Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El juzgado de Instrucción número 9 de València ha acordado el sobreseimiento provisional de la investigación del incendio de Campanar a la espera de que concluyan los análisis policiales oportunos, que continúan con el objetivo de esclarecer el origen concreto del fuego.
La Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia ha comunicado al juzgado que las primeras conclusiones permiten descartar el origen criminal o delictivo en el incendio que se propagó por los dos edificios. Motivo por el que el juez ha decidido el archivo al no apreciar indicios de delito.
Al tratarse de un archivo provisional, la investigación se podría retomar en cualquier momento si existen nuevos elementos que apuntaran a responsabilidades penales. De hecho, las indagaciones de la Policía siguen adelante. Pero en este punto se descartan.
"No concurriendo, tras las debidas investigaciones, la existencia de presunta responsabilidad penal que justifique la competencia del juzgado que contrae su conocimiento a los delitos o indicios de criminalidad, en la materia penal que le es propia, es por lo que debe procederse al sobreseimiento provisional de las presentes actuaciones", expone el auto del juez.
Esta decisión, prosigue, resulta "plenamente de aplicación". "Si bien es cierto que el juzgado con competencia penal lo es también en materia civil, ello ocurre únicamente si se da la previa o coetánea existencia de delito o indicio delictivo. Y así, como consecuencia de la comisión de delito, nace, se deriva directamente, la responsabilidad civil. Sin embargo, esa investigación en la vía jurisdiccional penal, como es el caso de los juzgados de Instrucción, no puede mantenerse de forma autónoma sólo en materia civil sin la coexistencia de delito", argumenta.
Las investigaciones practicadas, reitera el juez, han descartado la existencia de delito o de presunto delito en el origen del incendio. "No existen los indicios para poder concluir que haya alguna persona responsable criminalmente de este fuego. Las causas finales, dentro del ámbito de la responsabilidad civil, si se diera ésta o finalmente fuera determinada la causa como hecho fortuito, habrán de ser oportunamente resueltas fuera del ámbito jurisdiccional penal. Y es, también, dentro de estos parámetros, que la presente decisión debe ser tomada con la misma celeridad que desde el principio de la investigación para no perder cualquier aspecto que sea relevante y ayude a dar la solución final a la tragedia padecida", indica.
El juez, que ha levantado el secreto de la causa, también autoriza el acceso al edificio siniestrado de los peritos de las compañías aseguradoras que acrediten un contrato de seguro con alguno de los elementos del inmueble bajo supervisión y con acompañamiento de agentes de la Policía Científica.
El magistrado destaca que declaró secreto el sumario en el inicio del procedimiento "vista la gran repercusión que este luctuoso acontecimiento había causado en la sociedad" y, de esta forma, "guardar toda cautela a la hora de comenzar a actuar de la forma más profesional y ordenada, protegiendo la práctica de diligencias de toda índole –policial y procesal–" ante "la gravedad, aún desconocida pero de gigantescas consecuencias, que ya desde el primer momento era perceptible".
Este secreto, defiende, ha permitido una coordinación del Ministerio Fiscal, los miembros de la Policía Judicial, la Brigada de Homicidios, la Policía Cientifica, el servicio de bomberos, la UME, las Unidades de Ayuda a la Víctima y las demás autoridades. El "primer gran éxito" de esa acción coordinada, comenta, "ha sido sin duda poder identificar las víctimas mortales y, a la mayor brevedad posible, poder devolver los objetos y enseres personales que portaban en el triste momento de su fallecimiento; recibirlos en comparecencia en el juzgado; preparar sus papeles; y facilitar el enterramiento o incineración permitiendo el descanso moral de los familiares".
También facilitó, afirma, permitir a los titulares u ocupantes de las viviendas siniestradas que pudieran recuperar sus vehículos y que fueran atendidos por los servicios de personal sanitario y psicólogos.
Pasado todo esto, resultaba necesario tomar la decisión sobre la continuidad de la causa en la vía penal, algo que desde el principio se antojaba complicado.
