VALÈNCIA (EP). Los magistrados que juzgaron el 'procés' en el Tribunal Supremo (TS) han rechazado amnistiar la malversación al exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras y al resto de condenados por el referéndum ilegal del 1-O. El juez instructor, Pablo Llarena, también ha rechazado perdonar la malversación al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y mantiene su orden de detención.
Según consta en los dos autos -contra los que caben recurso- dictados este lunes, la Sala de lo Penal también ha dado un plazo de 10 días a las partes para que se pronuncien sobre si ven pertinente plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la amnistía al delito de desobediencia.
La Sala de lo Penal ha adoptado esta decisión después de estudiar los informes de las acusaciones -Fiscalía, Abogacía del Estado y Vox- y de las defensas sobre la aplicabilidad de la amnistía a los distintos hechos que se atribuyen a Junqueras y los exconsejeros Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa.
El juez Llarena, por su parte, se ha pronunciado tras analizar las alegaciones de las acusaciones y de los exconsejeros Toni Comín, Lluís Puig y la secretaria general de ERC, Marta Rovira.
La Fiscalía había informado a favor de aplicar la ley a los condenados y procesados del 'procés' al entender que no hubo enriquecimiento patrimonial ni se afectó a los intereses de la Unión Europea.
La Sala de lo Penal ha concluido que los acusados obtuvieron un beneficio personal de carácter patrimonial. "La única alternativa al alcance de los Sres. Junqueras, Romeva, Turull y la Sra. Bassa, si querían coadyuvar al proyecto independentista, era disponer de los fondos públicos de la Generalitat o pagar de su bolsillo. Y optaron por la primera de las opciones", han apuntado.
Los magistrados han explicado que el ánimo de lucro siempre "se ha considerado perfectamente compatible con cualquier otra finalidad". Sobre este extremo, han incidido en que "el que se apodera de bienes ajenos -en este caso, patrimonio público- comete un delito aunque el metálico obtenido se destine a regalos a terceros, a limosna o a cualquier otra causa altruista. El castigo en los delitos patrimoniales no se justifica por ‘quedarse con las cosas de otro’, sino por ‘quitarle a otro las cosas’".
Para el Supremo, los condenados "hicieron con el patrimonio ajeno que les estaba confiado lo que no pudieron o no quisieron hacer con su patrimonio". "Destinaron aquél a sus propios objetivos personales, que no por ser políticos, dejan de tener esa vertiente también particular o sectaria. Fondos públicos puestos al servicio de sus fines que eran también particulares, aunque pudiesen estar compartidos por un número mayor o menor de personas", han apuntado.
El alto tribunal ha insistido en que "la financiación de campañas electorales, de metas con significación política, de propaganda o la implementación de las propias ideas políticas, incluso aunque tenga una vertiente idealista, no deja de reportar también un beneficio personalísimo que adquiere carácter patrimonial cuando ha reportado un ahorro significativo".
El juez Llarena, por su parte, ha considerado que los procesados obtuvieron los materiales, prestaciones y servicios que precisaban "para, desde su liderazgo, satisfacer su antojadizo interés, haciéndolo con cargo a todos los contribuyentes de Cataluña y eludiendo sufragar sus deseos o afanes con detrimento de su fortuna personal".
Para el instructor, "se refleja así que la malversación operó en beneficio personal y para rendir en los encausados un provecho de carácter patrimonial", concurriendo por tanto la excepción que prevé la ley de amnistía respecto al delito de malversación.
Una de las magistradas del tribunal que juzgó el 'procés', Ana Ferrer, ha suscrito un voto particular discrepante con excluir de la amnistía el delito de malversación, al tiempo que ha apoyado plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
"La única interpretación razonable de la ley que ahora aplicamos nos lleva a entender que ese beneficio orientado a procurar el proyecto independentista catalán, es precisamente el que la ley quiere amnistiar", ha dicho Ferrer.
Ante esto, la portavoz de ERC, Raquel Sans, ha tildado de "falta de respeto a la democracia" el rechazo del Tribunal Supremo (TS) de no amnistiar la condena por malversación. "Creemos que es una falta de respecto hacia la democracia, hacia la separación de poderes, hacia la ciudadanía en general, pero éramos muy conscientes de que sería una práctica que nos encontraríamos", ha asegurado Sans en una rueda de prensa desde la sede del partido, instantes después de conocer la decisión judicial.
Sans ha remarcado que el rechazo a la amnistía no es ninguna sorpresa, y ha acusado a los jueces de "hacer política y no impartir justicia". La portavoz ha añadido que la ley de amnistía se aprobó democráticamente y que al final los jueces "la deberán aplicar".
Luego, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que el Gobierno de Pedro Sánchez solo ha aprobado la ley de amnistía y, "por lo que se ve ni siquiera saben hacerla".
Así se ha pronunciado en un acto en Salamanca tras firmar con sus CCAA un acuerdo para una EBAU común en 2025, después de que los magistrados que juzgaron el 'procés' en el Tribunal Supremo hayan rechazado amnistiar la malversación al exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras y al resto de condenados por el referéndum ilegal del 1-O. El juez instructor, Pablo Llarena, también ha rechazado perdonar la malversación a Carles Puigdemont y mantiene su orden de detención.
En el acto sobre la EBAU, Feijóo ha afirmado que el Gobierno "malvive con una débil mayoría, condicionado por decenas de partidos" y "cada día se le caen más apoyos" mientras que las comunidades del Partido Popular "gobiernan con mayorías y con estabilidad".
Es más, ha dicho que en esta legislatura, que arrancó en noviembre, el Gobierno de Pedro Sánchez "se ha dedicado a contentar a sus socios, mientras los gobiernos del Partido Popular se han dedicado a servir a todos los ciudadanos".
"El Gobierno no ha sido capaz de aprobar sus Presupuestos. Y solo ha tenido mayoría para aprobar una ley que, por lo que se ve, ni siquiera saben hacerla", ha manifestado en alusión a la amnistía, para añadir después que esa norma que es una "letra de la hipoteca" de la investidura de Sánchez que, a su juicio, pagarán todos los españoles.