"El Estado de Derecho, en el que se fundan la Unión Europea y nuestro orden constitucional, exige el absoluto respeto a la división de poderes", afirma el alto tribunal.
Reivindica también que "el ejercicio de la función jurisdiccional se ajusta siempre a la legalidad, a la defensa de la Constitución y a la salvaguardia de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, en particular, de la igualdad en la aplicación de la ley".
Por eso, "enfatiza la necesidad de preservar y garantizar la independencia judicial desde todas las instituciones", indicando expresamente que "ve incompatible con ella la fiscalización o supervisión de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado".
El Supremo reacciona así a dicho acuerdo, que contempla la creación de comisiones de investigación parlamentarias para detectar supuestos casos de 'lawfare' (guerra judicial) y, de ser así, que se deriven las "consecuencias" oportunas, lo que podría acabar en querellas pro prevaricación contra jueces y magistrados, además de responsabilidades civiles y disciplinarias.