VALÈNCIA. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, anunció este sábado la constitución de cinco grupos de "respuesta inmediata" ante la crisis ocasionada en Valencia y su área metropolitana como consecuencia de la Dana del pasado martes. Un plan para el que solicitó, además, la inclusión de diferentes ministros del gobierno en cada uno de ellos.
Una propuesta que aceptó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que compareció posteriormente, si bien fuentes del gobierno matizaron que el Ejecutivo central "participará en los grupos de trabajo de la Generalitat con ministros, secretarios de Estado o demás técnicos, en función de las necesidades".
El jefe del Consell buscaba así mostrar una reacción y una anticipación al duro 'día después' al que se enfrenta la comarca de l'Horta Sud, después de las críticas recibidas por su tardanza en pedir la presencia de miles de efectivos del Ejército en las zonas más afectadas.
En los planes que acompañan a los cinco grupos de "respuesta inmediata" destacan una serie de medidas de carácter económico para hacer más llevadera la situación a empresas, autónomos y trabajadores. En muchos casos, son medidas que deberá aprobar el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Mazón señaló que el objetivo es habilitar "todos los instrumentos legales para compatibilizar los necesarios y urgentes Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE)". Así, pidió la activación de oficio de los ERTE de fuerza mayor; la no exigencia del periodo de carencia para la prestación por desempleo; no consumo del periodo de desempleo durante el ERTE; la exoneración de la cotización a la Seguridad Social en el ERTE, o la bonificación del 100% de la Seguridad Social de trabajadores activos en empresas.
En la misma línea, solicitó el anticipo de la prestación de ERTE; el control ERTEs de oficio durante los meses posteriores; la bonificación de las cuotas de la Seguridad Social tras la reactivación parcial o total de la actividad; exenciones fiscales y ayudas a empresas afectadas; y deducciones fiscales en IRPF por las donaciones a los afectados.
Para los autónomos y agricultores reclamó las mismas medidas, pero referido a la prestación por cese de actividad. Adicionalmente, solicitó la prestación extraordinaria por cese de actividad para todos los autónomos afectados; el aplazamiento de impuestos y cotizaciones sin intereses; la suspensión del segundo pago de la renta de 2023 para todos los autónomos afectados; el establecimiento urgente de una línea de créditos ICO, o la supresión de intereses, recargos y sanciones para los afectados.
En la misma línea, pidió ayudas directas urgentes de hasta 6.000 euros para los autónomos; reducción de módulos; suspensión de las obligaciones de información y de notificaciones electrónicas de la Administración; establecimiento de nuevo calendario fiscal; suspensión o congelación de los vencimientos de operaciones financieras bancarias. "Estas ayudas deben ser extendidas a personas autónomas que, aún no teniendo actividad, se han visto también afectadas", subrayó.
También pidió al Gobierno la habilitación legal para poner en marcha el teletrabajo, "allá donde se pueda", y afirmó que en la parte de competencia autonómica "ya están en marcha las órdenes para que así sea".