El Constitucional abre la puerta a recuperar la paga extra íntegra de 2,5 millones de funcionarios

VALÈNCIA. La última decisión del Tribunal Constitucional podría provocar un importante agujero en los presupuestos de todas las administraciones, incluida la de la Generalitat Valenciana. El alto tribunal ha admitido a trámite un recurso interpuesto por el sindicato CSIF contra la decisión de la mesa del Congreso de los Diputados que rechazó en mayo del año pasado tramitar una Iniciativa Legislativa Popular impulsada por el sindicato para que los empleados públicos recuperaran la estructura salarial previa a los recortes de 2010. 

Hace 15 años, a raíz de la crisis de la burbuja inmobiliaria, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó un Real Decreto por el que se adoptaban medidas extraordinarias para la reducir el déficit público. Entre ellas, aprobaron unas rebajas en las pagas extras que recibían los funcionarios en los meses de junio y diciembre, por las que dejarían de cobrar el 100% de su salario base como paga extra y pasarían a verlas recortadas entre un 5%. A modo de ejemplo, un funcionario que cobrase 900 euros mensuales, en diciembre y junio no cobraría 1.800. Sino que en su lugar cobraría su salario base (900) y la paga extra quedaría reducida en 45 euros aproximadamente, lo que daría un resultado de 1.755 euros. 

El recorte afectaba a todos los funcionarios públicos del Estado,  a los de las administraciones autonómicas y municipales. En total, a más de 2,5 millones de personas con sus diferentes escalas retributivas. Unas singularidades por las que resulta complicado saber, en caso de que el Constitucional acabara dándoles la razón y la reforma prosperara en la Cámara Baja, a cuánto asciende el montante final que las arcas públicas deberían desembolsar para compensar el recorte salarial mantenido durante tres lustros. 

No obstante, desde el sindicato realizan una estimación aproximada y explican que las cantidades podrían ascender a unos 30.000 millones de euros. Según CSIF, la paga extra se ha visto mermada desde entonces en una media de 1.600 euros al año para el grupo A1, 1.020 euros en el grupo A2 y 500 euros en el grupo C1. Una situación que se suma a la pérdida global del 20% del poder adquisitivo desde la bajada salarial de 2010, según denuncian.

La admisión a trámite

Ahora, mediante providencia del pasado 2 diciembre de 2024, el Constitucional ha acordado a trámite el recurso de amparo de CSIF argumentando que "concurre una especial trascendencia constitucional porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto y pudiera tener unas consecuencias políticas generales". Asimismo, requieren que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, remita al alto tribunal la certificación del expediente.

El requerimiento se debe a que en su día la mesa rechazó la ILP del sindicato por una posible afectación en materia presupuestaria. Una causa que, sin embargo, "no viene configurada en ningún precepto de nuestro ordenamiento como causa que permita pronunciarse a la Mesa del Congreso de Diputados en el sentido de inadmitir la proposición". 

La resolución el TC abre la puerta, por tanto, a recuperar la diferencia entre las pagas extras íntegras y las que están percibiendo desde entonces los empleados públicos. Una circunstancia que afectaría desde a los AGE (Administración General del Estado), como a funcionarios de la Generalitat, ayuntamientos, diputaciones, como Policía Nacional o Fuerzas Armadas. 

Por lo pronto, ahora la organización sindical deberá volver a poner en marcha la recogida de firmas para promover la ILP que en su momento quedó paralizada. Para ello, será necesario que reúnan 500.000 firmas para que el Congreso pueda debatir esta proposición de ley que anule el recorte salarial.