VALÈNCIA. Diversidad de opiniones en el seno del sector inmobiliario respecto a las propuestas anunciadas por el Gobierno y el PP para atajar el problema de la vivienda en España. Mientras que para algunos son "positivas" porque van a permitir agilizar trámites, movilizar suelo y sacar nueva oferta al mercado, para otros, sin embargo, son "insuficientes" porque no atacan las "verdaderas necesidades". Eso sí, si en algo coinciden los agentes del sector es en la urgencia de un gran Pacto de Estado de todos los partidos del espectro político para blindar la vivienda, en un momento de máxima tensión y emergencia habitacional.
Lo cierto es que los modelos presentados por los 'populares' primero y, después, por el Ejecutivo central coinciden en la necesidad de agilizar la burocracia, sacar una Ley de Suelo y movilizar suelo público, aunque existen evidentes diferencias en cuanto a su contenido. Así, el partido de Alberto Núñez Feijóo se centra más en la cuestión fiscal, con rebajas impositivas, mientras que la Administración de Pedro Sánchez defiende el blindaje de la vivienda social y la lucha contra la especulación.
Una batería de ideas que para la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña), en el caso de las del Gobierno, cree que "obvian el origen del problema" de la vivienda y "desvían las iniciativas a una mayor intervención", que estiman que no procurará la mayor oferta de vivienda asequible necesaria. En cambio, los promotores ven "prioritaria" la reforma de la Ley del Suelo y piden al Gobierno y al PP un acuerdo para sacarla adelante de forma "urgente".
En cualquier caso, a su juicio, es necesario un Pacto de Estado en materia de vivienda y urbanismo, aunque valoran "positivamente" los anuncios de poner suelo público a disposición para la construcción de vivienda asequible, algo que ya reclamaban. En este sentido, la asociación ve necesario construir vivienda pública y privada, "pues solo la iniciativa privada tiene la capacidad para producir oferta suficiente para paliar el déficit actual", aseguran.
Además, considera que es necesario "agilizar la tramitación de suelos ya planificados". Los promotores señalan que no se trata de liberalizar suelo, sino de que el que se planificó para vivienda pueda serlo cuanto antes y se muestran especialmente críticos con la propuesta del Ejecutivo de limitar la compra de vivienda por parte de extracomunitarios no residentes, porque consideran que la tipología de vivienda que compran no responden a las necesidades de la demanda doméstica.
En cambio, la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (ASICVAL) valora positivamente las medidas anunciadas por Gobierno y Partido Popular, ya que afirman que contribuirán a "poner más vivienda en el mercado y a estabilizar los precios tanto de compraventa como de alquiler". En este sentido, su presidenta, Nora García, agradece que se haya escuchado al sector, pero lamenta que sigue "echando en falta un gran consenso en materia de vivienda para que puedan llegar a materializarse estas propuestas sin que se produzcan de nuevo choques entre gobierno central y autonómicos".
Asicval también reclama al Gobierno un mayor detalle sobre cómo se desarrollarán algunas medidas. En el caso de los propietarios, considera que necesitan más información sobre cómo se les va a proteger para animarles a poner sus viviendas en alquiler. Asimismo, le apremia a concretar un calendario para que estas medidas puedan implementarse cuanto antes.
Más crítico se muestra el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia (Coapi), que únicamente valora las medidas del Ejecutivo, y que considera que son "insuficientes" y están "mal encaminadas", ya que "no se dirigen a la raíz del problema, la falta de oferta de viviendas". Su portavoz y vicepresidente, Vicente Díez, cree que la limitación a la compra por parte de extranjeros no comunitarios no residentes se está intentado "pinchar la demanda", cuando "lo que hace falta es aumentar la oferta de vivienda".
"Las compraventas de viviendas por parte de extranjeros debería de considerarse algo positivo, sobre todo en la Comunidad Valenciana, donde suponen un importante porcentaje de las operaciones inmobiliarias, en lugar de atacarse. Desde Coapi Valencia llevamos años pidiendo una oferta más amplia de vivienda, sobre todo de vivienda protegida que pueda ser asequible, pero no se construyen", apunta Díez, que añade que esto es así, entre otras cosas, porque "cuesta muchísimo iniciar procedimientos de suelo, y los promotores de vivienda están cansados. "
De la misma forma, señala que otro de los problemas estructurales de la vivienda es la elevada fiscalidad. "Tendrían que flexibilizar el pago de impuestos y el tipo impositivo, sobre todo para que los jóvenes puedan acceder a la vivienda", explica. En cambio, ve "positiva" la movilización de suelo y viviendas para la construcción de inmuebles a través de la Empresa Pública de Vivienda recientemente creada, pero "siempre y cuando se lleve a cabo y no se quede en un anuncio". También ve "acertada" la creación de un sistema de garantías públicas que proteja a propietarios e inquilinos y que sea de alquiler asequible, "ya que aportaría cierta seguridad jurídica".