MADRID (EFE/Belén Delgado). La dana del pasado octubre, una de las mayores catástrofes de los últimos tiempos para el campo español, demostró en 2024 que los países tienen aún mucho que hacer para adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático.
El temporal azotó especialmente a la Comunitat Valenciana y dejó pérdidas millonarias en la agricultura, con caquis, cítricos y hortalizas entre los cultivos más afectados, además de cuantiosos daños en parcelas, infraestructuras y maquinaria.
El Gobierno destinó un paquete de más de 444 millones de euros para el sector agrario, incluidos 200 millones en ayudas directas de las que podrán beneficiarse por el momento unas 7.240 explotaciones.
La intención es apoyar a casi 50.000 productores y recuperar 70.000 hectáreas, sin contar las indemnizaciones que recibirán los agricultores con seguro agrario, que suman por ahora casi 33 millones de euros.
Más de un millón de hectáreas agrícolas en España sufrieron ya en la primera mitad del año siniestros por sequía, tormentas, heladas y otros fenómenos, según Agroseguro, que pagó entonces más de 400 millones de euros, la mitad que en el mismo periodo de 2023.
El año pasado se batieron récords de siniestralidad en el seguro agrario que alcanzaron los 1.241 millones de euros, sobre todo por la sequía, muestra de la vulnerabilidad de España frente al cambio climático.
El director de Sostenibilidad de Cooperativas Agroalimentarias de España, Juan Sagarna, lamenta que tengan que llegar este tipo de episodios extremos para aceptar que el clima está cambiando y el sector debe adaptarse.
Asegura a Efeagro que las políticas deben empezar a percibirse como "una potencial ayuda para reducir los futuros riesgos climáticos".
Entretanto, los servicios técnicos de las cooperativas están ayudando a sus socios a tomar decisiones ante los problemas que ya afrontan algunos cultivos por el cambio climático.
El uso de variedades más resistentes, sistemas de refrigeración para los animales en la ganadería y la reforma del seguro agrario son algunas alternativas.
Los agricultores reclaman inversiones, incentivos y planificación en función de cada escenario para transformar los sistemas alimentarios, que también tienen el reto de disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero.
A pesar de estar en primera línea del impacto del cambio climático, los productores son los que reciben menos atención en las negociaciones climáticas y de los últimos en recibir ayuda.
En la pasada Cumbre del Clima de Bakú, los países ricos se comprometieron a pagar 300.000 millones de dólares anuales al mundo en desarrollo para costear la acción climática, frente a la meta anterior de 100.000 millones.
El movimiento Slow Food critica que la cantidad acordada representa solo una mínima parte de los 1,3 billones de dólares que se necesitan para apoyar a los más vulnerables.
Aparte, la presidencia de la COP29 presentó un programa que pretende reforzar la cooperación y la financiación en la agricultura con la participación de los bancos privados.
La coordinadora de proyectos de la red Mujeres por la Justicia Climática (Gender CC), Ndivile Mokoena, cree que la llamada "Iniciativa Harmoniya" facilitará la ayuda a las comunidades rurales y las mujeres productoras con vistas a mejorar la productividad y la seguridad alimentaria en el mundo.
En Azerbaiyán, no obstante, echó en falta un mayor debate sobre el trabajo conjunto de Sharm el Sheij para la aplicación de medidas climáticas en la agricultura, aprobado dos años antes en la COP de Egipto.
El experto del Banco Mundial Bill Sutton señala que apenas el 4 % de los fondos de lucha contra el cambio climático se destinan a reducir las emisiones y mejorar la adaptación en el sector agroalimentario, que necesita 260.000 millones de dólares anuales para recortar a la mitad sus emisiones en 2030 y lograr la neutralidad climática en 2050.
Este organismo, que ha aumentado a casi 3.000 millones de dólares su inversión anual en agricultura climáticamente inteligente, recomienda un mayor apoyo de los países ricos, retirar los subsidios a prácticas dañinas para el medioambiente y fomentar los créditos de carbono, entre otras medidas.