Foto: A. ORTEGA/EPVALÈNCIA (EP). El Gobierno prevé una "reforma integral" del Código Penal en lo relativo a los delitos de libertad de expresión que afecten a las instituciones del Estado, lo que incluye al Ejecutivo pero también a la Corona, en el marco del Plan de Acción por la Democracia aprobado en Consejo de Ministros.
Así lo ha trasladado el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que ha adelantado algunas de las 31 medidas que prevé desarrollar el Gobierno en los próximos tres años en este ámbito.
Dentro del segundo eje, el de "fortalecer la transparencia, la pluralidad, la responsabilidad de nuestros medios de comunicación para garantizar información veraz en los ciudadanos", Bolaños ha incluido una "reforma integral del Código Penal" para tratar "los delitos de libertad de expresión que afecten a las instituciones del Estado y también que se produzcan contra sentimientos religiosos".
Según ha indicado, el objetivo es adecuar el Código Penal español "al Derecho de la UE" y ajustarlo en lo relativo a estos delitos "a lo que es la última jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos".
En este mismo apartado, Bolaños también ha incluido la previsión de reformar la Ley Orgánica de Derecho al Honor de 1982 y la Ley Orgánica de Derecho a la Rectificación de 1984, puesto que "el régimen actual que protege el honor de las personas y que garantiza el derecho a una rectificación de las informaciones no veraces que se publiquen" puesto que "ha quedado claramente obsoleto" ya que entonces no se preveía "el ecosistema que tenemos hoy de medios de comunicación y las formas en las que se producen esas difamaciones y esas publicaciones".
Con la reforma de ambas leyes se buscará "garantizar que los tribunales puedan dar una respuesta ágil y efectiva a cualquier difamación que se publique en un medio o pseudomedio de comunicación", ha puntualizado Bolaños, que se ha mostrado convencido de que habrá un amplio consenso de cara a su reforma.
En el primer eje, el destinado a "ampliar y mejorar la calidad de la información gubernamental", se ha incluido la reforma de la Ley de Secretos Oficiales que "data de 1968 y es preconstitucional". Bolaños ha recordado que el anterior Gobierno ya aprobó "un primer borrador", el cual debería ser "una base sólida para empezar a trabajar" y ha admitido que caben mejoras.
En pleno 2024, ha defendido, es "difícilmente explicable" que España tenga una ley tan antigua en una materia tan sensible, de ahí la necesidad de modificarla para adecuarla "a los países democráticos de nuestro entorno" y a los "mejores estándares europeos".
El ministro de la Presidencia también ha incluido en este eje una nueva Estrategia de Gobierno Abierto así como la extensión de la obligatoriedad de la rendición de cuentas que ya se ha autoimpuesto el Gobierno a "todos los gobiernos" para que expliquen a los ciudadanos sus compromisos y el cumplimiento de los mismos.
Por último, en el tercer eje, el encaminado a "reforzar la transparencia del poder legislativo y del sistema electoral", incluye la adopción de una Ley de grupos de interés, los llamados 'lobby', para poder conocer su influencia en la elaboración de leyes.
Asimismo, según ha explicado el ministro, el Gobierno también quiere hacer obligatoria la celebración anual del Debate del Estado de la Nación y que sea obligatorio para los candidatos participar en debates electorales con vistas a garantizar que los ciudadanos conocen sus propuestas y pueden contrastarlas con las de los otros, para lo cual será necesario reformar la Ley Orgánica de Régimen Electoral.
Aquí ha incluido también la obligatoriedad de publicar los microdatos cuando se den a conocer encuestas en periodo electoral dado que, ha afeado, en algunos casos parece que más que querer "conocer el estado de opinión" lo que se busca es "influir" en el mismo.
Bolaños también ha indicado que se quiere fortalecer el régimen sancionador a los partidos que no presenten sus cuentas de manera adecuada y contra aquellos parlamentarios que no publiquen sus declaraciones de bienes e intereses. "Esa obligación existe, pero se incumple de manera flagrante, reiterada, rebelde y voluntaria por parte de algún grupo político extremista en nuestro país", ha denunciado.
