El win-win del PSPV

VALÈNCIA. La convivencia de los tres partidos del Botànic II está siendo especialmente complicada en la recta final de la legislatura por las diferencias que han surgido entre PSPV, Compromís y Unides Podem en prácticamente cualquier negociación. 

Buena muestra de ello han sido las enmiendas a la Ley de Acompañamiento de 2023, donde el despliegue de las renovables o la bonificación del Impuesto de Sucesiones han sido una piedra en el zapato para los socios del tripartito. De hecho, en el último no ha sido posible llegar a un acuerdo y los socialistas han tenido que recurrir al apoyo de la oposición para ver cumplidas sus pretensiones. 

Sin embargo, las diferencias no se han centrado únicamente en la Ley de Presupuestos o Medidas Fiscales del próximo ejercicio. También en el tramo final del mandato los partidos se han dado prisa en aprobar normativas que pendían de un hilo o de las que quedaban pocos trámites por cerrar para poder validarlas, como la ley de Cambio Climático o la tasa turística. 

Los pulsos han sido evidentes y en la mayoría, cabe destacar, ha sido el socio mayoritario del Botànic, el PSPV, quien ha logrado salirse con la suya. O al menos quien ha acercado el acuerdo final más hacia su posición inicial. Desde la reforma fiscal, hasta el requisito lingüístico. 

-Reforma fiscal: El president de la Generalitat, Ximo Puig, anunció en el pasado Debate de Política General que el Gobierno valenciano bajaría los impuestos a las rentas inferiores a 60.000 euros. El avance cabreó a sus socios, especialmente a Compromís, que advirtieron que no se había acordado ninguna reforma en este sentido. Pero también causó un importante revuelo en el ámbito nacional con el disgusto público manifestado inicialmente por el Gobierno de España. 

Más allá del lío que provocó de entrada, el dilema vino después con la negociación entre las tres patas del Botànic para definir el alcance que tendría la medida. Los desencuentros hasta el último minuto y el deseo de retroactividad hicieron que la reforma tuviera que plasmarse de forma troceada: en un decreto ley y en la Ley de Presupuestos de 2023, pero no en la de Acompañamiento como inicialmente anunció el jefe del Consell. 

Aunque es cierto que Compromís logró fijar en Presupuestos una mayor progresividad, como era su deseo, lo cierto es que entre sus planes iniciales no se encontraba hacer este año una reforma de este tipo. Sin embargo, Puig logró hacer realidad su compromiso: introducir la modificaciones del IRPF con carácter retroactivo y efectivas desde el 1 de enero de 2022. O lo que es lo mismo, una bajada de impuestos que se dejaría notar antes de las elecciones del próximo año. 

-Impuesto de Sucesiones. La comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts aprobó este jueves la enmienda del PSPV a la Ley de Acompañamiento de 2023 para bonificar al 99% el Impuesto de Sucesiones a las empresas familiares. Una modificación que los socialistas advirtieron que presentarían sí o sí, aunque eso supusiera dividirse de sus socios del Consell. 

Lo harían en solitario, tampoco negociarían con PP y Ciudadanos su redactado para evitar que Compromís y Unides Podem les afearan un pacto con la derecha. Y, ya de paso, con las elecciones a la vuelta de la esquina, que calara el mensaje de que esta ampliación de rebaja del Impuesto de Sucesiones la habían impulsado ellos, los socialistas. 

La coalición valencianista y los morados aseguraron al conocer las intenciones del PSPV que no la aceptarían porque no podían entender que una mercantil con una cifra de negocio de más de 10 millones de euros al año se considerara una "empresa familiar". Incluso, Compromís advirtió que era un "grave error" que rompía "los acuerdos del Botànic". Por su parte, los populares intentaron ampliar el número de beneficiarios y buscar hueco en las negociaciones para tratar de anotarse el tanto junto a los socialistas. 

Sin embargo, el PSPV no necesitó a nadie para salirse con la suya. A pesar del rechazo de sus socios y de no negociar ningún redactado con la oposición, logró que la bancada de la derecha apoyara su texto sin fisuras. Su objetivo con esta propuesta era ampliar su posible bolsa de votantes en el tramo final de la legislatura y vender una imagen de partido de centro para pescar apoyos de ese electorado, deseado tanto por PP como por socialistas en mitad de la caída de Ciudadanos.  

-Agencia Valenciana de la Energía (AVEN). Es el último acuerdo que han cerrado PSPV, Compromís y Unides Podem. Durante semanas las posiciones han sido totalmente distantes -de hecho, los socialistas no firmaron ninguna de las 25 enmiendas 'verdes' selladas por valencianistas y morados-. Pero el pacto ha sido posible, al menos en la que crea la Agencia Valenciana de la Energía, por la rebaja de las competencias que tendrá este ente de nueva creación. 

Si bien desde los grupos que dirigen Papi Robles y Pilar Lima defienden la amplitud de funciones que tendrá el organismo, lo cierto es que el redactado de las competencias que esta tendrá ha sido diluido en cierto modo. Si en un principio estaba previsto que la AVEN pudiera "crear o participar en sociedades mercantiles con el objetivo de poseer y gestionar la infraestructura de distribución eléctrica con todas las obligaciones y derechos establecidos en la ley del Sector Eléctrico 24/2013", en el texto acordado esta posibilidad queda reducida a que el organismo pueda "impulsar la participación de la Generalitat en el capital social de empresas energéticas y promover la constitución de sociedades mercantiles o cualquier figura jurídica para contribuir al desarrollo de un nuevo modelo energético". 

Un redactado más ambiguo y que no garantiza directamente la creación o participación, sino que esto queda a expensas de la interpretación que le dé el gobierno y por ende el gestor de la agencia al "impulso" o "promoción" de este tipo de políticas.

-Requisito lingüístico. A principios de esta semana, la consellera de Educación, Raquel Tamarit, y la de Función Pública, Gabriela Bravo, presentaron el acuerdo sobre el grado de conocimiento de valenciano que deberá tener todo aquel que desee conseguir un puesto en la Administración valenciana. Un pacto que parecía imposible de alcanzar por las diferencias que tenían PSPV y Compromís sobre si este debía ser un requisito de acceso a la Función Pública o si bastaba con que fuera un mérito, como buscaban los socialistas. 

El diseño pactado, finalmente, se acerca más al concepto que deseaba el partido del puño y la rosa que al pretendido en su momento por la coalición valencianista: no en vano, el nivel C1 de valenciano será exigible tan solo a los altos funcionarios de la Generalitat. Pero no solo eso, sino que además será de aplicación a partir de la OPE de 2025 -es decir, que habrá un periodo transitorio para exigirlo- y, además, los sanitarios quedarán excluidos. Una excepción que tampoco era bien vista por Compromís. 

Sin embargo, el temor a cerrar la legislatura sin un requisito validado -la ley comenzó a diseñarse en 2016 y este apartado todavía estaba en pañales-, ha forzado una negociación en la que, a pesar de que ambas partes han realizado cesiones, podría considerarse que son los valencianistas los que han renunciado en más aspectos a su modelo ideal. No obstante, en pleno año electoral era preferible presentarse con un acuerdo en esta materia después de dos legislaturas infructuosas que con las manos vacías. 

-Ley de Cambio Climático. Desde el principio esta norma generó diferencias en el seno del Botànic, principalmente, por los impuestos que creaba. Tanto, que los socialistas no descartaban tener que aliarse con la oposición para mitigar el impacto que tendría la implantación de los gravámenes autonómicos de nueva creación sobre pequeñas y medianas empresas, pero especialmente sobre el sector azulejero. 

Sin embargo, la alianza no fue necesaria. PSPV, Compromís y Unides Podem pactaron una enmienda que contentaba las expectativas de los primeros de bloquear en cierto modo estos impuestos. El redactado permitía a las empresas deducirse en la cuota íntegra "por las inversiones realizadas en el periodo impositivo en infraestructuras y bienes dirigidos al control, prevención y corrección de la contaminación". Entre estas inversiones, el tripartito incluyó aquellas que comportasen una reducción "del consumo de combustibles o, en su defecto, el uso de combustibles limpios". 

La deducción, según el texto acordado, podría aplicarse al 100% de la inversión realizada por la empresa en cuestión. Eso sí, deberían tener unas emisiones de gases de efecto invernadero inferiores a 20.000 toneladas de CO2 al año y la adquisición de bienes adquiridos para reducir su impacto ambiental tendrá que ser certificada por una empresa acreditada para ello. En definitiva, los socialistas lograron arrancar a sus socios una enmienda que permitiría a las empresas bonificarse el 100% del impuesto de emisiones. 

-Despidos de personal de Les Corts y paro de los diputados. Son dos debates que todavía no se dan por cerrados, pero por el momento la situación se encuentra bloqueada porque el PSPV advirtió que no negociaría más con el resto de fuerzas del arco parlamentario sobre estas dos cuestiones. 

Los grupos deberán indemnizar al finalizar la legislatura a sus trabajadores, a los que tendrán la obligación de despedir cuando se convoquen elecciones. Una tesitura que ha provocado cierta tensión en los partidos porque deberían haber realizado una provisión de fondos para asumir esa situación, algo que no ha ocurrido. 

PP y Compomís son las formaciones más afectadas por esta situación, dado que el grueso de sus empleados están contratados a través del grupo y no del partido. Pero no ocurre lo mismo con el PSPV, donde sus trabajadores están fichados a través del partido. Las formaciones confían en que el PSPV finalmente ceda y puedan volver a reunirse para tratar de encontrar una solución a través del remanente del presupuesto de Les Corts de 2022. Sin embargo, por el momento esto no ha ocurrido y los días pasan, lo que ha provocado que la angustia vaya en aumento en los grupos más afectados. 

De la misma manera, también confían en poder cerrar un acuerdo para establecer una indemnización a los diputados que no continúen en la próxima legislatura, dado que no tienen paro porque no cotizan a la Seguridad Social, algo a lo que los socialistas también se han negado por el momento. 

Con todo, entre los últimos debates tan solo podría considerarse la tasa turística como una cuestión incómoda a la que el PSPV ha tenido que ceder dando su apoyo tras varios años de negociaciones con sus socios del Botànic.