Foto: ROBER SOLSONA/EP VALÈNCIA. La Sindicatura de Comptes sigue insistiendo en la falta de supervisión del Consell en ayudas por la covid. Si en un primer informe, cuestionaba a Labora el asignar 1,4 millones de ayudas a 2.289 beneficiarios que no les correspondía o darlas por importe superior; ahora, pone el punto de mira en el programa estatal Plan Resistir Plus, gestionado a través de la Conselleria de Hacienda en el caso de la Comunitat Valenciana.
Así lo apunta el informe de auditoría de cumplimiento de la legalidad de las ayudas, en el que señala que el órgano que las concedió estas subvenciones extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial no comprobó si concurría la condición de empresas en crisis, ni solicitó la información necesaria para calificarlas como mediana, pequeña o micro. En este sentido, expone que no se verificó directamente si las empresas que habían obtenido subvención cumplían lo establecido en el decreto de esas ayudas de que no se podían dar a empresas que ya estaban en crisis en diciembre de 2019.
Una cuestión que solo podía darse en microempresas y pequeñas empresas que no estuvieran en concurso y no hubieran recibido una ayuda de salvamento. Según señala la Sindicatura, existía una declaración responsable en la solicitud de que no se encontraba en situación de crisis el 31 de diciembre de 2019, excepto cuando sean microempresas o pequeñas empresas, aunque señala que esa forma de justificar este requisito no estaba prevista expresamente en el decreto.
El grado de ejecución de las ayudas de la Generalitat para ayudar a la solvencia empresarial valenciana ante la crisis de la covid, el Plan Resistir Plus, fue "significativamente bajo", menos del 50% a 31 de diciembre de 2021, inferior al de otras comunidades autónomas y por debajo de la media estatal del 64%.
De los 647 millones asignados por el Gobierno central a la Comunitat para estas ayudas, en diciembre de ese año se habían pagado 30'8'2 millones, una ejecución del 48'2%. Añade que, hasta el 10 de marzo de 2022, cuando empezó esta fiscalización, se habían presentado 30.648 solicitudes, de las que el 53,1 % se resolvieron favorablemente y se concedieron 312'7 millones.
El importe medio concedido por expediente resuelto favorablemente fue de 19.212 euros y el 48,3 % del total se destinó a beneficiarios de la provincia de Alicante, indica el informe, que expone que, por tipo de entidad, la mayoría de los beneficiarios fueron autónomos, pero la cuantía media recibida fue de 4.849 euros, que es muy inferior a la de las empresas.
La Sindicatura, dirigida por Vicent Cucarella, indica que en la última convocatoria de estas ayudas, de diciembre de 2021, se modificaron los requisitos de elegibilidad y se determinó que podrían ser beneficiarios quienes hubieran tenido pérdidas en 2019, un criterio que es "una excepción" a los criterios del decreto anterior.
Añade que en la convocatoria no se motivaron qué circunstancias excepcionales acontecidas en 2019 justificaban dicha excepción y que contravenían lo establecido en el decreto de mayo de 2021.
Otra salvedad es que la Generalitat no ha elaborado el plan anual de control financiero de estas subvenciones, aunque en el borrador del Plan Anual de Control Financiero Permanente para 2023, que se está tramitando, se incorpora una actuación a desarrollar por la Viceintervención General de Control Financiero y Auditorías sobre estas.
La auditoría refleja que la Generalitat reintegró en diciembre de 2021 al Ministerio de Hacienda 34 millones de euros, en concepto de diferencia entre el importe asignado a la Comunitat y el importe máximo derivado de las solicitudes recibidas, aunque esa cifra debió de ser 198,3 millones de euros superior por la caída de volumen de operaciones.
Esa cuantía, expone el informe, habría supuesto un menor reintegro en junio de 2022, que ascendió a 296'7 millones de euros, si bien se trata de una incidencia que no afecta a la cuantía total a reintegrar, pues el pago de diciembre de 2021 debe considerarse "como un pago a cuenta".
