VALÈNCIA. Las reversiones de los servicios externalizados de la administración valenciana se han convertido en uno de los principales focos de tensiones entre los partidos del Botànic. De las concesiones a las resonancias, pasando por el servicio de las ITV, son materia habitual de disputa entre los miembros del Gobierno -PSPV, Compromís y Unides Podem-
En esta ocasión es el servicio de transporte sanitario urgente y no urgente el que está en el centro de debate. ¿La cuestión? Las ambulancias, habitualmente operadas por empresas externas a la administración, están devolviéndose a la gestión pública en parte de España al considerar que debe ser un servicio gestionado de forma directa.
Sin embargo, hace unas semanas salía el anuncio previo de licitación para renovar el servicio, que finaliza el próximo año. Lo hacía, según señalan desde Compromís, sin debatir cuál es el mejor modelo para seguir prestando el servicio. "El anuncio de licitación no va en la línea de planteamiento del Botànic, en el que según acaban las privatizaciones hay que ir integrando los servicios en la gestión pública. Pero ni siquiera se ha abordado el debate", señala el diputado Carles Esteve.
"Hay que abrir espacios de diálogos, con los sindicatos y con la gente del sector", insiste. En este camino, Baleares devolvió el servicio a la gestión directa hace algunos años en forma de empresa pública, mientras que Navarra tiene previsto instaurarlo a partir del año 2022, está en fase de aprobación parlamentaria en Cataluña y la Comunidad de la Rioja ya ha anunciado su futura implementación.
Esteve también señala el alto importe de la licitación, que asciende a 378 millones de euros y que hasta ahora está gestionado por UTE Ambulancias Ayuda SLU, liderada por la alicantina ASV, y en la que también participan Transvia, Ambulancias Autónomas SL, Ambulancias Edetanas SL, Ambulevante SL y Alquiler Car Luxe SL. Ésta se adjudicó el contrato por 226,2 millones con una duración de 4 años. "No podemos renunciar a tener el mejor servicio de ambulancia posibles", recalca.
En este sentido, Compromís recoge la petición de internalización propuesta por CCOO, quien ha instado a los Grupos Parlamentarios a elaborar un Proyecto de Ley para la internalización del servicio de transporte sanitario que emplea a al menos 1.200 personas. Una reversión para la que proponen un sistema de empresa pública, como la de las ITV, que absorbería dicho personal para prestar el servicio desde la administracion.
A juicio del sindicato, el transporte sanitario no puede considerarse como un mero servicio de transporte de enfermos, sino que es "un servicio esencial para la sociedad, puesto que desde este servicio se realiza la primera atención sanitaria a los ciudadanos, en muchos casos urgente, así como el traslado de enfermos, por personal Técnicos en Emergencias Sanitaria, debidamente formado y cualificado".
Por ella, la gestión pública y directa del servicio conllevará "sinergias de mejora cualitativa" de los niveles de prestación del servicio, disponibilidad de medios técnicos y humanos, comunicación y formación hacia los profesionales, que "repercutirá favorablemente en la atención de la ciudadanía" y que sería "perfectamente viable con los actuales costes". "La salud no puede ser un negocio y tiene que ser directamente gestionado por la administración", insisten.