Imagen de archivo. Foto: GENERALITATVALÈNCIA (EFE/Mercedes Salas). España ha empezado a aplicar en 2024 la "condicionalidad" o condición social de la Política Agraria Común (PAC), por la que los productores que incumplan las normas laborales en sus explotaciones serán penalizados con un recorte de las ayudas.
La condicionalidad social, una gran novedad de la reforma de la PAC, incluye los derechos laborales entre los requisitos para el cobro de subvenciones, al igual que los ambientales, los agronómicos o el bienestar animal requeridos hasta ahora.
Se aplica desde el 1 de enero pero las primeras penalizaciones en la PAC por este cambio serán realidad en 2025.
Afecta a los 650.000 beneficiarios de ayudas directas, de desarrollo rural y del Posei canario de la PAC en España, donde la agricultura ocupa a 701.900 personas (534.400 hombres y 167.500 mujeres, según la Encuesta de Población Activa).
Desde el campo, el cambio se ve como una oportunidad para reforzar la cultura laboral, aunque hay confusión y discrepancias, y algunas fuentes cuestionan la carga ideológica y el riesgo de doble penalización, pues las infracciones laborales ya tienen sanción por otra vía.
Sin embargo, según han declarado a EFE fuentes de las organizaciones agrarias y de los sindicatos, en este momento la principal preocupación es cómo se va a poner en práctica.
La PAC 2023-2027 establece que la condicionalidad social sea obligatoria en toda la Unión Europea en 2025.
Según los reales decretos de la regulación de la PAC, las infracciones laborales pueden recortar las ayudas a una explotación al menos un tres por ciento e incluso hasta el cien por cien.
El Gobierno detalló una serie de prácticas que deberán cumplir los empresarios, basadas en las directivas laborales: la obligación de facilitar por escrito un contrato y las condiciones de trabajo, y el deber de garantizar la seguridad de los empleados, así como de proporcionar servicios de prevención.
También la información a los trabajadores sobre los riesgos para la seguridad de su labor; la ergonomía; las garantías de equipos de trabajo adecuados o la limitación del uso de equipaciones que entrañen riesgos específicos.
El recorte de ayudas se aplicará a una explotación por incumplimientos que hayan sido sancionados en firme.
Por ejemplo, si la próxima semana hay una inspección de Trabajo a una explotación y se detecta que tiene trabajadores sin contrato, las autoridades laborales (Ministerio de Trabajo) comunicarán la penalización a las agrícolas -en el caso de la Administración central, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)-.
Desde la inspección a la multa pasa un tiempo y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) espera que la recopilación de todas las sanciones de este tipo se haga el 31 de enero de 2025.
Después, se aplicará la eventual penalización a los infractores por parte de los organismos pagadores, quienes determinarán la cuantía.
En España, el pago de las ayudas de la PAC corresponde al FEGA y a las comunidades autónomas.
El responsable de relaciones laborales de COAG, Andrés Góngora, ha explicado a EFE que los agricultores no saben "qué escala de sanciones se va a aplicar", si el FEGA hará nuevos controles o si los productores tendrán que aportar algún tipo de documentación justificativa previa.
Góngora ha apuntado que la condicionalidad social da al sector la oportunidad de demostrar que trabaja "bien", que ha avanzado mucho y que a veces "se le recrimina" desde el desconocimiento: "No vamos a tener dificultades en certificarlo".
Por su parte, el director de relaciones internacionales de Asaja, Ignacio López, ha criticado la carga ideológica de la medida.
López ha reclamado que esa herramienta se aplique "con criterios objetivos, porque puede generar más burocracia y retrasos", y ha instado a evitar "tentaciones" de "apretar más" al productor con exigencias que nada tengan que ver con esta condición: "No nos preocupan los incumplimientos".
El vicesecretario general de UPA, Cristóbal Cano, ha considerado que la condición social es "razonable" porque los agricultores y ganaderos son perceptores de fondos públicos.
El responsable adjunto del sector agroalimentario de la Federación de Industrias de CCOO, José Fuentes, ha celebrado que "por primera vez en la historia de la PAC los derechos laborales sean un requisito para las ayudas, al igual que las normas medioambientales o el bienestar animal".
Sin embargo, ha manifestado que falta información y ha pedido que las peticiones generalizadas de flexibilidad en la PAC, por problemas como la sequía, no "sirvan de excusa" para suavizar la condicionalidad social.
La agricultura española cuenta con convenios del campo provinciales, pero no tiene un convenio colectivo estatal; la semana próxima empresarios y sindicatos retomarán su negociación.
Para Fuentes, el sector "hace las cosas bien", aunque cree que deben reforzarse las inspecciones de Trabajo y su eficacia para reducir los incumplimientos, "que existen".
Ha confiado, además, en que la nueva condicionalidad social repercuta en una agricultura con una situación laboral más atractiva para los jóvenes y en un "refuerzo demográfico" rural.
