El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Foto: OFICINA DEL PRIMER MINISTRO ISRAELÍVALÈNCIA (EP). El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha pedido este lunes la emisión de órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, su ministro de Defensa, Yoav Gallant, y varios altos cargos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) por crímenes de guerra y contra la humanidad a raíz de los ataques del 7 de octubre por parte del grupo islamista y la posterior ofensiva militar contra la Franja de Gaza.
El fiscal jefe del TPI, Karim Khan, ha afirmado en un comunicado que las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant derivan de los "motivos razonables" para creer que "tienen responsabilidad penal" en crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad "cometidos en el territorio del Estado de Palestina, en la Franja de Gaza, al menos desde el 8 de octubre".
Asimismo, ha detallado que las órdenes de arresto afectan igualmente al jefe de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar; el jefe del ala militar del grupo, Mohamed Diab al Masri, conocido como 'Abú Deif'; y el jefe del brazo político de la formación, Ismail Haniye, por "responsabilidad penal por crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en Israel y el Estado de Palestina" desde el 7 de octubre.
El Estatuto de Roma, piedra angular del TPI, establece que esta corte no puede juzgar a ningún acusado 'in absentia', por lo que necesita que el individuo en cuestión se siente físicamente en el banquillo y responda en persona por los crímenes que se le imputan. La detención es, por tanto, condición imprescindible para llegar a juicio.
Sin embargo, la corte no dispone de una institución propia capaz de ejecutar el arresto y delega esta responsabilidad en los Estados miembro. Actualmente, 124 países han suscrito el Estatuto de Roma, y dentro de ellos no están ni Israel ni Estados Unidos, su principal valedor internacional. Además, Netanyahu no ha viajado al extranjero desde los atentados perpetrados por Hamás el 7 de octubre.
El TPI, de hecho, tiene pendiente la detención de más de una decena de personas que suman entre todas ellas más de 200 cargos relativos a crisis en República Democrática del Congo, Uganda, Kenia, Libia, Costa de Marfil, la región sudanesa de Darfur y Ucrania, en este último caso con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, como gran protagonista de la 'lista negra'. Sobre Putin pesa una orden de arresto desde marzo de 2023 por el traslado de niños ucranianos.
El TPI reconoce que, cuando dicta una orden de arresto y tiene indicios "razonables" para pensar que un determinado individuo ha cometido delitos que caen dentro de su jurisdicción, requiere de la colaboración de los países. No obstante, recuerda en sus documentos que para arrestar a un prófugo no es necesario haber firmado el Estatuto de Roma y que en el pasado ya pidió la colaboración de países externos.
Además, y aunque los países firmantes del Estatuto de Roma tienen la obligación de ejecutar las órdenes de detención que haya pendientes, no sería la primera vez que un país hace sus particulares equilibrios. En 2015, Sudáfrica evitó detener al entonces presidente de Sudán, Omar al Bashir, alegando que tenía inmunidad por acudir a una cumbre de la Unión Africana.
Una vez detenido, el sospechoso sigue un proceso que depende en un primer momento de las instituciones del país donde se haya procedido al arresto. Debe comparecer ante la autoridad judicial competente, que examinará si se han cumplido o no las leyes y si cabe la entrega al TPI, dentro de un proceso que difiere del de extradición.
