El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. Foto: DAVID ZORRAKINO/EPVALÈNCIA (EP). El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha puesto el pie en el acelerador para comenzar en breve las negociaciones con las comunidades autónomas y definir el nuevo mapa concesional de autobuses y que se ponga en funcionamiento antes de 2027, según informan a Europa Press fuentes del sector.
El Gobierno intenta así cumplir los plazos que se ha marcado en la nueva Ley de Movilidad Sostenible, que el miércoles inició su tramitación parlamentaria por la vía de urgencia, y que impone un plazo de un año desde su aprobación para tener listo el mapa concesional y de dos años para que todos los contratos con las empresas de autobuses están adjudicados.
La primera comunidad con la que el Ministerio que dirige Óscar Puente intentará reunirse es con Aragón, toda vez que ya tiene un mapa concesional autonómico aprobado e incluso adjudicado a las operadoras y que se espera que se ponga en marcha en este primer semestre del año.
Las negociaciones van encaminadas a complementar las rutas estatales, que a partir de ahora serán más directas, y las autonómicas, que tendrán que asumir el tráfico intracomunitario que las líneas estatales dejarán de cubrir, con la aportación de los fondos necesarios por parte del Estado.
El objetivo es hacer más eficiente el sistema de transporte, de forma que solo 495 municipios estén cubiertos por líneas de largo recorrido, frente a los 1.912 actuales, para que el viaje sea más corto y atractivo para los viajeros, de forma que los municipios no cubiertos los asuman las comunidades en enlaces con las grandes ciudades.
A parte de los plazos, el Gobierno también tiene la presión del sector, ya que más de 44 de los 79 contratos de operación llevan años caducados, con las empresas operando a través de prórrogas que dan una menor estabilidad a sus negocios.
Respecto a la entrada de la competencia, el criterio sigue siendo el mismo, mantener el sistema concesional en el que varias empresas concurren en un concurso y solo una se lleva el contrato. Las principales empresas del sector defienden este modelo, al encajar más con un servicio público regulado en el que hay tarifas máximas que no se puede sobrepasar y dar más certidumbre a los viajeros.
Enfrente, hay otra parte del sector que busca una liberalización total para que varias empresas puedan operar una línea libremente, prometiendo así bajar los precios, como ha pasado en el ferrocarril, un medio de transporte que está dañando ciertas concesiones, como la de Madrid a València.
Al tramitarse por la vía de urgencia, los plazos de la tramitación se reducen a la mitad, haciendo posible que la ley fuese aprobada este próximo verano y, de esta forma, que el nuevo mapa estuviese funcionando para el verano de 2026.
Por otra parte, la Ley de Movilidad Sostenible también legisla en otros aspectos como la financiación de las carreteras, aspecto sobre el cual todavía pesaba la posible implementación de peajes en todas las autovías españolas para que los usuarios de las mismas financiases su mantenimiento, en el que existe un déficit de más de 9.000 millones de euros.
Sin embargo, el Gobierno ya pactó con Bruselas eliminar este compromiso y sustituirlo por incentivos al transporte de mercancías por ferrocarril. El texto registrado en el Congreso no hace ninguna alusión a este concepto, excepto en la memoria de la ley.
"La futura Ley de Movilidad Sostenible prevé la realización de un estudio de alternativas para establecer un mecanismo de financiación, pero no se dispone la adopción ni entrada en vigor de un modelo determinado", figura en la memoria.
