CASTELLÓ. Facsa sigue gestionando este año las 104 depuradoras ubicadas en localidades de menos de 5.000 habitantes de la provincia. Lo hace en virtud de la primera prórroga, de las dos posibles, que permiten los pliegos del contrato con el que se hizo a finales de 2016 y que desde 2017 le ha acarreado unos ingresos de prácticamente 23 millones de euros.
De hecho, para esta anualidad Facsa ha visto ligeramente incrementados sus ingresos, en una cantidad similar a la de 2020 y después de que de 2017 a 2019 cobrase exactamente lo mismo. El incremento se produjo después de que la firma del Grupo Gimeno expusiese que habían aumentado los trabajos a la Diputación provincial, licitadora del contrato, y esta lo aceptase en su momento. Así, para este año la cantidad que percibirá es de casi 5,8 millones de euros por la gestión de estas 104 instalaciones de aguas residuales de la provincia.
La prórroga del contrato, materializada por la Diputación provincial, comprende solo este año, por lo que el pleno de la corporación provincial debería aprobar la última prolongación del contrato para que la compañía castellonense alcance el periodo máximo, fijado en seis años. Eso sí, en sus pliegos la propia Diputación establece que podrá prolongarse el vínculo más allá de este sexenio si no adjudica el nuevo contrato "con una antelación de al menos un mes al vencimiento", es decir, en noviembre de 2022. Este es un procedimiento habitual en este tipo de actuaciones.
Entre las depuradoras e instalaciones incluidas en el contrato (hay pueblos que tienen varias al contar con varios núcleos de población, mientras hay otros que directamente bombean sus aguas residuales a otras localidades), las hay de diferentes tipos, siendo las de aireación prolongada las más habituales.
En el momento de la adjudicación, a finales de 2016, había varias instalaciones en obras y entre las localidades incluidas en el contrato se encuentran, entre otras, Morella, Borriol, Vall d'Alba, Cabanes o la Pobla Tornesa.
