Foto: ROBER SOLSONA/EPVALÈNCIA. Donde dije digo, digo Diego... y renovables según dónde. El debate sobre el despliegue de las renovables en la Comunitat Valenciana está produciendo escenas de todo tipo en el panorama político valenciano: división en el tripartito para enmendar la Ley de Medidas Fiscales, ceses de altos cargos, fijación de modelos por partidos o, incluso, acuerdos de última hora para evitar la ruptura casi por completo como sí ha ocurrido en otros debates -véase en el Impuesto de Sucesiones, donde los socialistas han validado sus propuestas con el apoyo de la oposición-.
Las situaciones inverosímiles, sin embargo, no han terminado con el pacto PSPV, Compromís y Unides Podem de la semana pasada por el que se crea la Agencia Valenciana de la Energía (AVEN). Sino que este lunes continuó con los cambios que proponen las otras 24 enmiendas de renovables a la Ley de Acompañamiento de 2023 en las que las tres fuerzas siguen guardando sus diferencias y no hay entendimiento que valga.
El lunes Les Corts acordaron reclamar al Gobierno de España la "paralización inmediata" del proyecto Magda, un megaparque solar de 4,7 millones de metros cuadrados en Castelló -el mayor de la provincia-, impulsado por dos empresas, una francesa y una china. Una propuesta plasmada en una Proposición No de Ley de Compromís que sumó los apoyos de Unides Podem, pero también el PSPV, que en definitiva pedía frenar este proyecto "de gran afección paisajística".
El acuerdo podría pasar desapercibido si no fuera por el contenido del texto aprobado. No en vano, la resolución no solo instaba al Consell a dirigirse al Gobierno central -dado que es competencia estatal- para exigirle "paralizar" Magda, sino también "otros proyectos energéticos de afección territorial parecidos" en la Comunitat. Una petición en línea con el modelo de renovables que tiene Compromís, donde se priman pequeñas plantas distribuidas por todo el territorio frente a pocas y grandes instalaciones fotovoltaicas.
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Más allá que el modelo confronta con el de sus socios, la propuesta también planteaba un tercer punto clave en la negociación de las enmiendas de Acompañamiento. En concreto, Les Corts instan al Consell "a empezar los cambios y reformas legales necesarias para incrementar al máximo las garantías ambientales, paisajísticas y terrritoriales a la hora de autorizar proyectos energéticos de gran afección que estén dentro de las competencias autonómicas".
El redactado, ya aprobado, refleja en definitiva el fin último que pretenden las enmiendas registradas por Compromís y Unides Podem a la Ley de Medidas Fiscales y a las que el PSPV se opone y rechaza sumarse: proteger el territorio, por un lado, y dotar de herramientas a los municipios o ayuntamientos para que tengan capacidad de decisión cuando un megaproyecto pretende instalarse en la Comunitat.
Las modificaciones pactadas buscaban establecer una "prelación de suelos y espacios para la instalación de plantas de energías renovables, priorizando la instalación de centrales fotovoltaicas y parques eólicos en zonas urbanas, industriales y suelos degradados o de nulo valor medioambiental, agrícola o patrimonial, comportando esta priorización la reducción de permisos e informes asociados, para ganar eficiencia y evitar el impacto de infraestructuras de transporte en nuestro territorio".
Lo que buscan, con ello, es evitar que se instalen grandes plantas en espacios agrícolas productivos para, más tarde, tener que trasladar la energía generada a zonas urbanas, que es donde existe una mayor demanda energética. En definitiva, la protección del territorio a la que hacía mención también la PNL aprobada este lunes en la comisión de Les Corts que el PSPV apoyó pero a la que se opone en Acompañamiento.
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La prelación tendría un orden de priorizar techos de zonas urbanas, seguido de polígonos industriales e, incluso, cubrir con placas solares los grandes canales de transporte y balsas públicas de agua en la Comunitat Valenciana para aprovechar el entorno y generar energías limpias.
Junto a esta prelación de suelos que pretenden proteger el territorio, también Compromís y Unides Podem registraro enmiendas que dan mayor poder a los ayuntamientos cuando una empresa presenta un proyecto para instalar renovables en el municipio. Entre muchas cuestiones, dotan de cierto poder a los consistorios para que sea necesaria la emisión de sus informes favorables y en ellos incluyan cualquier cuestión que considere relevante "en el ejercicio de su autonomía y de las competencias que le son propias", pero también si el proyecto cumple con "criterios de localización e implantación".
La diferencia entre lo apoyado en comisión y lo que rechazan los socialistas en Acompañamiento es de forma y no de fondo, pues prácticamente las enmiendas y la propuesta defienden lo mismo. Sin embargo, unas -las enmiendas- tienen consecuencias legales porque supone reformar la legislación en vigor, mientras la otra, la PNL, no tiene mayor utilidad y trascendencia que la de fijar posicionamientos políticos que, en la práctica, no se traducen en nada. Aunque a veces sirvan, como es el caso, para exhibir las contradicciones en las que se mueven los partidos en determinados debates.
