Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El retraso en la validación del que debe ser el nuevo contrato programa de À Punt comienza a ser llamativo. Su periodo de vigencia es de 2021 a 2023 y este sigue sin haber superado siquiera su fase de borrador, algo que escama a Compromís, que ha puesto el grito en el cielo más de una vez a lo largo del último año.
El hecho de que su socio, el PSPV, haya llevado su elaboración con cierto secretismo ha derivado en que en la coalición estén convencidos de que algún problema ocurre con el documento en cuestión y por ello no les quieren hacer partícipes de su contenido, por lo que se plantean incluso no apoyarlo. Pero a año y medio de que paradójicamente expire su validez a pesar de ni siquiera haber entrado en vigor, no obstante, ya se conocen algunos detalles de este convenio que debe regir los objetivos de la radiotelevisión pública.
El borrador de este contrato, al que ha tenido acceso este diario, marca unas líneas maestras sobre los fondos mínimos con los que debería contar la cadena para el próximo año, así como define cuáles serán sus principales fuentes de financiación. Respecto al presupuesto de 2023, el documento especifica que el Consell se compromete a consignar 58 millones de euros para los ejercicios 2021, 2022 y 2023, a los cuales adicionalmente aportarán 13 millones de euros para el año que viene para "dinamizar y reforzar las producciones audiovisuales de nueva creación".
Un redactado que, por tanto, marca como compromiso del Gobierno valenciano que la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació tenga un total de 71 millones de euros para el año electoral. Así, À Punt beberá de los fondos que le aporte la Generalitat, pero también de ingresos publicitarios, y de otras actividades comerciales y mercantiles que realice como por ejemplo la cesión o venta de contenidos audiovisuales, principalmente.
El texto no incluye un cambio que reclamaba Compromís, que era que el ente público cobrase la publicidad institucional como hacen los medios de comunicación privados. "El órgano competente del Consell y el Consejo Rector de la CVMC determinarán de manera conjunta las campañas de información que sean de interés público y que se consideren integradas en las cantidades consignadas en los presupuestos anuales de la Generalitat", recoge el documento.
Una de las cláusulas que incluye el contrato programa es que quedará garantizada durante su vigencia el gasto del capítulo 1, el que corresponde a los gastos de personal que actualmente supone 24,4 millones de euros para la cadena.
Cabe recordar que los grupos parlamentarios del Botànic, PSPV, Compromís y Unides Podem ya pactaron en la ley de Acompañamiento de 2022 que la limitación del tercio para el presupuesto de personal quedaría suspendida durante la vigencia del segundo contrato programa de À Punt. Por lo que, a pesar de que la cadena incumpliera la obligación de no poder superar el tercio del total de su presupuesto en las nóminas de los trabajadores, no ocurriría nada porque actualmente se encuentra vigente una moratoria para su aplicación.
Otro de los detalles que se conocen del documento y que afecta a la vigencia del mismo especifica que el contrato podría prorrogarse automáticamente hasta que se firme el tercer convenio. Una posibilidad sobre la que los grupos del tripartito habrán de ponerse de acuerdo, pues ni Compromís ni Unides Podem están dispuestos a aceptar esta cuestión introducida por el PSPV.
El momento más visto fue la bajada de la Senyera con un 20,4% de cuota de pantalla, donde À Punt lideró la audiencia por delante del resto de cadenas.
