El Gobierno fijará un déficit del 3% del PIB para 2024, un año antes de lo previsto

VALÈNCIA (EP) La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este jueves que el Gobierno enviará a Bruselas en las próximas horas el Programa de Estabilidad, que contemplará un déficit del 3% del PIB en 2024, un año antes de lo estimado inicialmente.

Montero, en declaraciones en el Congreso de los Diputados, ha destacado que, de esta forma, el próximo año se va a cumplir ya con el Pacto de Estabilidad, al registrar un déficit máximo del 3% del PIB, gracias a la "buena" evolución de la economía y la creación de empleo, que está permitiendo aprovechar la mejora de los ingresos para el proceso de consolidación fiscal.

Además, indicó que se va a hacer antes de que se activen las nuevas reglas fiscales que se están discutiendo y que será un "debate importante" en la Presidencia española de la UE en el próximo semestre.

En concreto, el Ejecutivo ha proyectado en el Plan de Estabilidad 2023-2026 una senda de reducción de déficit para el conjunto de las Administraciones Públicas. Así, se situará en el 3,9% en 2023; en el 3% en 2024; en el 2,7% en 2025; y en el 2,5% en 2026. Con esta senda, se alcanza un superávit primario ya en el año 2025, aseguran desde Hacienda.

El Ejecutivo destaca que sólo en dos años, entre 2020 y 2022, España logró ya reducir el déficit más de la mitad al pasar del 10,1% en 2020 al 4,8% en 2022. Esto supone una disminución de más de 5 puntos porcentuales de PIB, la mayor rebaja de la serie en ese periodo sin incluir la ayuda financiera. En total, se trata de una disminución de 49.500 millones de euros desde 2020.

Además, el crecimiento económico y empleo han permitido un aumento estructural de los ingresos, que en 2022 fue del 14,4%. En este aspecto, la inflación sólo aportó 5 puntos a ese crecimiento de los recursos, según los datos de Hacienda.

La previsión del departamento de Montero es que el aumento de los ingresos vaya moderándose en los próximos años, pero siempre mantengan un crecimiento superior a la previsión de inflación, lo que pone de manifiesto que "la mejora de los recursos públicos está sostenida por el empuje de la economía y el dinamismo del empleo".

"Lo bueno de este dato de consolidación fiscal que proyectamos para 2024 es que se hace sin practicar políticas de recortes, sino intentando ayudar a todos aquellos sectores ante la crisis pandémica y luego de la derivada de la guerra en Ucrania, y protegiendo a la mayoría social del país", ha destacado.

Todo esto ha sido compatible, según la ministra, con el avance de los retos europeos para la transición ecológica, la transformación del modelo productivo y el impulso digital, que están protagonizando la evolución económica a nivel nacional e internacional.

En esta misma línea, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha destacado que España está aprovechando el fuerte crecimiento económico y la creación de empleo para reducir lo más rápidamente posible las ratios de déficit y deuda sobre el PIB.

"Vamos a adelantar en un año, a 2024, el objetivo de bajar la ratio de déficit sobre el PIB al 3%. Se trata de una noticia importante que confirma el fuerte compromiso de nuestro Gobierno con la responsabilidad fiscal", ha enfatizado.
Justo esta semana, la Comisión Europea ha presentado su propuesta de revisión de las reglas fiscales, que contempla una senda de gasto sujeta a la deuda por país, pero con un ajuste anual mínimo del déficit del 0,5% del PIB para los años, en los que se prevé que el desequilibrio negativo de las administraciones públicas supere el valor de referencia del 3%, un parámetro que España lograría cumplir ya en 2024, según las previsiones del Gobierno.

Además, serán los gobiernos de cada Estado miembro los que deban presentar sus propios planes de ajuste fiscal a medio plazo de acuerdo con una reducción de la senda de gasto "plausible", que permita mantener la deuda en niveles "prudentes" a lo largo de un periodo de cuatro años, que podrá ampliarse hasta un máximo de siete si se apoya en reformas e inversiones específicas.

Por su parte, la Comisión proporcionará trayectorias técnicas que muestren qué ajuste fiscal es necesario para garantizar que se cumplen los criterios de los valores de referencia del 3% y el 60%, pero serán los Veintisiete quienes deberán respaldar los planes estructurales presentados por cada país, así como de los compromisos de reforma e inversión en que se basa la prórroga.

Asimismo, la revisión introduce una cláusula específica de escape para los Estados miembro que contempla la posibilidad de eventos extraordinarios, tales como pandemias o guerras, derivada del contexto tras la pandemia y de la crisis provocada por el ataque de Rusia a Ucrania.

No obstante, aunque las propuestas proporcionan a los Estados miembro un mayor control sobre el diseño de sus planes a medio plazo, también establecen un régimen de aplicación más estricto para garantizar que cumplen los compromisos que asumen en sus planes a medio plazo.

En el caso de los Estados miembro que afrontan importantes retos en materia de deuda pública, las desviaciones de la senda de ajuste fiscal acordada conducirán por defecto a la apertura de un procedimiento de déficit excesivo.

Si no se cumplen los compromisos de reforma e inversión que justifican una prórroga del período de ajuste presupuestario, el período de ajuste podría ampliarse. El incumplimiento de los compromisos de reforma e inversión que justifiquen una prórroga del período de ajuste presupuestario podría dar lugar a la reducción de este período.