VALÈNCIA. 2024 podría ser un año clave para la reforma del sistema de financiación autonómica que anhela y reivindica, desde hace una década, la Comunitat Valenciana. El uso del condicional es obligado: sucesivos gobiernos estatales liderados tanto por el PP -Mariano Rajoy- como por el PSOE -Pedro Sánchez- han procrastinado esta remodelación pese a que el sistema actual se encuentra caducado desde enero de 2014. No obstante, se percibe en esta nueva legislatura cierta unidad en los populares capitaneados por Alberto Núñez Feijóo por situar este debate en una posición central del panorama nacional. Una circunstancia en absoluto baladí, teniendo en cuenta que el partido de la gaviota gobierna en 11 Comunidades Autónomas (CCAA) que, esta vez sí, parecen tener luz verde de Génova para lanzarse sin tapujos a esta reivindicación.
Sin duda, una de las regiones más beligerantes en esta cuestión va a ser la valenciana, que tal y como han demostrado distintos informes, se sitúa entre las más perjudicadas por el actual sistema. El propio presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, insistía este miércoles en su visita a Alicante: "Convocaron al Consejo de Política Fiscal y Financiera y no dijeron ni una palabra sobre la financiación autonómica, que es lo más urgente. Esta dejación de responsabilidades no la vamos a tolerar desde la Comunitat Valenciana bajo ningún concepto. Esto no puede seguir así. No vamos a tolerar, ni vamos a perdonar un solo céntimo que le corresponda a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana, porque lo hemos pagado por adelantado", sentenció el jefe del Consell, quien además prepara una ronda de encuentros con sus homólogos de Murcia y Andalucía -ya se vio con Díaz Ayuso (Madrid) recientemente- para unificar posiciones sobre este asunto.
La reforma del sistema de financiación siempre se ha considerado una operación incómoda para los dos grandes partidos, PP-PSOE. Los motivos principales son las propias diferencias de pretensiones entre territorios, que podrían dar lugar a batallas internas en los partidos por las discrepancias de criterios -población, dispersión... etc.- existentes según la autonomía; y la probable necesidad de que el gobierno central se viera obligado a poner más dinero para que ningún territorio se sintiera agraviado con el resultado final. Dos razones relevantes -además de otras externas como la pandemia o el proceso independentista en Cataluña- que han llevado a ambos partidos a postergar la reforma cuando se han situado al frente del Ejecutivo.
No obstante, en el PP ven ahora un resquicio para presionar e incluso acorralar a la ministra de Hacienda y ahora vicepresidenta primera, María Jesús Montero, con la remodelación del sistema. Lo consigan o no, la maniobra puede conllevar el rédito político a la formación popular de ganar el relato en un asunto que casi nunca ha ocupado un espacio mediático importante en la escena nacional, pero que sí ha sido más que relevante en la agenda de muchas autonomías.
Financiación autonómica: diez años de menosprecio
En este sentido, el Gobierno de España encabezado por el PSOE ha utilizado como argumento en los últimos tiempos la necesidad de que exista un consenso al menos entre las dos grandes fuerzas políticas -también lo usó el PP en su día- sobre la reforma para que esta pueda aprobarse en el Congreso. Una manera de enviar la pelota al tejado del eterno rival que nunca ha sido demasiado consistente, dado que es quien gobierna el que debe encargarse de elaborar una propuesta que pase por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que se sientan las CCAA. O lo que es lo mismo, la iniciativa debe partir ahora del Gobierno presidido por Pedro Sánchez.
Es más, si tal y como parece, la orden de Génova -así lo publicaba este martes El Periódico de España-, se dirige a que las regiones donde gobierna se alineen para reclamar la reforma del sistema de financiación, la posición de la ministra socialista se hará más complicada a la hora de esquivar una cuestión que, hasta ahora, sólo unas pocas autonomías como la Comunitat Valenciana -con mayor o menor intensidad según la coincidencia de signo político con el Ejecutivo central- venían poniendo sobre la mesa.
Según opinan fuentes populares, la situación para el Gobierno de España, si realmente las autonomías controladas por el PP se deciden a apretar con esta cuestión, puede hacerse todavía más asfixiante cuando se materialicen, especialmente en el ámbito económico, las concesiones a Cataluña acordadas por Pedro Sánchez y Junts-ERC para alcanzar la investidura. Una de ellas fue el pacto para la condonación de unos 15.000 millones de euros de deuda a esta autonomía, una quita que se extendería también al resto de CCAA, para lo cual se producirán reuniones este mes de enero, según anunció la propia Montero.
Sin embargo, y pese a que varias de las regiones gobernadas por el PP como la Comunitat Valenciana, se han mostrado dispuestas a beneficiarse de una quita de estas características, desde Génova la intención es que este debate pase a un segundo plano. Tal y como señalan dirigentes populares consultados por este diario, a las autonomías gobernadas por el PP como la valenciana no les interesa que la ministra pueda marcar la agenda mediática con la condonación de la deuda y "desviar" así el que consideran el "verdadero y relevante debate" que es el de la financiación autonómica.
Una postura que, además, facilitaría a los populares la convivencia con su socio de gobierno -Vox- en cinco regiones, entre ellas la valenciana, dado que el partido de Santiago Abascal se ha opuesto frontalmente a aceptar cualquier quita de la deuda a las autonomías al considerar que nace de una prebenda a Cataluña que perjudicará a las arcas españolas.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral