La consellera de Educación, Raquel Tamarit, y de Justicia, Gabriela Bravo. Foto: GVAVALÈNCIA. El Consell Jurídic Consultiu (CJC) no ha aprobado en su pleno de este miércoles el decreto que regula el requisito lingüístico para acceder a un puesto en la Función Pública valenciana. Un hecho que, a la postre y según confirman fuentes consultadas por este diario, supone que el Consell del Botànic no podrá aprobar la norma en el pleno del próximo viernes, el último del mandato antes de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, cuando el Ejecutivo pasará a estar en funciones.
La semana pasada los consejeros decidieron por unanimidad dejarlo sobre la mesa por la "complejidad" del texto y la falta de tiempo para estudiarlo en profundidad. No en vano, no se trataba de cualquier normativa: esta regula un requisito de acceso al empleo público. Así, se emplazaron a volver a estudiarlo esta semana, pero de nuevo el decreto ha quedado sin validar, lo que impide por tanto su aprobación definitiva y entrada en vigor.
Cabe apuntar que en los últimos días, varias asociaciones de letrados habían registrado alegaciones al decreto. Sin embargo, las fuentes consultadas por este diario no confirman que este sea el motivo por el que quedó sobre la mesa este miércoles.
La normativa había despertado un importante rechazo en diferentes colectivos, principalmente opositores y funcionarios. También había enfrentado a los socios del Consell, pues Compromís consideraba que el valenciano debía ser un requisito de acceso a la Función Pública mientras el PSPV era más partidario de que el idioma fuera un mérito en cualquier proceso selectivo.
Al final, y tras ocho años de negociaciones, los socios del tripartito acordaron un diseño del requisito que contentó a ambas partes: quedaría armado en dos decretos. Por un lado, el de homologación, que redactó la Conselleria de Educación que lidera Raquel Tamarit (Compromís), y por otro, el que regulara el requisito, el nivel de valenciano a acreditar en función de la categoría funcionarial a la que se pretendiera acceder. Este último, debía redactarlo la Conselleria de Justicia y Función Pública que dirige Gabriela Bravo (PSPV).
El primero, fue aprobado por el pleno del Jurídic la semana pasada. De hecho, Educación remitió el texto al órgano consultivo que preside Margarita Soler el 19 de abril. El segundo, sin embargo, tardó más en remitirse al CJC: no llegó al registro de entrada del órgano hasta el 12 de mayo. Un retraso motivado, en primer lugar, porque en el departamento gestionado por los socialistas tuvieron que esperar al informe favorable de Política Lingüística y más adelante, el de Abogacía de la Generalitat. No obstante, con el paso de los días y la cercanía de las elecciones el retraso comenzó a despertar todo tipo de suspicacias en Compromís.
Con todo, y a pesar de que el decreto de homologación ya cuenta con el visto bueno del Jurídic, el requisito no podría aprobarse en el pleno de este viernes porque el dictamen del Jurídic es preceptivo. A esto se suma que Compromís y PSPV acordaron que los dos decretos irían a la vez a un pleno del Consell, puesto que eran normativas que iban "de la mano". Al no hacerlo este viernes 26 de mayo, el requisito volverá a quedar en un cajón por segunda legislatura consecutiva.
