La cantidad malversada podría ascender a 24 millones de euros derivados de la constitución de la sociedad mixta Aigües de Sagunt S.A.
VALÈNCIA. (Agencias). Agentes de la Unidad de delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía han desplegado una operación relacionada con una investigación sobre la gestión del agua en la localidad valenciana de Sagunto, en la que han practicado siete detenciones --entre ellas habría ex cargos públicos-- y se están llevando a cabo registros. Todos los detenidos quedaron en libertad provisional a la medianoche, sin que se dieran medidas cautelares al entender la juez que lleva el caso que en todos los casos existía suficiente arraigo como para no temer por su fuga, según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV)
Fue el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, quien en la mañana del martes confirmó la operación al señalar que que la titular del juzgado que instruye la causa había declarado el secreto de sumario y que algunos de los detenidos, sin especificar cuántos, eran cargos públicos.
Según había avanzado La Vanguardia, la policía procedió a la detención de siete personas relacionadas con el ayuntamiento de Sagunto, en el marco de la investigación conocida como "Operación Flotador", dirigida por la Fiscalía Anticorrupción. Unas irregularidades que causaron un perjuicio económico superior a los 42 millones de euros.
Fulgencio, que estaba en un acto de celebración del 195 aniversario de la fundación de la Policía Nacional en València, confirmó a los periodistas que había varios registros domiciliarios y detenciones practicadas, algunas de ellas de personas que fueron en su día cargos públicos pero que en la actualidad no desempeñan ese cometido.
El delegado del Gobierno no quiso facilitar más detalles dado que el juzgado que se encarga del caso ha decretado el secreto del sumario, pero sí que subrayó que la operación estaba en marcha y guarda relación con la gestión del agua.
Fuentes policiales señalaron a Efe que los detenidos estaban siendo investigados por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental. Se trata de una investigación relacionada con contratos de la empresa Aigües de Sagunt, que gestiona el suministro de agua a esa localidad valenciana
Fuentes de la localidad señalaron, por su parte, a Europa Press que ni en el edificio central del Ayuntamiento de Sagunto ni en el principal que alberga el mayor número de oficinas municipales se había realizado registro alguno. Según indicaron a Efe el alcalde, Francisco Fernández, ningún agente de la UDEF había acudido este martes al Ayuntamiento de Sagunto y añadió que la operación se inició hace ya tres años.
Desde Aguas de Valencia han confirmado también que durante la jornada ningún agente había ido a la empresa mixta Aigües de Sagunt y todos sus empleados trabajan con normalidad.
Agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de siete personas: en Valencia tres, uno en Sagunto y otro Bétera y en Torrefarrera y Archena otros dos, por su presunta participación en delitos de prevaricación administrativa, falsedad documental y malversación de caudales públicos.
La investigación deriva de unas presuntas irregularidades en el concurso convocado por el Ayuntamiento de Sagunto para la selección de un socio privado en la constitución de una sociedad de economía mixta, junto con el citado Ayuntamiento, para la gestión del ciclo integral del agua en el municipio de Sagunto.
Como consecuencia del desarrollo y ejecución del concurso de selección del socio privado, se constituyó en el año 2009 la sociedad mixta Aigües de Sagunt SA cuyos socios participativos son el Ayuntamiento de Sagunto (51%) y la entidad Aguas de Valencia (49%), la cual resultó adjudicataria de la licitación.
La cantidad presuntamente malversada podría ascender a 24 millones de euros y que, en definitiva, debería ser el importe recibido en las arcas municipales. Sin embargo la situación económica del Ayuntamiento de Sagunto, derivada del expediente para la adjudicación de la concesión del agua, se materializó en la existencia de un préstamo participativo de aproximadamente 12.500.000 euros a favor de Aguas de Valencia, y una ausencia de ingreso del importe restante hasta los 24 millones de euros antes citados.
Finalmente y a la medianoche, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Sagunto acordó la libertad provisional de los siete detenidos. La magistrada no ha adoptado medidas cautelares contra los arrestados, que están investigados en una causa abierta por delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, al no apreciar riesgo de fuga, ya que tienen domicilio conocido y cuentan con arraigo familiar.
Entre los detenidos por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía figuran, entre otros, un concejal, una exconcejala y el que fuera interventor de la corporación.
La investigación cifra provisionalmente en 24 millones de euros el posible perjuicio generado a las arcas públicas municipales tras la constitución, en 2009, de Aigües de Sagunt SA, una empresa de economía mixta dedicada a la gestión integral del suministro de agua en la localidad, en la que el Ayuntamiento tiene el 51% del capital social y la empresa privada Aguas de Valencia SA resultó adjudicataria del 49% restante.
Estas diligencias constituyen una pieza separada de la llamada Operación Flotador, que se inició en agosto de 2015 por delitos de cohecho y prevaricación a partir de una denuncia interpuesta por la Fiscalía de Valencia tras las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas, según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Autónoma (TSJCV).
En la causa principal están siendo investigadas doce personas físicas, concejales y exconcejales de Sagunto, y seis personas jurídicas, por el presunto fraccionamiento de contratos a favor de diferentes empresas.
Además, en otra de las piezas separadas ya han sido encausados y están pendientes de juicio el exjefe del Departamento del Servicio de la Inspección Técnica de Actividades del Ayuntamiento de Sagunt (que había sido alcalde antes y ocupó con posterioridad el cargo de concejal) y cuatro técnicos de ese área por el uso irregular de una partida económica destinada a la renovación de uniformes oficiales, tal como confirman las mismas fuentes del TSJCV.
