Manuel Illueca. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y CaixaBank han acordado asumir conjuntamente una deuda de 3 millones de euros derivada de un crédito fallido avalado en su momento por Bancaja con reaval del IVF a una fundación del exministro del PP Pedro Morenés. De esta manera, la entidad que dirige Manuel Illueca al menos se ahorrará 1,5 millones, ya que Bankia pretendía que cargase en solitario con toda la deuda.
El IVF, que ya tenía provisionados los 1,5 millones del crédito, no pagará intereses o comisiones y únicamente atenderá el 50% de la cuantía reclamada y consignada judicialmente en el Jugado de Primera Instancia 5 de València para afrontar una demanda de ejecución de embargo presentada por Bankia el año pasado.
Aunque la intención del IVF era defender ante el juzgado la nulidad de la operación al entender que la misma no fue más que una "corruptela" para favorecer al exministro del PP, finalmente ha acordado con CaixaBank –sucesora de Bankia tras su acuerdo de fusión– asumir la mitad del fallido "habida cuenta de la complejidad y los riesgos que puede acarrear iniciar un proceso de declaración abusiva de reafianzamiento".
"Aunque es una buena noticia, la realidad es que nos toca hacer frente al pago de 1,5 millones de euros por un nuevo aval sin justificación y fallido de los muchos que en la época del anterior ejecutivo se dieron a amigos y conocidos", asegura Manuel Illueca, quien destaca la labor del instituto para "proteger los derechos de la ciudadanía valenciana ante un nuevo pufo del PP".
La Fundación Aulamar, con sede en Madrid y actualmente sin actividad, obtuvo, entre diciembre de 2005 y noviembre de 2006 varios préstamos del programa Profit concedidos por el Ministerio de Educación y Cultura (495.819 euros y 254.977 euros respectivamente) y por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (810.465 euros) para transformar un barco pesquero en un buque escuela para personas discapacitadas.
Bancaja otorgó avales suficientes para respaldar esta inversión, pero exigió una contragarantía a su favor por las 21 pólizas de aval. En 2006, con Francisco Camps como presidente de la Generalitat, el IVF se prestó a actuar como reavalista ante la caja valenciana, presidida entonces por el expresidente de la Generalitat José Luis Olivas.
"La solución que se orquestó, en este caso, fue que el crédito lo avalara Bancaja y que el IVF lo contraavalara. Se trata de un pufo dirigido a beneficiar a intereses particulares. De hecho, la fundación no tiene ya actividad y no se sabe nada del barco, destaca Illueca.
En 2009, Industria modificó las condiciones de uno de los préstamos para alargar el plazo de amortización a quince años, extender el periodo de carencia a cinco años y retrasar dos años la fecha del primer reembolso hasta octubre de 2011. Esa modificación fue seguida de otras posteriores para dar facilidades de pago a la Fundación Aulamar.
Pero la fundación Aulamar no respondió de los créditos. A partir de 2016, la Administración central comenzó el proceso de ejecución de los avales. En ese momento, Bankia ya había absorbido a Bancaja y en 2017 Bankia ejecutó los primeros avales y remitió por primera vez dos reclamaciones al IVF en su condición de reavalista, motivo por el que la entidad, ya con Manuel Illueca al frente, provisionó 1,5 millones de euros como medida de prevención.
El IVF se negó a pagar y al año siguiente Bankia le exigió otros 618.000 euros como pago por la ejecución de otros catorce avales, al tiempo que le advirtió de un riesgo de ejecución del resto de avales vivos por 954.000 euros y le exigió que le relevase como avalista.
Bankia pretendía que el IVF afrontara en solitario el pago como contraavalista, pero el IVF sostiene que se llevaron a cabo novaciones en los créditos concedidos por el Gobierno central a Aulamar que no se le habían notificado y que, por tanto, la obligación que vinculaba a la entidad en virtud de los contratos de aval se había extinguido al haberse novado la operación garantizada.
Al no alcanzarse ningún acuerdo con Bankia, la entidad financiera formuló la mencionada demanda de ejecución a la que el IVF se opuso y propuso pagar la mitad de la deuda generada por cada una de las partes. Caixabank, como sucesora de Bankia aceptó finalmente cancelar toda la responsabilidad del IVF por razón de los avales reafianzados a la Fundación Aulamar contra el pago de 1.572.272 euros.
Su nombre está asociado a la banca pública, donde lleva más de veinte años, y, desde hace unos meses, ostenta el cargo de director general del IVF, un puesto que conoce bien y desde el cual defiende las funciones del brazo financiero de la Generalitat
