VALÈNCIA. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, manifestó públicamente este miércoles que las comunidades autónomas gobernadas por su formación -que en cinco de ellas lo hacen en alianza con Vox- sí acogerán a menores migrantes no acompañados, dentro del cupo de 347 niños establecido por el Gobierno. Unas manifestaciones del líder popular que desafían al máximo responsable de Vox, Santiago Abascal, que ha reiterado en los últimos días que si el PP daba luz verde a la acogida de estos menores rompería los pactos de gobierno existentes en cinco regiones; una de ellas la valenciana.
Una postura que Núñez Feijóo condicionó a la asunción de los gastos requeridos por parte del Gobierno central y que el líder del PP circunscribió, además, al acuerdo alcanzado en 2022. Es decir, los populares asumen la llegada de menores en función de aquel pacto pero se desmarcan -o al menos no concretan su postura- de la intención del Ejecutivo de Pedro Sánchez de reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería, que tiene como objetivo un incremento en el reparto entre las Comunidades Autónomas (CCAA) y que deje de ser un hecho puntual sino estructural, dado que se estiman en 3.000 los menores que deben ser resituados. De hecho, la reunión de la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia celebrada este miércoles entre Gobierno de España y CCAA, terminó sin un pronunciamiento de las regiones dominadas por el PP.
"No se puede amenazar a nadie por cumplir su deber", expresó Feijóo al ser preguntado por la advertencia de Vox de romper los gobiernos autonómicos, para recalcar que seguirán siendo "solidarios" y recordar que las CCAA que gestiona el PP atiende actualmente a más de 5.000 menores, "que es más o menos el 80% del total que hay en centros de acogida en España". El líder del PP fue más allá e incluso se permitió deslizar un comentario que apunta a considerar las palabras de Abascal como una mera bravata. "Estamos cumpliendo taxativamente los compromisos de un partido de Estado y también estamos cumpliendo taxativamente los acuerdos de estabilidad entre comunidades autónomas en las que gestiona Vox y también decirle a los responsables de Vox que en las propias comunidades donde están gestionando ya hemos acogido menores", puntualizó, en lo que podría interpretarse casi como una provocación.
Una posición que, inevitablemente, desafía a lo expresado por Abascal a principios de semana, cuando rechazó cualquier reparto y se mostró taxativo a la hora de vincular la inseguridad a la llegada de menores migrantes. "Los españoles están hartos de ser víctimas de agresiones, de machetazos, de robos y de violaciones casi siempre a manos de los mismos, que son los ilegales que el PP y el PSOE insisten en traer a España", afirmó, para asegurar que daría por "rotos" los pactos de gobierno en las autonomías si los populares acogían a menores migrantes. Las palabras gruesas del presidente de Vox, que avisó a finales de junio pero que redobló el pasado lunes, le sitúan ahora antes la decisión de cumplir su palabra y romper los pactos de gobierno con el PP, o buscar los matices y la zona de grises para escapar de su propio órdago, acogiéndose quizá a que los populares no cedan en el cambio de la Ley de Extranjería y dando por bueno el reparto de menores migrantes que figuraba en el acuerdo de 2022.
Ahora bien, esto sería un paso atrás del líder de Vox puesto que no introdujo ninguna de esas variables en la amenaza vertida días atrás, donde exigía un rechazo absoluto a cualquier acogida e incluso expresaba su deseo de dirigir todos los esfuerzos y recursos a la devolución de los migrantes. El veredicto final deberá llegar en la reunión de la ejecutiva de Vox convocada por el partido para este mismo jueves.
En la línea marcada por Feijóo, la vicepresidenta segunda del Gobierno valenciano y consellera de Igualdad, Susana Camarero, compareció este miércoles para anunciar que la Comunitat Valenciana acogería a un total de 23 menores migrantes no acompañados en virtud de lo acordado en 2022. No obstante, exigió al Ejecutivo central los recursos y fondos necesarios para ello, al recalcar la situación de "saturación" que se atraviesa en los centros de acogida autonómicos, al albergar 481 menores cuando las plazas con las que cuentan son 317. "La Comunitat no puede acoger un menor que ponga en peligro a los ya acogidos. No voy a hacinar los centros que tengo porque tengan otras comunidades ese problema", subrayó Camarero, para recordar que a la autonomía le cuesta 200 euros de media al día atender a cada uno de esos acogidos mientras que la Administración central calcula que el coste es de 170 euros.
Ahora bien, tal y como publicaron diversos medios nacionales esta misma semana, los datos del Ministerio de Juventud e Infancia indican que sólo cuatro comunidades autónomas cumplieron con la acogida prevista en 2023, que teóricamente debía concernir a 373 menores migrantes no acompañados, de los que se trasladaron únicamente 67. En concreto, la Comunitat Valenciana debía haber albergado 25, pero no acogió a ninguno según el Gobierno. Respecto a 2022, cuando todavía gobernaba el Botànic, el Consell si cumplió con la recepción de los 18 menores encomendados según el acuerdo alcanzado con el Gobierno de España.