El juicio de Erial, visto para sentencia: Zaplana y el duelo por la honorabilidad 

VALÈNCIA. Hay quien lo ha calificado como el juicio del lustro en la Comunitat Valenciana. Otros lo elevan, incluso, al de la década. Lo cierto es que el juicio del caso Erial, que quedó este jueves visto para sentencia tras dos meses de sesiones y con un duelo entre acusados por la honorabilidad, ha tenido una especial relevancia por muchos aspectos. El principal, por a quién ha sentado en el banquillo: el exministro de Trabajo y expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, un dirigente del PP todopoderoso en su momento y con gran influencia a cualquier nivel (también nacional). 

A la importancia del protagonista se le une el contenido de la causa. Los investigadores lo consideran a él y a su círculo más cercano de colaboradores como partícipes de una presunta trama creada para el cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 durante la gestión del exjefe del Consell, y del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, puesto en marcha en 2003. El objetivo habría sido desviar esas cantidades al extranjero a través de numerosas sociedades para blanquearlas y, posteriormente, retornarlas a España para beneficio propio. 

A ello se suma el papel que ha jugado cada acusado en un juicio marcado por las conformidades con la Fiscalía. La primera declaración de confesión, y realmente la más dura para Zaplana, fue la de Joaquín Barceló (conocido como 'Pachano'), amigo de la infancia. Se autodefinió como su testaferro y reconoció el uso de sociedades para gestionar millones de euros del exministro en el extranjero. Le siguieron Juan Francisco García –el exjefe de Gabinete del que fuera presidente de la Generalitat y mano derecha– y los hermanos Cotino –sobrinos del exdirector general de la Policía Juan Cotino. Relataron todo el plan de amaño de las ITV y las posteriores mordidas.  

Luego se añadieron testimonios secundarios, pero llamativos. Desde el comisario José Manuel Villarejo; hasta el autodenominado 'yonki del dinero', Marcos Benavent (ambos para afianzar la teoría del montaje de la causa contra Zaplana); pasando por Joaquín Torres, el arquitecto de los famosos. Y, por supuesto, las sesiones más dedicadas puramente a la investigación, con las declaraciones de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que trazaron de manera pormenorizada todo el entramado. Un juicio, en definitiva, que ha combinado el plano estrictamente jurídico con ciertas tramas paralelas y aderezos que lo han hecho atractivo. 

Los esfuerzos de Zaplana 

Todos los esfuerzos tanto del exministro como de su abogado, Daniel Campos, han ido dirigidos a sembrar dudas sobre los indicios y las pruebas que sustentan la acusación. También a intentar desmontar el cohecho –para que caigan el resto de delitos– y a anular el inicio del caso con los famosos 'papeles del sirio' (aquellos que aparecieron en un piso que ocupó Zaplana y que un ciudadano sirio entregó al exgerente de Imelsa Marcos Benavent y posteriormente fueron hallados en un registro de la Guardia Civil del despacho del abogado de este último).  

El que fuera jefe del Consell aseguró en su interrogatorio que no tenía dinero en el extranjero y que desconocía el entramado societario para desviar las comisiones; se desvinculó de las adjudicaciones de concursos públicos; y destacó que intermedió para ayudar a sus conocidos en operaciones pero nunca en beneficio propio.

Las versiones de unos y de otros han quedado claras. Las conformidades han complicado la estrategia judicial de Zaplana, que se ha defendido, como no podía ser de otra manera, hasta el último momento. Y en los recientes días el juicio se ha convertido en un duelo por la honorabilidad. Ocurrió el miércoles, con la exposición de los informes de conclusiones de los abogados, y ocurrió en los turnos de última palabra, que a su vez sacaron el lado más personal de los que fueran colegas.

El letrado del exministro cuestionó los pactos con la Fiscalía. "El único interés que había era buscar unas declaraciones que implicaran al señor Zaplana porque el fiscal sabía que la prueba que tenía era insuficiente para sostener la acusación", dijo. Además, criticó que se hicieran con "falta de transparencia" y "casi en la clandestinidad". Las palabras no sentaron bien a las defensas de los conformados. El abogado de Juan Francisco García, David González Wonham, haciendo referencia de manera reiterada a la palabra "honorable" (título con el que se llama al presidente de la Generalitat, Molt Honorable), afirmó que "cuando uno se equivoca lo honorable es admitirlo". "Mi cliente se equivocó aceptando unas instrucciones y un dinero que no le correspondía. Alteró un procedimiento (el de las ITV) que no fue competitivo", dijo. 

"Lo correcto y lo honorable es admitirlo y hacer lo imposible para minorar su responsabilidad. Imputar a algunas personas para exonerar a otras no es honorable ni justo, porque no es cierto. Estamos hablando de una persona que fue presidente de la Generalitat y presidente de un partido político. Sé de lo que hablo porque hace 30 años me dediqué a eso. Pensar que unos actuaron por libre albedrío aquí no ocurre. Y pensar que es más honorable confrontar con la Fiscalía que llegar a un acuerdo no lo puedo compartir", remarcó.

Réplica entre letrados

La honorabilidad volvió a surgir ayer jueves. Y esta vez no en boca de los letrados sino de los propios acusados en los turnos de última palabra. Comenzó Zaplana, realizando un alegato más político que jurídico en el que reivindicó su paso por la política: "Estos días, escuchando las pruebas practicadas y los relatos, ha sido imposible no recordar los tiempos dedicados a la vida pública, que casi coinciden en el tiempo con el periodo que se ha investigado. De toda esa etapa, los recuerdos gratos superan a los ingratos y los he intentado asumir con responsabilidad. En este momento difícil para mí, sigo manifestando mi satisfacción y orgullo por mis años de dedicación a la vida pública y a la presidencia de la Generalitat. Ha sido un privilegio, aunque su ejercicio me haya traído aquí". 

Zaplana indicó que a lo largo de este procedimiento "se ha querido trasladar una imagen y una idea de mí, de un grupo criminal que usa y abusa de sus relaciones personales". "Siempre me he tenido como buen amigo de mis amigos y cuando he podido hacer un favor lo he hecho sin ninguna contraprestación", añadió.

Pero Juan Francisco García se guardó la última bala. El que fuera su jefe de Gabinete durante siete años, su mano derecha, una persona de su entera confianza que sabe cómo trabajaron en los años que estuvieron al frente de la Generalitat (entre 1995 y 2002), quiso recogerlo por banda. Y eso pese a que en su interrogatorio en el juicio, aunque contó el amaño de las adjudicaciones, evitó atribuirle directamente a Zaplana el entramado extranjero creado para desviar las mordidas. 

A García tampoco le había sentado bien que el abogado del exministro cuestionara el día anterior su honorabilidad. Así que usó su momento para replicar. "Todo lo que declaré es absolutamente verdad. No son interpretaciones ni aseveraciones sobre aspectos que no haya conocido directamente. Desgraciadamente, participé en una serie de hechos que he reconocido como parte de la justicia restaurativa. Quiero estar tranquilo con mi conciencia y que nadie pueda decir que he mentido o que he sido inmoral", comentó. 

"Le sugerí a Zaplana que llegara a un acuerdo con la Fiscalía"

Insistió en que no le regaló dos millones de euros a Zaplana y apuntó que "difícilmente se puede entender" que realizara operaciones al margen de su superior. "Menos todavía", añadió, con Juan Cotino, quien en aquel momento "tenía acceso directo" al presidente de la Generalitat.  

"Ayer se nos dijo que las conformidades fueron clandestinas. La última vez que yo hablé con Zaplana fue en su domicilio en presencia de uno de los acusados. Le expliqué que estaba iniciando un proceso de acuerdo en este procedimiento y que como amigo suyo le recomendaba que hiciera lo mismo. Le dije que pensara en él, en su familia y en una serie de personas como Mitsouko, Elvira y Saturnino Suances o Paco 'El Gasofa" porque su suerte iba a estar ligada a él. Pero me dijo que no", relató.

Efectivamente, García es uno de los conformados. La Fiscalía ha pasado de pedirle 14 años de cárcel a menos de 2. Admitió que, por razones obvias, la amistad de 46 años con Zaplana se encuentra tocada en este momento y confió en recuperarla. Y así acabo el juicio del lustro, de la década o, simplemente, de este 2024: con las cuestiones personales de antiguos colaboradores y amigos aflorando para salvarse. Pasadas las 16.00 horas llegó el esperado "visto para sentencia" del presidente de la Sala, Pedro Castellano. Y el grupo se disolvió a la espera de su destino.