Joa Baldoví y Carlos Mazón, en el Palau de la Generalitat. Foto: EP/Rober SolsonaVALÈNCIA. La tramitación de la ley de Trato Justo en Les Corts ya da para varios capítulos cuando apenas ha empezado su andadura. Primero, hasta el pasado jueves el PP no dio a conocer el sentido definitivo de su voto ante las dudas que le suscitaba el texto de Compromís. A ello se une que este miércoles la Mesa del Parlamento autonómico tuvo que publicarlo a última hora en el Boletín Oficial de Les Corts tras la advertencia de la coalición del riesgo de los plazos, pues provocaban que la tramitación y debate de la proposición se pudieran dilatar hasta más allá de septiembre.
La ley impulsada por Compromís contiene tres reivindicaciones: la reforma del sistema de financiación autonómica; la aprobación urgente, mientras tanto, de un fondo de nivelación –un mecanismo transitorio con el que se reparte dinero entre las comunidades peor financiadas para que puedan acercarse a la media del conjunto de territorios–; y la regularización de la deuda histórica. Su intención es presentarla en el Congreso una vez pase por Les Corts.
El síndic de Compromís, Joan Baldoví, se reunió con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en lo que se interpretó como una pinza. Tras aquel encuentro, trasladó que el acuerdo con el dirigente popular consistía en llevar la proposición primero al Parlamento autonómico para consensuarla entre todos los grupos posibles al tratarse de una reivindicación histórica valenciana.
El PP quería entrar en una estrategia conjunta con Compromís en este asunto con la que, de paso, desgastar al PSPV dado que el Gobierno central no está abordando la reforma de la financiación autonómica. Pero a su vez, los populares no estaban en absoluto convencidos de la propuesta de la coalición porque un informe de la Conselleria de Hacienda alertó de numerosas deficiencias jurídicas. Algo que suponía, a juicio del PP, que existiera un considerable riesgo de que no pasara el filtro de admisión a trámite en el Congreso. De hecho, es probable que, como es habitual en este tipo de casos, la Mesa de la Cámara Baja deje la proposición dormida sine die y sin dar su luz verde a que entre.
Ante tal situación, los populares tuvieron dudas de qué hacer en Les Corts. Pese a las deficiencias jurídicas, un voto en contra de la tramitación del texto daría la imagen de que Mazón se estaba echando para atrás. Así que el PP la acabó apoyando.
El pleno en el que tuvo lugar se celebró la semana pasada. Lo normal en los días siguientes es que la proposición se publique en el Boletín Oficial de Les Corts. Ayer martes apareció a primera hora la ley de Accesibilidad Universal, cuya tramitación fue aprobada en la misma sesión que la de Trato Justo. Sin embargo, esta última no había sido publicada.
En Compromís saltaron las alarmas por si se trataba de una maniobra del PP. ¿Y cuál era el problema, exactamente? Radicaba en los plazos. La Mesa de la Cámara abrió el correspondiente a la presentación de enmiendas. Al ser una ley que se tramita por el procedimiento de urgencia, para ello hay ocho días hábiles en lugar de los 15 de los textos que van por la vía ordinaria. Pero esa cuenta atrás no comienza hasta que el texto está publicado en el Boletín Oficial de Les Corts.
Si se contaban los días, ocurría que en el caso de que el texto ya apareciera este jueves no daba tiempo a presentar las enmiendas en el actual periodo de sesiones, que finaliza el próximo 15 de julio. Eso significaba que todo se posponía al reinicio de la actividad en la Cámara a mediados de septiembre. La intención de Baldoví era que la ley estuviera aprobada el 9 d'Octubre, día de la Comunitat Valenciana, como fecha simbólica. Nadie sabe si eso será posible, pero desde luego con los plazos dilatados quedaba descartado. A lo que se sumaba la incoherencia de la tramitación por procedimiento de urgencia cuando se iba a abordar, con la calma, ya después del verano.
Baldoví decidió entonces dirigir un escrito este miércoles a la presidenta de Les Corts, Llanos Massó (Vox), dejando constancia de lo ocurrido: que el Boletín Oficial no llevaba la ley después de que la Mesa lo tramitara el martes; que esto provocaba que no se abriera cuando correspondía el periodo de enmiendas; y que todo ello generaba "una dilación innecesaria en la tramitación de la iniciativa legislativa contraviniendo la voluntad manifestada por la mayoría de grupos parlamentarios de atender esta cuestión con la máxima celeridad".
Aunque desde la coalición no quisieron apuntar al PP, las sospechas se dirigían a ellos dado que Vox se mantiene al margen de esta ley. Como por arte de magia, la proposición apareció en el Boletín Oficial pocas horas después de que Compromís registrara su escrito. El plazo para presentar enmiendas finaliza, por tanto, el día 15, última día del actual periodo de sesiones. Y aquí no ha pasado nada y todo en orden. El siguiente lío, en próximos capítulos.
