Francis Puig, junto a su abogado a las puertas de la Ciudad de la Justicia. Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. El titular del juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha dirigido un escrito a los gobiernos valenciano y catalán para pedirles celeridad en la remisión de los informes relativos al caso Francis Puig que afecta al hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig.
El juez requirió hace meses a ambos ejecutivos un análisis de las ayudas públicas recibidas por el empresario y por sus socios, los Adell Bover, por parte de la Intervención. Pero ninguno lo ha hecho hasta la fecha.
La causa se inició tras una querella del PPCV e indaga en la posible adjudicación fraudulenta de subvenciones de la Generalitat Valenciana, de la catalana y del Gobierno de Aragón a las mercantiles Comunicacions dels Ports, Mas Mut, Canal Maestrat, Nova C.B y Kriol Produccions entre los años 2015 y 2018. Todas ellas están vinculadas a Francis Puig y los Adell Bover. Los populares denunciaron que no se cumplieron los requisitos exigidos.
La defensa del hermano del presidente de la Generalitat siempre ha insistido en que en este caso no hay fraude de subvenciones, entre otras cuestiones porque la suma de las cuantías supuestamente irregulares percibidas no alcanza los 120.000 euros que exige este tipo penal.
Desde que los investigados declararan en mayo del año pasado, la instrucción judicial ha tenido tímidos avances a la espera de los informes clave de la Generalitat Valenciana, la de Cataluña y la Guardia Civil (este último dirigido a comprobar la facturación aportada a las solicitudes de subvención con los proveedores).
El Gobierno catalán comunicó al juzgado que desistía de su análisis tras una conversación, pero éste le recuerda ahora que nunca le dijo tal cosa y se lo vuelve a requerir. En el caso del Ejecutivo valenciano, el magistrado, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, le recuerda que también falta el suyo y le solicita rapidez, de acuerdo con fuentes judiciales.
La Intervención de la Generalitat se puso como fecha de entrega del citado análisis el pasado febrero, plazo que lógicamente no ha cumplido. De hecho, ha transmitido al juzgado que el problema es que no le ha remitido los datos suficientes para elaborarlo y los cuales pidió a finales del pasado año.
En aquel escrito, solicitó obtener información relativa a las subvenciones públicas percibidas por Comunicacions dels Ports, Mas Mut, Canal Maestrat y Kriol Produccions. Concretamente, la siguiente: contratos laborales de los trabajadores imputados, nóminas de los trabajadores imputados, acreditación del pago bancario de las nóminas, relación nominal de trabajadores, recibo de liquidación de cotizaciones y retenciones e ingresos a cuenta del IRPF. También pidió determinados gastos acreditados mediante facturas, como un desglose de la relación de facturas aportadas en las cuentas justificativas identificando las que se dedicaron a las diferentes modalidades (radio, televisión, etc.); y cualquier contrato suscrito con los proveedores de las facturas justificadas entre los años 2015 y 2018.
La Intervención solicitó al juzgado que, a fin de agilizar la labor investigadora, remitiera de nuevo la documentación íntegra de todas las cuentas justificativas de las subvenciones para la promoción del valenciano presentadas por las cuatro empresas a la Generalitat junto a toda la que el juez haya requerido a las citadas mercantiles y que figure en la instrucción.
Recientemente, el magistrado volvió a prorrogar la instrucción a la espera de todos estos informes en una investigación que ya no puede avanzar si no es de esta manera y en la que ya existen duda de que lo haga ante la proximidad de las elecciones.
Los agentes ponen el foco en los gastos no subvencionables de las empresas, como el alquiler de la vivienda de otro de los hermanos Puig
