Mónica Oltra, en Les Corts Valencianes. Foto: EP/ROBER SOLSONAVALÈNCIA. El titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha solicitado ampliar 6 meses la investigación relativa a la gestión de la Conselleria de Igualdad de los abusos sexuales del exmarido de Mónica Oltra a una menor tutelada. El juez que indaga en si la que fuera vicepresidenta de la Generalitat y una quincena de cargos de su departamento pudieron obstaculizar el procedimiento judicial al respecto ha pedido a las partes que se pronuncien sobre esta posibilidad.
Las prórrogas suelen ser una decisión habitual en las instrucciones que siguen en marcha y en las cuales queda pendiente la práctica de diligencias. En esta parece totalmente lógico. Después de la comparecencia de Oltra, el juez llamó a declarar en calidad de imputados a Miquel Real, miembro del Gabinete de la consellera de Igualdad, Aitana Mas (era jefe de Gabinete de Oltra) y al secretario autonómico de Hacienda, Francesc Gamero. Todavía no hay fecha.
La exvicepresidenta mencionó a ambos en su interrogatorio, por lo que el juez quiere determinar su participación en el expediente iniciado por la Conselleria en agosto de 2017, paralelo al judicial y en el cual se incluyeron los informes del Instituto Espill que otorgaron poca credibilidad a la víctima.
El magistrado también ha de decidir si acepta, como ha pedido la Fiscalía, incorporar los correos electrónicos de los acusados en un periodo concreto de tiempo relacionado con las indagaciones: desde finales de febrero hasta mediados de marzo y desde finales de junio a mediados de agosto –o finales de noviembre en algún caso– de 2017. La intención sería la de intervenir aquellas comunicaciones que hagan explícita referencia a los hechos denunciados por la víctima o a las actuaciones en la Generalitat derivadas de la denuncia.
A ello se añade ahora que el juez ha citado a declarar como testigos a la víctima de los abusos, a su entonces pareja y a los padres de éste. Estas diligencias, y en el caso de los correos –si los incorpora– su posterior análisis, pueden llevar tiempo. Y cada paso judicial se mide en su consecuencia política.
Una prórroga de seis meses más de investigación –algo que es probable que ocurra ahora– no obliga a agotar este plazo, que se extiende hasta abril, y es frecuente. Pero evidencia que la instrucción no se va a resolver ya mismo, como esperan o pretenden en el seno de Compromís y parece descartado desde hace tiempo.
La coalición incluyó en su reglamento de primarias una cláusula que le permitiría recuperar a Oltra como cabeza de lista a la Generalitat hasta el último momento antes de las elecciones previstas para mayo de 2023. Y, aunque siguen su marcha en cuanto a candidaturas –Joan Baldoví ya anunció que se presentaba a este puesto–, Compromís vive con un ojo puesto de manera permanente en el desarrollo de la causa judicial con la esperanza de que llegue pronto un sobreseimiento para la exvicepresidenta. Algo que parece cada vez más complicado.
