Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA (VP). El Consell ha acordado tramitar el anteproyecto de Ley de Barrios de la Comunitat Valenciana.
La norma se contextualiza en el marco Fondo de Recuperación Next Generation aprobado el pasado 21 de julio por el Consejo Europeo y que movilizará 750.000 millones de euros, que serán destinados a mitigar el impacto socioeconómico causado por la pandemia.
Actualmente, la Comunitat Valenciana carece de un régimen jurídico adecuado para gestionar procesos de rehabilitación, regeneración y revitalización urbana que vayan más allá de los aspectos meramente urbanísticos y recoja una visión integral de todos los ámbitos de la vida.
Por ello, este anteproyecto de Ley de Barrios servirá para establecer un marco regulador común que garantice el derecho de todas las personas a disfrutar de un entorno seguro, sostenible, inclusivo y accesible universalmente que favorezca el progreso personal, la cohesión social y de género y la identidad cultura.
Concretamente, la normativa valenciana recoge tres objetivo principales. El primero de ellos es emprender actuaciones de atención y mejora de las condiciones de vida de la población que reside en los barrios, con especial atención a los colectivos más vulnerables como hogares monoparentales, personas mayores, jóvenes desempleados, población migrante, etc..
Otro de los propósitos es hacer frente a los déficits en materia urbanística, en la prestación de los servicios, en la calidad de la vivienda y la carencia de equipaciones, que afectan con mayor intensidad a algunos barrios de las ciudades, con los consiguientes efectos sobre las dinámicas de segregación residencial y desigualdad social.
La tercera de las metas es fortalecer la vida asociativa y las iniciativas cívicas en los barrios, con el fin de apoderar a la población y fomentar su implicación en los proyectos de mejora de las dotaciones y de las condiciones de vida de la ciudadanía.
El Consell, consciente del fenómeno de la privación urbana, y siendo esta una cuestión compartida con el conjunto de políticas públicas, considera que la rehabilitación, regeneración y revitalización urbanas tienen que ser objetivos prioritarios de la estrategia urbana para los municipios valencianos en el siglo XXI.
En concreto, se da especial atención en los casos donde concurren procesos de abandono, obsolescencia o degradación del patrimonio edificado y del tejido urbano, o con amplios sectores de la población en riesgo de exclusión por razón de desocupación, insuficiencia de ingresos, género, etnicidad, edad, discapacidad u otros factores de vulnerabilidad social.
Cabe recordar que en la Comunitat Valenciana existen zonas suburbanas que viven profundas contradicciones sociales a causa del modelo dominante de desarrollo urbano y de una inadecuada planificación en sus asentamientos. Por eso, sufren las consecuencias del hacinamiento, los síntomas de la desagregación, la marginación y las disfunciones del desarrollo.
En el mismo sentido, la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 ha puesto en evidencia la ineficacia de las ciudades para hacer frente a los problemas existen en la actualidad.
Asimismo, otra característica que se da en la Comunitat Valenciana es la formación de una compleja red de ciudades medianas, organizadas alrededor de centros históricos valiosos, depositarios de la identidad colectiva. A partir de 1950 se construyeron a sus alrededores unas periferias residenciales, densas y de baja calidad constructiva.
Después de una época de promoción directa de grandes conjuntos de vivienda pública llegó el auge de la vivienda con protección oficial y de los proyectos de urbanización del Estado.
Todo esto convivió con la aparición de barriadas periféricas a partir de parcelaciones, a menudo auto-construidas por sus habitantes, zonas que desde 1979 han recibido una singular atención y que, en general, han sido profundamente renovadas.
Por eso, la intervención pública no se puede limitar a la mera actuación rehabilitadora o urbanizadora y se necesita una actuación de forma global, a través de la integración de las estrategias sociales, económicas y medioambientales y de la implementación de una auténtica gobernanza en favor de la población residente.
