El nuevo decreto de viviendas turísticas endurece sanciones y otorga "mayor autonomía" a los ayuntamientos

Todas las viviendas que se comercialicen tendrán que cumplir con la normativa de habitabilidad y los códigos de edificación vigentes y se les exigirá algunos elementos adicionales para mejorar la calidad del servicio que presten a los turistas.

Mejora en los servicios de inspección

Se incluye también la obligación de identificar a las personas que se van a alojar en la vivienda de uso turístico y se podrá desalojar a los usuarios que incumplan las normas de la vivienda de uso turístico en las que se alojen sin derecho a reembolso.

Además, este decreto prevé mejorar los servicios de inspección mediante el uso de inteligencia artificial para detectar apartamentos ilegales y se llevarán a cabo campañas de sensibilización para que los propietarios inscriban las propiedades en el Registro.

También profundizará en la colaboración público-privada con plataformas de reservas en coordinación con los ayuntamientos, la Policía de la Generalitat y los Cuerpos de Policía Local para detectar las viviendas irregulares.

Asimismo, Nuria Montes ha indicado que se establecen tres escenarios entre los diferentes regímenes transitorios. En primer lugar, las viviendas de uso turístico utilizadas antes del 1 de julio de 2018 mantendrán su inscripción en los mismos términos en que las obtenían.

El segundo régimen transitorio sería para las viviendas autorizadas entre el 7 de julio de 2018 y la entrada en vigor de este decreto ley que mantendrán su inscripción pero tienen un plazo de cinco años para adaptarse a los requisitos de calidad de servicio y en 2030 tendrán que renovar la declaración responsable con la aprobación del nuevo informe de compatibilidad urbanística.

El tercer régimen será el de las viviendas autorizadas a partir de la entrada de este nuevo decreto ley, "que será el día siguiente de su implementación en el DOGV, posiblemente la próxima semana", ha indicado la consellera.

Así, quedarán inmersas en el nuevo régimen de manera que también tendrán que renovar su declaración responsable cada cinco años con la aprobación del informe de incompatibilidad urbanística, así como de certificado vigente de su comunidad de propietarios.

De este modo, Montes ha explicado que, si durante este periodo de cinco años la comunidad de vecino quisiera cambiar sus estatutos en ese sentido, el inmueble podría quedar excluido del tránsito turístico.

Aportar rigor y seguridad al sector

Por su parte, el jefe del Consell ha destacado "el dialogo y el consenso alcanzado con todos los actores para ordenar, aportar rigor y dar seguridad a la gestión adecuada del mercado de las viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana".

En este sentido, ha explicado que este acuerdo normativo al que ha dado el nombre de "'decreto Montes'" se ha elaborado con el sector, sindicatos, asociaciones de consumidores, operadores, plataformas de reservas y 71 municipios turísticos. "Con este marco legal aportamos seguridad y certeza, y avanzamos en nuestro modelo de turismo sostenible que no renuncia a nada ni condena a nadie", ha aseverado.

Asimismo, ha reiterado su compromiso con el sector para que "nuestro turismo siga siendo el mejor en oferta, sostenibilidad medioambiental, impacto económico y social". Así, ha recordado que la industria turística supone casi el 16% del PIB y el empleo en la Comunitat Valenciana, y contribuye con el 12% al total del sector en España.

Para el 'president', este decreto "pone orden, sensatez, diálogo y verdad a un sector estratégico para la Comunitat Valenciana frente a los últimos ocho años de desorden, ocurrencias e imposiciones".

En este sentido, ha recordado que "mientras una parte del anterior Consell fomentaba la turismofobia y ponía palos en las ruedas del sector, otra permitía que el número de viviendas turísticas aumentara, sin orden, en un 160%". Según los datos facilitados por la administración, el número de viviendas turísticas registradas ha pasado de las 38.319 en 2015 a 105.111 a fecha de 15 de julio.

A este respeto, ha señalado que "ese crecimiento desordenado genera efectos nocivos" y ha asegurado que con este decreto "llegamos a tiempo para evitar que las disfunciones sociales y de convivencia se conviertan en problemas graves".

Y ha reclamado al Gobierno central que convoque la Conferencia Sectorial. "Hay que buscar una respuesta unitaria y una estrategia común", ha apuntado.

Compromís: "Una operación de marketing político"

Ante esto, la diputada de Compromís y portavoz de Vivienda en las Corts, Maria Josep Calabuig, ha afirmado que el nuevo decreto de regulación de viviendas de uso turístico presentado este jueves "es solo una operación vacía de marketing político y una oportunidad perdida de aportar soluciones al impacto negativo que la proliferación de pisos turísticos está teniendo en el acceso a la vivienda de buena parte de la población".

Al respecto, señala que el decreto presentado "no tiene medidas reales y efectivas" para limitar nuevas licencias de pisos turísticos y actuar contra los alquileres turísticos ilegales que están "proliferando" en edificios residenciales de nuestras ciudades.

Además, critica que "tampoco establece ningún refuerzo y aumento de la inspección" para "revertir a mínimos "la existencia de estos pisos turísticos, "más allá de desentenderse de esa responsabilidad a nivel autonómico y pasarle la pelota a los ayuntamientos".

Para Calabuig "la respuesta ciudadana ante la expulsión masiva de vecinos y vecinas de nuestros barrios ha hecho mover ficha al gobierno de Mazón, pero para no hacer nada realmente cuando dacen falta medidas para frenar la especulación urbanística e inmobiliaria". "La presencia de grandes tenedores de vivienda y de los fondos buitre están generando un grave impacto en el mercado de alquiler, acelerando la crisis de vivienda en todo el territorio y ante esto el PP ha decidido mirar hacia otro lado", le repracha.

Por contra, mantiene que lo que "realmente hacen falta son medidas de regulación del alquiler que cambien completamente el modelo, como la declaración de zonas tensionadas que permite la legislación vigente para limitar los precios y que Mazón se niega a aplicar".

En ese sentido, constata que están comprándose edificios enteros para uso turístico "sin ningún orden, se están llenando las fincas residenciales de apartamentos turísticos sin tener en cuenta al vecindario y esto tiene consecuencias negativas para toda la sociedad". "El PP no quiere entender que la actividad turística no puede desarrollarse en competencia del derecho a la vivienda y mientras no se actúe en ese sentido el problema no hará más que aumentar", concluye.