VALÈNCIA. Las administraciones, por lo general, han empezado ya los trabajos previos a la elaboración de los presupuestos anuales para el próximo año. Una tarea ya de por sí compleja, especialmente teniendo en cuenta que vuelven a ser de aplicación las reglas fiscales tras el impás pospandémico. Pero además, los alcaldes se encuentran con una nueva encrucijada: el año que viene tendrán que empezar a cobrar a sus vecinos una nueva tasa municipal de basuras, a la que obliga la nueva normativa estatal a partir de una directiva 'verde' europea. Así pues, los ayuntamientos ya estudian cómo aplicarla.
La puesta en marcha del nuevo gravamen es una obligación para todos los consistorios, tal como refleja la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que desarrolla una directiva europea y que entró en vigor en abril de 2022. Sin embargo, aunque sea una imposición para los municipios, lo cierto es que su cobro no deja de ser una medida impopular, al añadir una tasa más a la nómina de gravámenes que recaudan los ayuntamientos.
Según la mencionada ley, en una de sus disposiciones, las entidades locales tienen que establecer "una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributaria" que permita implantar "sistemas de pago por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos".
La filosofía detrás del nuevo gravamen es la idea de hacer responsable de los residuos a su productor directo, siguiendo el principio de "quien contamina, paga". En ese sentido, la ley subraya que "los costes relativos a la gestión de los residuos, incluidos los costes correspondientes a la infraestructura necesaria y a su funcionamiento, así como los costes relativos a los impactos medioambientales y en particular los de las emisiones de gases de efecto invernadero, tendrán que ser sufragados por el productor inicial de residuos, por el poseedor actual o por el anterior poseedor de residuos".
Precisamente por todo ello se busca que la tasa refleje el coste del servicio y sea "específica, diferenciada y no deficitaria". En ese sentido, los ayuntamientos deben ingresar al menos lo que cuesta el servicio de recogida y transporte de residuos, y debe cobrarse de manera diferenciada al resto de tasas como por ejemplo la Tamer. Según diferentes fuentes consultadas, y por poner algunos ejemplos, para el Ayuntamiento de Torrent supondría un ingreso de alrededor de cuatro millones de euros, mientras que en el caso del Ayuntamiento de València, el impuesto recaudaría unos 40 millones de euros anuales.
La ley daba tres años a los ayuntamientos para poner en marcha esta tasa. Por lo que debe estar en funcionamiento antes de abril de 2025, a riesgo de sanciones por parte de la Unión Europea a España si el país no cumple. En ese sentido, los ayuntamientos ya trabajan para dejarla prevista en los presupuestos anuales del próximo año. A partir de ahora, desde los consistorios se buscan fórmulas para ejecutar su cobro, bien intentando integrarla en otros recibos o con un recibo propio.
En cuanto al cálculo, está previsto que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico pueda realizar estudios para obtener información sobre los criterios para la contabilización de los costes del servicio a cubrir, especialmente los relativos a impactos ambientales y a emisiones de gases de efecto invernadero. Con todo, es cierto que la normativa prevé ciertas particularidades.
Así, por ejemplo, se podrá contemplar bonificaciones si se realizan prácticas de compostaje doméstico o comunitario o de separación y recogida separada de materia orgánica compostable, también por la participación en recogidas separadas para la posterior preparación para la reutilización y reciclado, o para las personas y las unidades familiares en situación de riesgo de exclusión social.
El pasado mes de mayo, la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (ANIHPL) propuso reformar la regulación de la nueva tasa de basuras para "evitar el caos en los ayuntamientos" en torno a este tributo. A su juicio, la actual regulación es "escasa e ineficiente" y provocará más incertidumbre en capítulos como el cálculo de la cantidad que tienen que abonar los contribuyentes o la aplicación del pago por generación. Así, la asociación recordó que es la primera vez en la historia de la tributación local que se está ante una tasa de imposición obligatoria, que debe sufragar el 100% del coste del servicio y que no tiene que ser deficitaria.
Asimismo, respecto al principio de que el que contamina paga, la asociación aseguró que el legislador medioambiental, "en un claro ejercicio de desconocimiento de la realidad tributaria local", aboca a los entes locales a "una extraordinaria inseguridad jurídica", especialmente ante la "cuantificación de la cuota concreta a abonar por cada contribuyente". Así, y atendiento estas advertencias, la aplicación del nuevo gravamen puede conllevar una elevada litigiosidad.
