VALÈNCIA. El juicio del caso Erial que sienta al exministro Eduardo Zaplana en el banquillo –junto a 15 personas físicas y cuatro jurídicas– ha arrancado este jueves para suspenderse de manera inmediata. Lo ha hecho con un evidente nerviosismo del que también fuera presidente de la Generalitat, quien ha protagonizado un episodio de tensión, según los presentes en la sala. Al parecer, su considerado testaferro, Joaquín Barceló –alias 'Pachano'– se ha acercado a saludarle al finalizar la vista exprés, pero Zaplana le ha denegado el saludo y le ha dado la espalda con una actitud de desprecio.
El exministro ha llegado pasadas las 9.30 a la Ciudad de la Justicia. Había presentado una petición de suspensión del juicio después de que su letrado sufriera un infarto y haya tenido que ser intervenido de urgencia. La Fiscalía ha explicado que Zaplana no tiene representación letrada –algo con lo que no se pueden garantizar sus derechos fundamentales de defensa– y, por lo tanto, no podía dar inicio. Por ello interesaba la suspensión con una nueva fecha.
Ningún letrado de los acusados se ha opuesto y el tribunal ha acordado que quede fijado el próximo 21 de marzo. Algo que, sin embargo, y según las fuentes consultadas, tampoco parece del todo claro. Es posible que Zaplana vuelva a pedir de nuevo una suspensión por los plazos de recuperación de su abogado debido a su estado de salud. La pregunta es qué podría ocurrir entonces. Y una opción es que acabara teniendo que cambiar de letrado –lo lógico es que uno del mismo despacho del actual lo asumiera– si el tribunal decidiera no aplazarlo más (sería ya la tercera vez).
Mientras todo esto ocurre, la posibilidad de conformidades de algunos acusados sobrevuela estos días. Aun así, todo queda en el aire puesto que un acuerdo debe concretarse en el mismo juicio. Algunas fuentes cercanas a la causa apuntan a las de la familia Cotino: Vicente y José, sobrinos del que fuera director de la Policía Nacional Juan Cotino (fallecido en 2020).
Ambos son considerados, por parte de los investigadores, como parte del círculo más cercano de Zaplana y partícipes de la presunta trama creada para el cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana, y del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, puesto en marcha en 2003. El objetivo habría sido desviar esas cantidades al extranjero a través de numerosas sociedades para blanquearlas y, posteriormente, retornarlas a España. En total, ese desvío de dinero se cuantifica en 20,6 millones de euros.
La jueza instructora de esta causa concluyó que el exministro se apoyó para "obtener ganancias ilícitas" en un núcleo duro de colaboradores, entre ellos la familia Cotino. En su escrito de acusación, la Fiscalía detalló que la Sociedad Proyectos Eólicos Valencianos fue constituida por Vicente Cotino para acudir al concurso público de concesión de zonas de parques eólicos, obteniendo tres de ellas. Para dicha adjudicación "amañada" cree que existió un concierto entre Zaplana y Juan Cotino.
La organización diseñada, de acuerdo con Anticorrupción, empleaba sociedades radicadas en el extranjero, en diferentes países, y creadas con el propósito "tanto de recibir los sobornos por las adjudicaciones predeterminadas como de ocultar el origen ilícito de los bienes contribuyendo a su transformación e integración posterior en el circuito económico".
Para este fin, el núcleo de colaboradores de Zaplana se concertó con Vicente, José y Juan Cotino, según la Fiscalía. Los dos primeros formaban parte del grupo Sedesa y crearon una estructura societaria para obtener la primera fase de las adjudicaciones amañadas de las concesiones públicas. Y todos ellos crearon, a su vez, otra estructura societaria en España y en Luxemburgo para ocultar el dinero procedente de los sobornos.
La venta de las participaciones de las empresas adjudicatarias de las ITV y de los parques eólicos reportó al grupo Sedesa, en las diferentes sociedades controladas por los Cotino, la cantidad de 86,5 millones de euros, según cuantificó Anticorrupción.
El papel de esta familia también habría sido clave en la salida del dinero de las comisiones al extranjero. La investigación apuntó a que Juan Cotino entregó 640.000 euros en efectivo para la creación la empresa matriz de toda la red, Imison Internacional, radicada en Luxemburgo.
No se trataría de la primera vez que llegan a un acuerdo con Anticorrupción. En 2018, la Audiencia Nacional sustituyó las condenas de prisión por multas para los nueve empresarios juzgados por la financiación en B del PP valenciano dentro del caso Gürtel, entre los cuales se encontraba Vicente Cotino, después de que confesaran haber financiado de forma irregular las campañas electorales de los años 2007 y 2008.
Su posible acuerdo podría haber precipitado otros, según las mismas fuentes. Uno de ellos, precisamente, el de Joaquín Barceló. Otro podría ser el del exjefe de Gabinete de Zaplana, Juan Francisco García.
De acuerdo con los investigadores, Zaplana hizo al primero que figurase con su nombre en sociedades creadas de las que sería administrador, tanto en España como en el extranjero, en cuentas corrientes, quedando el exministro de esta forma al margen formalmente y libre de responsabilidades mientras recibía importantes beneficios económicos.