La covid-19 ha acaparado casi todos los recursos sanitarios. Foto: EFE/ Marcial Guillén. VALÈNCIA. El juzgado de lo contencioso administrativo número 7 de València ha emplazado a comparecer en vía jurisdiccional a los interesados por la demanda interpuesta por el sindicato CSIF respecto contra la resolución de mayo de la Conselleria de Sanitat que provocó el cese de más de 3.200 profesionales de la sanidad pública valenciana contratados como refuerzos ante la pandemia.
Así lo recoge el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, donde se publica el avance en el juzgado ante la petición de anulación y se exige a la administración que incremente su plantilla. Ahora, el sindicato volverá a repetir el procedimiento respecto a los más de 6.000 refuerzos covid que, si Sanidad no dice lo contrario, tienen prevista la finalización de su contrato el 31 de diciembre de este año.
El sindicato señala que la Comunitat Valenciana arrastra desde hace años una situación de déficit de plazas estructurales, que CSIF calcula en 11.000. Por ese motivo, la contratación de 9.300 profesionales de refuerzo “suponía en la práctica una cobertura encubierta de esas vacantes y enmascaraba la falta de ofertas de empleo para que esas plazas tengan a profesionales que las atiendan de manera definitiva”.
Mientras, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, anunciaba en su comparecencia en Les Corts este martes la creación de 6.000 plazas estructurales, lo que supone un incremento del 10% sobre la plantilla actual, y que suplirá a priori la baja de los refuerzos covid. Según señalan desde Sanidad, próximamente se contactará con los sindicatos para abordar la situación.
Según explicaba Barceló, se fortalecerá la plantilla en un proceso "dialogado" con departamentos y sindicatos, gracias a una partida de 3.473,1 millones, un 2,62% más. En concreto, de las 6.000 nuevas plazas, el 26% serán para la Atención Primaria, el 4% para el Plan de Salud Mental (250 plazas), el 2,6% para Salud Pública (157 plazas) y para la atención hospitalaria de crónicos y agudos y el resto de necesidades asistenciales se destinará un 67% de la dotación estructural.
