Fedea propone un canon de aguas y un recargo en el IBI en zonas inundables para obras anti-Dana

VALÈNCIA. El impacto de la reciente riada provocada por una dana que azotó en octubre a la provincia de Valencia ha dejado en evidencia la creciente vulnerabilidad del territorio español frente a fenómenos meteorológicos extremos. Tal y como recoge el informe "Riesgos climáticos e inversiones en infraestructuras hidráulicas: reflexiones y propuestas tras la dana de Valencia", elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), es urgente una estrategia proactiva para mitigar los efectos del cambio climático en las obras hidráulicas.

Diego Rodríguez, autor del informe, alerta sobre la baja ejecución de las mencionadas infraestructuras, con un proceso de planificación de las confederaciones hidrográficas "extremadamente metódico y cuidadoso", pero que no termina por consumarse. En este sentido, alerta de que, una mejor preparación de las infraestructuras valencianas, habría reducido mucho el impacto de la Dana.

"Aunque es difícil generalizar, existe al menos la sospecha de que muchas de esas intervenciones resultan paralizadas, bien por problemas administrativos (que son muy intensos en todo lo relacionado con el agua), bien por una categorización baja en términos de prioridad, con una fundamentación cuestionable, o bien por falta de financiación", señala el mencionado informe. 

Un fondo para financiar las obras 

Ante este último punto, Rodríguez propone la creación de un fondo nacional de adaptación de infraestructuras hidráulicas al cambio climático. Éste sería financiado mediante un recargo sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de las propiedades situadas en zonas inundables y un canon sobre el uso del agua, "como forma de repercutir el coste de tales inversiones sobre los beneficiarios de las mismas" y en línea con la aplicación del principio de recuperación de costes establecido en la normativa nacional y europea. Según el informe, este mecanismo garantizaría un flujo estable de recursos para abordar proyectos prioritarios y permitiría acelerar la implementación de las soluciones más urgentes.

Además, se sugiere aprovechar los fondos europeos disponibles, como los previstos en la Adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para impulsar de forma inmediata las inversiones necesarias. "La reciente dana ha puesto de manifiesto los costes de la inacción en la gestión de los riesgos climáticos", recalca."El consenso científico señala un aumento en la frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos como consecuencia del cambio climático”, insiste el informe, en el que alude a una reducción de las precipitaciones medias y una mayor irregularidad en su distribución.

La cuenca del Júcar

Uno de los focos del informe es la Demarcación Hidrográfica del Júcar, una de las zonas más afectadas por la reciente Dana. A través de la Evaluación Preliminar de Riesgos de Inundación (EPRI), se identificaron 30 áreas fluviales y 28 costeras con alto riesgo de inundación por el que se propusieron varios planes.

El Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) para la cuenca del Júcar, vigente entre 2022 y 2027, detalla medidas específicas destinadas a reducir los riesgos. Estas incluyen la construcción de presas, obras de defensa y la optimización de sistemas de alerta y evacuación. No obstante, ninguna de las actuaciones estructurales planificadas ha sido clasificada como lista para licitar y ejecutar, lo que no ha permitido su desarrollo en todos estos años y, por lo tanto, estar disponible ante una catástrofe como la del pasado octubre.

Un ejemplo es la "Vía verde de conexión del barranco del Poyo con el nuevo cauce del río Turia". Aunque su análisis coste-beneficio mostró un resultado positivo, apunta a la falta de aceptación social, lo que ha llevado a clasificarla en una prioridad media dentro del plan. Sin embargo, según el informe, estos retrasos y clasificaciones a menudo se basan en análisis metodológicos cuestionables, como encuestas con respuestas limitadas o interpretaciones ambiguas sobre viabilidad social. "Se ha basado en una encuesta a la que respondieron 9 agentes de los 78 a los que se dirigió inicialmente, la consulta de noticias de prensa, publicaciones y alegaciones en el proceso de consulta", critica.

La propuesta de una estrategia nacional de adaptación

Otro aspecto crucial es la simplificación de los procedimientos administrativos. Actualmente, el complejo entramado burocrático retrasa la aprobación y ejecución de proyectos esenciales. El informe recomienda seguir el ejemplo de la Comisión Europea en el ámbito de las energías renovables, donde se han implementado procedimientos acelerados debido a su consideración como de interés público superior.

El informe deja claro que España necesita un enfoque más equilibrado en la gestión de riesgos climáticos. Si bien las soluciones basadas en la naturaleza (NBS, por sus siglas en inglés) tienen un papel fundamental, estas no son suficientes en todos los casos. “El potencial y el rendimiento de las NBS dependen en gran medida del lugar y de las limitaciones físicas del entorno”, destaca el documento. En este sentido, se aboga por combinar estas medidas con intervenciones estructurales más ambiciosas, como las mencionadas obras de regulación y protección, que permitan mitigar los impactos más severos.

 Según el informe, invertir en infraestructuras hidráulicas y mejorar la planificación no son opciones, sino necesidades urgentes en un contexto de cambio climático acelerado. "Es imposible eliminar completamente el riesgo de inundaciones, pero una adecuada preparación puede reducir significativamente su impacto”, concluye Rodríguez. En un futuro marcado por eventos climáticos extremos, España debe priorizar la acción inmediata para proteger a su población y garantizar su sostenibilidad a largo plazo".