La ministra Teresa Ribera. Foto: E.PARRA/EPVALÈNCIA (EP). El Consejo de Ministros ha remitido a información pública el anteproyecto de ley por el que se restablece la Comisión Nacional de la Energía (CNE) como un ente regulador independiente con una actualización de sus funciones, entre las que figuran reforzar la regulación y apoyar la descarbonización.
Esta medida pretende volver a los inicios, antes de que dicha entidad se integrase en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. "Restablecemos la Comisión Nacional de la Energía con una actualización de sus funciones", ha afirmado Teresa Ribera durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Además de recuperar sus funciones tradicionales, la Comisión estará dotada con más recursos y una nueva capacidad a través de un fondo específico dedicado a la gestión y liquidación de los sistemas eléctrico y gasista en lo que a actividades reguladas se refiere.
Según Ribera, esto permitirá garantizar "precios competitivos para los consumidores y señales eficientes para la inversión". El Gobierno considera que la emergencia climática y el proceso de transición ecológica "exigen disponer de un regulador y supervisor de los mercados energéticos que añada la descarbonización de la economía española a los objetivos".
Por ello, ha considerado "indispensable" reinterpretar la figura del regulador energético para incrementar su especialización y ampliar su ámbito de actuación. Así, una novedad fundamental en la propuesta es el énfasis en la descarbonización como objetivo claro dentro de las funciones de la Comisión.
"A la hora de tomar esas decisiones regulatorias debe favorecer ese objetivo común a nivel europeo de avanzar hacia la descarbonización", indicó Ribera, subrayando la importancia de alinear la regulación energética con las metas de sostenibilidad y transición verde.
La integración de la descarbonización entre los objetivos de la CNE se puede traducir, por ejemplo, en que a la hora de establecer la metodología de retribución de las redes eléctricas se incluyan incentivos para las distribuidoras que tramiten rápidamente los expedientes de conexión de nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos, así como penalizaciones para las que mantengan plazos temporalmente dilatados.
La CNE también tomará un papel consultivo y de resolución de conflictos entre operadores, incorporando a su vez los nuevos vectores energéticos como los gases renovables o el hidrógeno. "Incorpora nuevos vectores energéticos, ya no se trata solamente de electricidad, gas o hidrocarburos", destacó la ministra.
A su vez, ejercerá las funciones de inspección y sanción, así como de arbitraje, información, atención y tramitación de las reclamaciones planteadas por agentes y consumidores.
Igualmente, liquidará los peajes, cargos, precios, cánones y retribuciones reguladas de los sectores a su cargo.
En el caso de la supervisión de las tomas de participaciones empresariales en el sector energético, la CNE se encargará de instruir el expediente y de hacer una propuesta al Ministerio, mientras que éste resolverá y fijará las condiciones que considere oportunas.
Durante su intervención, Ribera hizo hincapié en el reforzamiento de las funciones de inspección de la Comisión, "que consolida varias atribuciones que venía desempeñando de manera transitoria y sin atribución directa", lo que, a su juicio, supone un paso hacia la mejora en la regulación y supervisión de los mercados energéticos en España.
La ministra ha aclarado que en estos momentos, la CNMC sigue desempeñando con total normalidad sus responsabilidades en cuanto al sector de la energía.
Además, la organización ha trasladado al Gobierno que la recuperación de los equipos y de las dotaciones que en su momento se fusionaron en la autoridad es adecuado que pueda hacerse "con todas las disposiciones transitorias", pero "lógicamente con la mayor diligencia, dado que hay todo un proceso de trabajo con otras autoridades a nivel europeo y con los operadores aquí a nivel nacional", en palabras de la ministra.
Durante la rueda de prensa, la vicepresidenta tercera ha asegurado que una gran mayoría de los grupos parlamentarios consultados informalmente, "son proclives a la recuperación de este organismo", dada la envergadura que ha ido alcanzando la regulación energética y que probablemente se mantendrá en los próximos años.
La CNE se constituirá como entidad de derecho público de ámbito estatal, con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, con funciones de carácter externo sobre sectores económicos o actividades determinadas, con autonomía orgánica y funcional, y plena independencia del Gobierno, de las Administraciones Públicas y del mercado.
Esta comisión ejercerá sus funciones a través de dos figuras principales, el Consejo y el Presidente, que también lo será del Consejo.
De ellos dependerán, además de la Secretaría General y la Secretaría del Consejo, tres direcciones de instrucción: la de Electricidad, la de Hidrocarburos y Nuevos combustibles y la de Inspección.
El Consejo será el órgano colegiado de decisión y estará integrado por siete miembros: el presidente, el vicepresidente y cinco consejeros, que tendrán un mandato de seis años sin posibilidad de reelección.
Además, Ribera ha apuntado que se plantea un consejo con siete consejeros, a los que se les pedirá al menos cinco años de experiencia en ámbitos vinculados a los propios de este regulador y con una capacidad de veto de la comisión competente en el Congreso.
Según los plazos previstos en el Anteproyecto, la nueva entidad debe haberse constituido y estar plenamente operativa en un plazo de cuatro meses desde la aprobación de la Ley de creación.
Además, el anteproyecto de ley prevé también la creación del Fondo para la Gestión Económico-Financiera de las Liquidaciones del Sector Eléctrico y del Sector del Gas (Fglseg), para gestionar los ingresos y pagos correspondientes a las liquidaciones de peajes, cargos, cánones, precios y retribuciones reguladas de los sectores eléctrico y gasista, así como las transferencias previstas en los Presupuestos Generales del Estado para estos sectores.
