Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La consellera de Justicia y Administración Pública, Gabriela Bravo, anunció hace semanas las líneas maestras del decreto que regula el Plan de Estabilidad del personal al servicio de la Administración del Consell. Una norma que pretende reducir la temporalidad en el empleo público que, a pesar de que contempla la estabilización de 3.833 plazas, también ha dejado fuera a algunos colectivos. El más controvertido, quizá, el de los abogados de la Generalitat.
En un principio, Función Pública contempló seis plazas para sacar a concurso. Sin embargo, los propios abogados de la Generalitat advirtieron en un informe que el acceso al cuerpo de Abogacía se realiza mediante un concurso-oposición, tal y como establece la ley 10/2005 de asistencia jurídica de la Generalitat, por lo que la Conselleria acabó retirando las plazas.
El dilema de que el decreto no contemple plazas de Abogacía de la Generalitat para estabilizar mediante un concurso de méritos, sin embargo, es significativo por la alta tasa de temporalidad que existe en el cuerpo. Pues pocos son los aspirantes superan las pruebas selectivas.
De hecho, cabe recordar que en los resultados de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2016 fueron un buen jarro de agua fría para los opositores. A las oposiciones de abogado de la Generalitat se presentaron un total de 73 personas para optar a uno de los dos puestos ofertados y finalmente ningún aspirante obtuvo plaza.
Desde la Conselleria de Justicia y Administración Pública explicaron en su momento que tan solo 45 decidieron presentarse a la primera prueba del proceso selectivo. De estos, doce personas superaron el examen pero solo una persona de esta docena aprobó el segundo ejercicio. Finalmente, nadie se presentó a la tercera prueba. En la última OPE, la de 2018, la Generalitat sacó a oferta cuatro plazas y aprobaron exactamente cuatro personas.
Hay que subrayar que esta oposición es la única para la cual se requiere superar cuatro ejercicios, mientras que para el resto de grupos o escalas del cuerpo de funcionarios de la Generalitat valenciana basta con tres o, incluso, dos pruebas.
El principal factor que afecta al resultado de los examenes es la dificultad del examen y la amplitud del temario, pues abarca distintas ramas del derecho y los aspirantes deben preparar un total de 258 temas, mientras que en el resto de oposiciones para grupos A1 -mayor escala de la administración- la cantidad de temas a estudiar es menor y se centra específicamente en derecho administrativo.
Asimismo, también afecta "la falta de equivalencia en el temario con otras oposiciones, por lo que un aspirante se debe decantar en exclusiva por esta opción" y, por lo tanto, no puede aprovechar los conocimientos adquiridos para opositar a otras plazas. El resultado, al final, es que o bien se quedan plazas por cubrir o que los aspirantes se presentan únicamente a la primera prueba para formar parte de la bolsa o mantenerse en ella, pues en el supuesto de ser interino únicamente se precisa superar el primer ejercicio.
