una enmienda del PP obligará a Psoe y compromís a pronunciarse sobre la propuesta de Junts

El Senado echará atrás el reparto del impuesto a la banca que perjudica a la Comunitat Valenciana

El Consell guarda silencio mientras Andalucía protesta porque se da "más dinero a los más ricos y menos a los más pobres"

11/12/2024 - 

VALÈNCIA. El Partido Popular ha presentado una enmienda en el Senado que, de ser aprobada, cosa bastante probable porque tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta, obligará a todos los grupos del Congreso a pronunciarse sobre el reparto de la recaudación del nuevo impuesto a la banca. Un reparto que, tal como está redactada la ley que salió del Congreso, perjudica de forma destacada a la Comunitat Valenciana.

Como contó Valencia Plaza, PSOE y Junts pactaron en el Congreso una enmienda a la ley de medidas fiscales aprobada a finales de noviembre que establece un reparto de fondos entre CCAA que perjudica a la Comunitat Valenciana, entre otras. Se trata del reparto de la recaudación del nuevo impuesto a la banca, que, según esa enmienda, se hará entre las CCAA "en función de su Producto Interior Bruto regional". Ese sistema de reparto, contrario al de la población o población ajustada que se utiliza en el sistema de financiación autonómica, es una reivindicación histórica de los nacionalistas catalanes puesto que beneficia a las comunidades más ricas, sobre todo Madrid y Cataluña, que entre las dos se embolsarán casi cuatro de cada diez euros recaudados.

Con esa forma de reparto regresiva que beneficia a las CCAA más ricas en términos de PIB, salen perjudicadas las que tienen más diferencia entre su peso poblacional y su peso en PIB. La primera Andalucía y la segunda la Comunitat Valenciana, que perdería unos 30 millones de euros al año si se cumplen las previsiones de recaudación del impuesto a la banca.

La enmienda obliga a retratarse

No obstante, la medida aprobada por el Congreso no es definitiva porque el Partido Popular ha presentado una enmienda en el Senado para cambiar ese sistema de reparto. La enmienda dispone que "la recaudación obtenida se distribuirá a las comunidades autónomas en el año natural en el que deba autoliquidarse el impuesto, en función de los criterios del sistema de financiación autonómica y regímenes forales". 

La previsible aprobación de esta enmienda, dado que el PP tiene mayoría absoluta en el Senado, forzará la vuelta de la ley al Congreso, que tiene la última palabra para decidir si acepta las enmiendas de la Cámara Alta o las rechaza y mantiene el texto inicialmente aprobado. 

Esto obligará a que los grupos del Congreso se pronuncien sobre si se enmienda o no un artículo que en su redacción inicial perjudica a diez CCAA más Ceuta y Melilla y beneficia al resto, tal como se muestra en el gráfico. 

La aprobación inicial en el Congreso contó con 178 votos a favor y 171 en contra, con una ausencia, la de José Luis Ábalos. Entre los diputados que votaron a favor estaban los dos de Compromís -integrados en Sumar-, la de Coalición Canaria y el del BNG, partidos que representan a comunidades perjudicadas por el sistema de reparto pactado entre PSOE y Junts, por lo que el resultado podría ser muy ajustado si deciden desmarcarse en este punto del bloque que apoya al Gobierno de Pedro Sánchez.


Preguntado Joan Baldoví, tras la primera votación en el Congreso, sobre esta medida perjudicial para los valencianos, el síndic de Compromís respondió: "No creo que sea el criterio más acertado hacerlo de esta manera" -en referencia al PIB-, pero añadió que su formación había votado a favor porque "en ocasiones hay que hacer cesiones para que al final la banca acabe pagando; no haberlo hecho hubiera significado que la banca se fuera sin pagar este impuesto".

El Consell calla, Andalucía protesta

El Gobierno valenciano no se ha pronunciado sobre este asunto después de la aprobación de la ley en el Congreso el pasado 21 de noviembre. Está ocupado en la Dana, catástrofe que paradójicamente acentuará el agravio del nuevo reparto, ya que es previsible una caída del PIB valenciano como consecuencia del destrozo sufrido en muchas industrias de las comarcas afectadas.

Sí lo ha hecho el gobierno de Juanma Moreno Bonilla, que lo ha calificado de "un nuevo agravio para Andalucía" y ha cifrado en 76 millones de euros al año los fondos que su comunidad dejará de recibir si se aprueba el reparto según el PIB. Moreno ha cargado contra los "impuestos a la carta" que "privilegian" a CCAA con más PIB, aprobados en su opinión "para que Sánchez pueda seguir en la Moncloa".

El presidente andaluz ironizó el en parlamento autonómico sobre esta norma: "Fíjense que planteamiento más progresista, a los que tiene más PIB, más riqueza, se les da más dinero, y a comunidades autónomas que tiene menos PIB, menos riqueza, se les da menos dinero. ¡Qué progresista!, ¿verdad?, muy progresista, muy de izquierdas, ¿verdad? Le damos más dinero a los más ricos y menos dinero a los más pobres".

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