Grupo del PP en Les Corts. Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. El bloqueo en la renovación de los órganos estatutarios de la Comunitat Valenciana es uno de los principales asuntos que debe abordar el PP en el comienzo de año a la espera de que Les Corts reinicien su actividad ordinaria. La intención inicial sigue siendo la de llegar a consensos con la oposición, aunque en algunos casos los populares ya se plantean abordar nombramientos sin contar con la izquierda.
En este momento hay cuatro entes que se encuentran en funciones: la Sindicatura de Comptes, el Consell Jurídic Consultiu, el Consell de Transparencia y el Consell Valencià de Cultura. Algunos de estos órganos resultan clave para el correcto funcionamiento de la administración valenciana, pero los partidos han sido incapaces de desbloquearlos en los últimos años.
En el inicio del nuevo curso político, el PP retomó las conversaciones con la oposición, aunque se frenaron. Posteriormente, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, incluyó los órganos estatutarios en la oferta de pactos sobre agenda valenciana que desplegó ante el PSPV y Compromís. Ambos lo rechazaron como era previsible, por lo que volvió a quedar todo en el aire.
Ahora, los populares tendrán que ponerse de nuevo manos a la obra. La idea sigue siendo la de llegar a entendimiento con la oposición, puesto que varios de los nombramientos de los máximos cargos de estos órganos requieren de mayorías en las que es necesario el apoyo de alguno de los partidos de izquierdas.
Aquí el PP confía en un acuerdo con Compromís, al cual los populares han señalado como socio preferente de la oposición ante las reticencias del PSPV a pactar con ellos. A lo que se une la situación de interinidad que atraviesan los socialistas a la espera de contar con nuevo líder, algo que complica cualquier interlocución.
La cuestión es qué ocurre si no hay acuerdo a corto plazo. Y aquí el plan del PP parece que pasa por resolver aquello que pueda en solitario, según admiten fuentes del partido. Todo apunta a que, por ejemplo, aborden de manera inmediata la presidencia del Consell Jurídic Consultiu –el órgano encargado de velar por la legalidad normativa y de actuación de la Administración autonómica–.
Desde el PP señalan que existe una "alegalidad" por el nombramiento de Margarita Soler como presidenta que en su día ya fue recurrido y que requiere "una solución inmediata". "Lo mejor sería afrontar en consenso una renovación de todo el Consell Jurídic, pero las cosas no pueden estar paradas eternamente. Si no hay voluntad de las demás fuerzas políticas, se tendrá que resolver al menos esa situación que consideramos que no se ajusta a la ley, que fue el nombramiento de la actual presidenta", indican.
De acuerdo con la ley, dentro de la designación de los seis miembros que componen el Consell Jurídic Consultiu, dos nombramientos corresponden al Consell y cuatro a Les Corts. En este último caso por mayoría de tres quintas partes, de manera que son necesarios los votos de un grupo de la oposición.
Ahora bien, respecto a la presidencia, será elegida entre los miembros no natos del Consell que se propongan por votación secreta. En caso de que ninguna de las personas propuestas consiguiera mayoría absoluta, se realizará una segunda votación entre las personas más votadas, donde saldrá elegida la persona que haya conseguido más votos. Si se diera un empate, la presidencia será elegida mediante un sorteo entre las personas que hayan obtenido más apoyos en la primera votación. Después de esta elección, se procederá a su nombramiento a cargo del presidente de la Generalitat.
