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Escal UGS recurre y el juez admite a trámite la decisión del Gobierno de desmantelar el Castor

27/12/2019 - 

MADRID (AGENCIAS). Escal UGS, participada por la constructora ACS y la compañía canadiense Escal, ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la decisión del Gobierno, adoptada en el Consejo de Ministros del 31 de octubre, que pone fin a la hibernación de las instalaciones del almacenamiento subterráneo Castor, frente a las costas de Vinaròs, para proceder a su desmantelamiento definitivo. El recurso ha sido admitido a trámite el 23 de diciembre, según informa el Boletín Oficial del Estado (BOE) en su edición de este viernes. A partir de este sábado, el Gobierno y quien tenga interés legítimo puede personarse en el recurso.

En enero de 2019, el Gobierno anunció su intención de sellar y desmantelar de forma definitiva el almacén, un hecho que se materializó el pasado mes de octubre cuando a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica ordenara a Enagás el cierre "definitivo" de Castor una vez que analizó que ya "no puede servir" al sistema gasístico español, de modo que se acordó el desmantelamiento, sellado y abandono definitivo de los pozos. Para ello, el Ejecutivo dio seis meses a la firma a fin de que remitiera la documentación técnica para proceder al sellado definitivo del almacén.

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, defendió que con el desmantelamiento se evitará el coste de mantenimiento y quedará cerrado "para más seguridad".

Evitar más costes

El acuerdo del Consejo de Ministros habilitaba al Ministerio para la Transición Ecológica para dar las instrucciones necesarias para cumplir con el acuerdo de sellado y abandono de los pozos y para ordenar las fases sucesivas del desmantelamiento, al no ser "ni viable ni necesario a la vista de los consumos actuales y el futuro del gas natural" en España. De ese modo, el Ejecutivo considera que mantener las instalaciones solo serviría para aplazar el abandono definitivo y prolongaría los costes de vigilancia y mantenimiento.

El Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre, acordó la hibernación del almacenamiento tras una serie de eventos sísmicos que habían llevado a la suspensión temporal de la operación de almacenamiento el 26 de septiembre de 2013.

El decreto asignó la administración de las instalaciones a Enagás y prescribió que, antes de tomar la decisión de poner fin a la hibernación, debían llevarse a cabo nuevos informes técnicos. Enagás ejecutó la hibernación en condiciones de seguridad y encargó un estudio de geología estructural, sismología y geomecánica a profesionales del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y la Universidad de Harvard.

Dicho estudio concluyó que, en caso de reanudarse las operaciones de almacenamiento, podrían producirse terremotos de magnitud significativamente mayor que los que motivaron la decisión de hibernar las instalaciones, un riesgo que convierte en inviable aprovechar las instalaciones en una nueva concesión de almacenamiento.

En la actualidad, los 13 pozos del almacenamiento se encuentran sellados de manera temporal, desde abril de 2016, mediante dos tapones mecánicos colocados a diferentes profundidades. La vida útil de estos dispositivos, estimada entre dos y cuatro años, está a punto de completarse. Desde la fecha de su instalación, se realizan controles periódicos para certificar que las instalaciones están hibernadas de forma segura. 

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