Mónica Oltra y Carlos Mazón, durante una reunión. Foto: RAFA MOLINAVALÈNCIA. La 'número dos' del PPCV, María José Catalá, anunciaba hace aproximadamente mes y medio que el partido estudiaba la personación en la causa que afecta a la exvicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra. Una decisión que parecía entonces estar tomada a falta de los trámites pertinentes, pero que a día de hoy todavía no se ha producido debido a las dudas que genera, tal como admiten fuentes oficiales. De hecho, puede que no lo haga.
La investigación contra varios cargos de la Conselleria de Igualdad por la gestión de los abusos sexuales del exmarido de Oltra a una menor tutelada lleva varios meses en marcha por parte del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia. Aunque el pasado octubre decidió sobreseer provisionalmente las actuaciones, la Audiencia Provincial ordenó reabrirla. El juez tomó entonces declaración a hasta 13 funcionarios en calidad de imputados.
Después de los interrogatorios, llegó un momento en el Oltra debía ser llamada a declarar como investigada para "ser oída". Dada su condición de aforada, el magistrado elevó en abril una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) porque entendía que existían "hechos presuntamente delictivos" atribuidos a ella y al resto de funcionarios. El 16 de junio, y tras un duro informe de la Fiscalía de la Comunitat Valenciana, el TSJCV decidía imputar a Oltra por obstaculizar la investigación de los abusos, con sospechas de ocultación y encubrimiento. Pasados cinco días dimitió.
Mientras toda esta cronología de avances judiciales ocurría, el PPCV no se ha personado. Y que ahora, finalmente, decidiera no hacerlo parecería lo lógico para no pocas voces dentro del partido, que reconocen no comprender por qué no se hizo "cuando tocaba". Con la exvicepresidenta investigada y dimitida, hay quien piensa que ya carece de sentido pese a que el propio líder de los populares valencianos, Carlos Mazón, incluso lo comentara en la última Junta Directiva Regional de hace dos semanas.
En la causa figuran tres acusaciones: la de la fundadora de Vox Cristina Seguí –quien interpuso la querella inicial contra Oltra–, la del dirigente de España 2000 José Luis Roberto –quien representa a la chica abusada y presentó una querella pero contra varios cargos de Igualdad– y Vox –que se sumó pasado el tiempo–. Algo que ha servido a Compromís para llevar el discurso de que se trataba de una cacería de la extrema derecha pese a todos los pronunciamientos judiciales posteriores.
El PPCV habría sido, en caso de haberse personado, la cuarta acusación. Pero precisamente el hecho de figurar con las anteriores –y que se les relacionara con ellas a nivel de imagen cuando ya habían capitalizado el asunto– podría haber influido en esa indecisión que ha arrastrado el partido.
El partido llegó a gestionarlo, aseguran varias fuentes. En este tipo de asuntos, es Madrid quien autoriza la acción penal cuando considera que existe justificación. Se solicitó. Pero los pasos se fueron dando lentamente. En este momento, sin haber podido ejercer acción penal contra una Oltra investigada y dimitida, deja de ser para muchos razonable aunque el procedimiento se pudiera alargar durante un tiempo.
La posición del PPCV contrasta con la llevada en otras causas similares como la relativa al presunto fraude de subvenciones en la que se encuentra imputado Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Las indagaciones partieron de una denuncia presentada por la diputada Eva Ortiz en la etapa de Isabel Bonig al frente de los populares valencianos.
Tras la renuncia de Oltra y su pérdida de la condición de aforada, el TSJCV ha devuelto la causa al juzgado de Instrucción, que tendrá que llamarla a declarar próximamente (puede que este mismo mes). Los siguientes pasos quedan en el aire. Si el juez siguiera ordenando diligencias –ya después del verano- a raíz de su comparecencia y la instrucción se alargara varios meses más, sería muy complicado que un archivo para la exvicepresidenta de la Generalitat llegara antes de las elecciones autonómicas (el escenario más deseable para ella). Todo desde ahora es una incógnita y dependerá de la dilación de la investigación y de si acaba o no en juicio.
