VALÈNCIA (EFE). La pasada Dana de finales de octubre inundó más de 70.000 hectáreas de cultivos y causó daños en las infraestructuras de riego por más de 250 millones de euros, según las comunidades de regantes, que han reclamado la inversión de 3.000 millones en obras hidráulicas pendientes.
La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), que representa a más de 700.000 agricultores de toda España, ha presentado este miércoles su primer informe sobre los efectos de la dana en el regadío y un plan de acción frente a este tipo de fenómenos.
Su presidente, Juan Valero de Palma, ha asegurado en una rueda de prensa que los agricultores afectados por la riada han perdido los ingresos de todo el año después de haber cultivado el campo, fundamentalmente en la Comunitat Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha.
Además de los daños en las cosechas de viñedo, caquis, cítricos y otras producciones, la pérdida de arbolado tardará de cinco a diez años en ponerse en producción; se han inundado casas de guardas, centros de control, instalaciones eléctricas, automóviles, cabezales e hidrantes en las parcelas; y se han roto acequias que han terminado colmatadas de residuos.
Aunque gran parte de los regantes están asegurados, Valero de Palma ha apuntado que, en algunos casos, los daños llegan al 80 % del valor de las infraestructuras de las comunidades.
Apenas el 10 % de las comunidades de regantes tienen las conducciones y balsas aseguradas de daños propios, según los datos de Fenacore, que prevé que el Consorcio de Compensación de Seguros no actúe sobre todos los daños.
Con pérdidas en infraestructuras de regadío por más de 250 millones de euros, las ayudas de 170 millones para su reparación anunciadas por el Gobierno resultan insuficientes, ha considerado Valero de Palma.
El representante ha alertado sobre el "agujero" en la inversión en obras de regulación en los anteriores planes hidrológicos, que asciende hasta los 3.000 millones de euros.
Hasta la fecha, según sus cálculos, solo se han ejecutado tres de cada diez euros de la inversión prevista en esos planes, con un 29 % de las infraestructuras hidráulicas de interés general aún sin construir.
La federación ha urgido a construir, en concreto, las 27 presas aprobadas en dichos planes con los análisis económicos y ambientales necesarios, para minimizar el impacto de la dana, como se ha visto con el embalse de Forata en Valencia.
En el caso de la cuenca hidrográfica del Júcar, Valero de Palma ha criticado que no esté prevista la construcción de ninguna presa (como las proyectadas de Cheste, Vilamarxant, Montesa y Marquesado) porque se han eliminado del último ciclo de planificación, por lo que ha llamado a revisar el análisis de su coste y beneficio para decidir "si son razonables".
Además, ha instado a destinar los 2.500 millones de euros presupuestados en la Estrategia nacional de restauración de ríos -que incluye el derribo de azudes abandonados- a la ejecución de esas nuevas obras hidráulicas por ser más prioritarias.
El responsable ha afirmado que también se necesita limpiar cauces y encauzar ríos y barrancos desde el punto de vista ambiental, mientras que ha exigido medidas económicas como la revisión de las tasas de cobertura de las acequias, aprovechar la reforma del plan de recuperación de la crisis y concretar las indemnizaciones.
Fenacore ha valorado los 444,5 millones de euros aprobados por el Gobierno en apoyar al sector agrario, si bien ha pedido ayudas "ágiles y directas", ampliar las zonas declaradas catastróficas y aprobar una exención transitoria de tarifas y cánones para todas ellas; y eximir del pago de la potencia eléctrica contratada a los agricultores afectados.