España avanza... los valencianos, no tanto

En el imaginario valencianista se recuerdan las pintadas –creo que entonces no se hablaba de grafitis– que cubrieron algunas paredes de calles y solares del Cap i Casal con el lema "España 92 Valencia 0". Denunciaban el olvido con el que el gobernante PSOE excluía a los valencianos de los fastos del año 1992, con la Exposición Universal de Sevilla y las Olimpiadas de Barcelona como banderas de la marca España.

Este martes el PSOE y Sumar han suscrito un acuerdo de gobierno en el que con el título España avanza, y 28 referencias expresas a España, se discriminan la gran mayoría de las reivindicaciones que componen la Agenda Valenciana y, además, se intenta presentar como un éxito negociador por parte, en especial, de la dirección de Compromís.

La política, como la medicina, mejor preventiva, y aquí el aviso previo para Compromís, del mes de agosto sobre la importancia de no ser transigente en la negociación con Bolaños, Montero y otras estrellas sanchistas del momento, e intentar la interlocución directa en el seno de Sumar. No ha habido éxito.

Pero vayamos por partes, respecto a la sustancial Agenda Social que plantea el programa progresista y españolista diverso, España avanza, predomina el escepticismo sobre muchas de esas medidas, como la reducción de la jornada laboral, por los apoyos que necesitan de partidos claramente con vínculos empresariales, como el PNV o Junts. La dificultad deriva de que los diferentes grupos de derecha tienen una amplia mayoría con 184 diputados frente a los 166 de las izquierdas estatales o territoriales. Pero no cabe duda de que los diputados de Podemos integrados en Sumar lucharán con todas sus fuerzas por conseguir que se publiquen en el BOE.

Pero si hablamos de Agenda Valenciana, echamos a faltar un mínimo empuje valencianista en un documento –que deben aprobar los órganos de gobierno de Compromís– sin referencias, inexplicablemente, a la condonación de la deuda valenciana derivada directamente de la infrafinanciación, aunque el pasado sábado Àgueda Micó, en un acto de defensa de la Agenda Valenciana celebrado en el Palau de les Arts, y con participación de Yolanda Díaz, cifró en 50.000 millones de euros la deuda "injusta" que arrastramos y por la que pagamos intereses crecientes.

Sin condonación de la deuda 'impropia', la ausencia de plazos para firmar un nuevo modelo de financiación autonómica, que en gran medida dependerá de las once CCAA que controla el Partido Popular, o de reconocimientos expresos a las carencias inversoras del Estado en la provincia de Alicante, ni tampoco a la reforma constitucional para la recuperación del Derecho Civil Valenciano, ni el justo retorno del patrimonio histórico como la Dama de Elche o la defensa de la agricultura valenciana, el PSPV o Compromís difícilmente puedan plantear que se recogen la mayor parte de las reivindicaciones valencianas en su programa de gobierno.

Parece que los actuales negociadores de Sumar han copiado, a la baja, el acuerdo suscrito entre Compromís y el PSOE el 3 de enero de 2020, ya que se repiten párrafos calcados respecto a la infrafinanciación y sus teóricas fórmulas de compensación temporal ("Mientras esta reforma no se produzca, en los Presupuestos Generales del Estado se garantizará a la Generalitat Valenciana la prestación de los servicios públicos al mismo nivel que el resto del Estado"); las infraestructuras ferroviarias en materia de cercanías –en 2020 se incidía en especial en la situación de Castelló, y en el actual pacto no– y las conexiones del Aeropuerto de l'Altet con Elche y Alicante, y muchas otras, muestra clara de que en la última legislatura del gobierno liderado por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz se han obviado las promesas realizadas a Joan Baldoví, como pueden verificar consultando el documento suscrito con la entonces secretaria de organización del PSOE, Adriana Lasta, todavía disponible en la web socialista.

Como sabemos, el más flagrante de esos incumplimientos fue el compromiso del PSOE de enero de 2020 de presentar, en ocho meses desde la investidura, el nuevo sistema "para garantizar un sistema de financiación justa y constitucional para los valencianos", pero es que este que se presentó el martes a bombo y platillo no pone ningún plazo.

El acuerdo PSOE-Sumar es el primer paso para constituir una mayoría parlamentaria que posibilite el gobierno de Pedro Sánchez, y en los próximos días se publicitarán los diferentes acuerdos alcanzados con diputados territoriales vascos, canarios, gallegos y catalanes, pero como Compromís ha cedido su capacidad de negociación en Sumar, el momento de incorporar reivindicaciones valencianas era/es en el programa de gobierno España avanza.

Sin quedarnos en la mera crítica ni incurrir en comentarios desmesuradamente ácidos, lo que prima es instar a Compromís a que introduzca modificaciones a ese documento y subsane omisiones como por ejemplo la relativa al Derecho Civil, cuando en la página 24 del documento se aborda la reforma constitucional y se indica: "Culminaremos la reforma del artículo 49 de la Constitución para suprimir el término 'disminuidos' y reforzar la protección constitucional de los derechos de las personas con discapacidad".  

Sería imperdonable que en la versión definitiva del pacto PSOE-Sumar se omita una reivindicación de 541 municipios, les Corts –con cuatro grupos que representan al 85% de la cámara valenciana que dicen apoyarla– y la inmensa mayoría de la sociedad civil, cuando se hacen encajes de bolillos para dar respuesta a peticiones territoriales muy contestadas.

Pero que cada partido aguante su vela. También el secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, expresidente autonómico y senador por voluntad de les Corts, debe hacer su trabajo ante el aparato monclovita para que el pacto recoja realmente nuestras necesidades, ¡que los valencianos también queremos avanzar!

José Ramón Chirivella es presidente de la Associació de Juristes Valencians