El derecho a tener presente

La reciente celebración del Día Internacional de la Juventud es una buena ocasión para hacer visible cuál es la situación actual de las personas jóvenes y conocer cuáles son las reivindicaciones que plantean.

Leía con atención el informe presentado por la asociación juvenil Ruge, que representa a los jóvenes de la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras, en el que se analizaban los principales factores que dificultan la emancipación de la población joven y concluía en que son las condiciones de trabajo y el acceso a la vivienda las dos dimensiones que unidas, imposibilitan a la gran mayoría de jóvenes a emanciparse cuando así lo aspiren.

Son incuestionables los beneficios que la reforma laboral de 2022 y el incremento del SMI han ejercido sobre las personas jóvenes. Son verdades incontestables porque los datos así lo avalan:

• La temporalidad se ha reducido el doble que en la población general.
• Se han incrementado de forma exponencial los contratos fijos suponiendo ya el 41% del total de los jóvenes cotizantes.
•   El crecimiento en los salarios entre los jóvenes duplica el de la media total.

No obstante, es evidente que las mejoras y los avances laborales de los últimos años, por si solas, no permiten a las personas jóvenes hacer frente a la tendencia al alza de los precios dentro del mercado inmobiliario. No pueden acceder a una vivienda.

Y aunque según UGT los jóvenes valoran de forma muy positiva la iniciativa del Gobierno de España de construir 40.000 viviendas en alquiler asequible, reclaman un mayor incremento para mejorar dicha oferta y poder reducir así la brecha de emancipación juvenil en España. Por lo que todas las administraciones, especialmente las CCAA y los ayuntamientos que son quienes tienen la práctica totalidad de las competencias en política de vivienda deberían sentirse emplazadas ante esta importante reivindicación, y no limitar la capacidad de respuesta de una sola administración, como le sucede a la central, por parte de los gobiernos autonómicos y locales del Partido Popular.

En el caso de la Comunitat Valenciana, tras un anuncio reciclado por Mazón, de un proyecto ya encauzado del anterior Consell, comprometido con fondos europeos, a los jóvenes valencianos les queda poner la esperanza en el compromiso de los ayuntamientos que quieran acogerse a una iniciativa en la que de las 10.000 viviendas anunciadas, 7.000 dependerán de los ayuntamientos y 3.000 son heredadas del Gobierno de Puig.

Extraña manera de entender un proyecto ambicioso.

Otra de las competencias en las que debería estar inmerso el Consell de Mazón, y que no lo está, son las políticas activas de empleo. Las personas jóvenes a pesar de las mejoras introducidas por las políticas estatales en materia laboral siguen teniendo tasas de paro altas que siguen necesitando de la acción de sus servicios autonómicos de empleo, de Labora.

Es necesario recordar que en 2015 el paro juvenil en la Comunitat Valenciana superaba la tasa del 50%, es decir, más de la mitad de nuestros jóvenes no disponía de un empleo.

Durante las dos legislaturas en las que lideraba la Generalitat Valenciana el partido socialista, el empleo de las personas jóvenes fue una prioridad y así se demostró en las políticas desarrolladas durante ese periodo con la puesta en marcha de una estrategia política que supuso una inversión de más de 650 millones de euros y que le dio oportunidad de empleo y formación a más de 120.000 jóvenes valencianos.

La predisposición y el empeño del Consell liderado por los socialistas valencianos, que aprovechó al máximo y de forma rigurosa todos los fondos europeos que tuvo a su alcance, incluso aquellos fondos de garantía juvenil que estuvieron a punto de perderse por la falta de diligencia del anterior gobierno autonómico del Partido Popular, consiguió reducir la tasa de paro juvenil en la Comunitat a la mitad.

La mitad de los jóvenes valencianos parados consiguieron salir del desempleo durante esas dos legislaturas, gracias al esfuerzo de toda la sociedad valenciana liderada por un gobierno progresista.

¿Qué ha hecho el Consell de Mazón durante este primer año en materia de empleo?

• Vivir de las iniciativas puestas en marcha en 2023 por el gobierno de las socialistas sin presentar ni una sola iniciativa novedosa.
• Recortar el presupuesto en programas de fomento de empleo en más del 70%, pasando de 154 millones en 2023 a 47 millones en 2024.
• Reducir los programas dirigidos a jóvenes y arrasar los planes de parados de larga duración, dejando a ayuntamientos y mancomunidades sin oportunidades para sus vecinas y vecinos a través de dichos planes durante este año.

El Consell de los supuestos “mejores” sigue viviendo de las rentas del Botànic.

Y es que hemos llegado al verano de 2024 con la hoja de servicios a cero por parte de la Generalitat Valenciana en materia de empleo. Se han ido de vacaciones sin ningún tipo de rubor tras anunciar recortes, imponer impagos y hacer desaparecer programas. Recuerdo aquellos veranos llenos de jóvenes ilusionados con su primera experiencia profesional, de jóvenes vigilando las playas o en servicios estivales de los ayuntamientos, jóvenes que este año, se quedarán sin su primera oportunidad laboral.

Las personas jóvenes no son el futuro, son el presente. Y por ese motivo, tienen el derecho a que las administraciones competentes, en este caso el Consell de Mazón, les proporcione oportunidades que les permitan tener un proyecto de vida digno. Una vivienda digna y un empleo digno.

El derecho a emanciparse y garantizar así su derecho a tener presente.