los servicios de transporte público en los municipios con menos servicios y aumenta la protección sobre dos actividades con larga tradición en la Comunitat Valenciana, la de las sociedades musicales y la de la pirotécnica, que pasan a ser consideradas recursos turísticos de primer orden.
Además, tras someterse la ley al proceso de información pública el pasado 6 de octubre, se han incluido diversas aportaciones realizadas por organizaciones y particulares.
Entre ellas, ha destacado Mas, seis apartados en el artículo 33 de la Ley 14/2018 de gestión, modernización y promoción de las áreas industriales, que completa las dotaciones con instalaciones deportivas, centro de educación infantil, servicio de salud o de prevención de riesgos laborales mancomunados o la instalación de oficinas bancarias "para hacer de los polígonos un instrumento de promoción económica y del bienestar".
La portavoz del Consell ha informado además de la modificación de la Ley Renta Valenciana de Inclusión que incluirá un nuevo perfil de personas beneficiarias con carácter urgente de la renta, que serán los valencianos en el extranjero que retornen a la Comunitat.
Asimismo, y para afianzar la función supervisora de los servicios sociales valencianos se estructura a nivel legal el proceso para hacer la reversión de centros en el ámbito social, se crea la figura del auditor para empezar el procedimiento y se incorpora la figura supervisor de servicios sociales con rango de ley.
Destacan también, entre otros, algunos cambios introducidos en la ley 13/1997 que regula el tramo autonómico de IRPF y restantes tributos cedidos.
Así, en esta ley se asimilan a cónyuges los miembros de parejas de hecho cuya unión cumpla los requisitos establecidos en la ley y se encuentren inscritos en el Registro de Uniones de Hecho formalizadas tanto de la Comunitat Valenciana como en registros análogos de fuera de ella -tanto de España como de terceros países-, dado que hasta el momento no estaban contemplados como válidos.
La norma también recoge, a petición del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana (CERMI), la adecuación terminológica de la Ley 13/1997, de forma que pase usarse exclusivamente la palabra "discapacitado" y sus variantes para referirse a las personas que sufren una discapacidad, en lugar de la expresión "minusválido", ha precisado el conseller de Hacienda, Arcadi España.
Igualmente, ha informado España, queda recogido en la normativa el cambio del actual impuesto propio sobre depósito de residuos en vertederos, incineración y cogeneración en un impuesto cedido y su cambio de tributación, tras ser aprobado por la Ley 7/2022 de residuos del Gobierno central.
La ley de Acompañamiento también contempla la creación de una Agencia de Digitalización y Ciberseguridad, dependiente de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, que contribuirá a concentrar competencias en el ámbito tecnológico y aumentar la efectividad.
La norma promueve asimismo, entre otros, que los propietarios de viviendas deshabitadas las pongan en alquiler para facilitar el acceso a los inmuebles; establece la gratuidad del Carnet Jove para jóvenes de entre 14 y 30 años con el objetivo de contribuir a aliviar la inflación en los más jóvenes, con un ahorro de más de un millón de euros; regula el transporte a demanda en la Comunitat Valenciana, y posibilita a los municipios sin servicio de taxi hacer uso de este transporte público de otros municipios colindantes.
Finalmente en materia social la ley recoge la prohibición de que las empresas o entidades de servicios sociales que hayan sido multadas con una sanción firme puedan acceder a contratos públicos y establece que los futuros centros residenciales tendrán un máximo de 100 plazas para asegurar la calidad y el bienestar de las personas residentes.