Europa protege a los agricultores, comercios y cooperativas frente a las cadenas de distribución

CASTELLÓN. Por primera vez en su historia, la Unión Europea ha aprobado una directiva que protege a los agricultores, las empresas comercializadoras de productos agroalimentarios y las cooperativas frente a los abusos de las grandes compañías de distribución europeas. En realidad, todavía falta la adopción por parte del Consejo del texto aprobado por el Europarlamento, que previamente fue consensuado con la Comisión, pero la norma ya ha salido adelante y de ella se debería beneficiar el sector primario de la Comunitat. Y es que una de las principales lamentaciones, sobre todo de las empresas comercializadoras de cítricos, es la situación de indefensión que tienen frente a las grandes cadenas de supermercados europeas, que marcan criterios muy estrictos para la compra de la fruta, debido a su posición de superioridad frente a un mercado muy segmentado. 

La nueva directiva europea, que los países miembros deberán adoptar en los dos años siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la UE, y a la que pueden añadir nuevos supuestos, establece que las cadenas de supermercados no podrán cancelar a última hora pedidos, no podrán demorar los pagos de productos perecederos, modificar de forma unilateral o retroactiva los contratos u obligar al proveedor a hacerse cargo de gastos de productos echados a perder o de publicidad para vender los mismos, a no ser, en este último caso, que exista acuerdo con el mismo. 

En total, son 16 medidas, entre las que también se incluyen, por ejemplo, la negativa a cobrar al productor, o a la compañía comercializadora en origen, determinados gastos por asegurarse una cantidad determinada de ventas en el tiempo; o la devolución de los productos, si no es que se ha pactado así. El texto también prohíbe amenazar con dejar de comprar si se presenta alguna reclamación. 

De la protección frente a estas prácticas desleales se beneficiarán, según recoge textualmente el texto aprobado por el Parlamento Europeo, "los agricultores, minoristas, empresas de transformación, mayoristas, cooperativas y organizaciones de productores". En este sentido, la directiva fija cinco grados de protección frente a las cadenas de distribución en función de la facturación: hasta 2 millones de euros; hasta 10; 50, 150 y 350. De esta manera, cuanto menos ingresos tengan los productores y comercializadores, mayor protección se les trata de prestar ante las grandes cadenas de distribución. 

El contrato de compraventa, incluido

El texto comunitario, aprobado esta misma semana en la sesión plenaria del Parlamento Europeo reunido en Estrasburgo (por 589 votos a favor, 72 en contra y 9 abstenciones), también recoge la negativa expresa a rechazar los contratos escritos. Este es un aspecto fundamental contra el que se viene tratando de luchar en el sector citrícola desde hace muchos años pero que no se ha conseguido regularizar. 

De esta manera, los agricultores, y en base a la nueva normativa que emana de Europa, podrán exigir que se acepte el contrato de compraventa, del que incluso el Gobierno homologó un modelo en junio de 2016, a instancias de la Generalitat y las organizaciones agrarias, para tratar de evitar la venta a resultas (sin un precio establecido), pero que finalmente no ha tenido apenas implantación en las relaciones entre los agricultores y los comercios que les compran la fruta. 

El problema, como ha ocurrido hasta ahora, recuerdan desde las organizaciones agrarias, será el seguimiento de la norma. De hecho, señalan las fuentes, algunas de estas prácticas ya están reguladas por la ley estatal de la cadena agroalimentaria, pero la dificultad viene a la hora de la denuncia y, sobre todo, de las sanciones. A este respecto, la ley europea marca que serán los Estados miembros los que designen las instancias para hacer cumplir las nuevas normas, así como imponer multas e iniciar investigaciones a partir de las denuncias iniciales, que se podrán presentar de forma confidencial. Así, será el Ministerio el que fije cual es la instancia para perseguir las prácticas fraudulentas. 

La norma llega en plena crisis del sector citrícola de la Comunitat Valenciana, que pide acciones, sobre todo de equiparación de la fruta foránea con la autóctona, para afrontar con mínimas garantías el futuro. De hecho, la Unió de Llauradors se manifiesta este jueves frente a la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana para exigir medidas de ayuda para los cítricos y para el resto del sector primario.